- Juan Pablo Villanueva y Ángel Contreras avalaron una oferta de Thales un 28,45% inferior al presupuesto para renovar los sistemas de señalización de la línea Madrid-Sevilla. La compañía redujo en 1,42 millones de euros la partida destinada al mantenimiento del sistema LZB.
Dos antiguos responsables de Adif que posteriormente quedaron señalados en investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación pública participaron en la evaluación y aprobación de una de las principales adjudicaciones relacionadas con la renovación de los sistemas de seguridad de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla. Se trata de Juan Pablo Villanueva Beltramini, entonces director general de Adif Alta Velocidad, y Ángel Contreras Marín, que ocupaba la Dirección de Conservación y Mantenimiento.
Ambos firmaron el informe que dio por válida la justificación económica presentada por Thales después de que su oferta fuera considerada anormalmente baja. La compañía había presupuestado los trabajos en 77,5 millones de euros, frente a los 108,38 millones establecidos por Adif, sin IVA. La diferencia ascendía a casi 31 millones de euros: una rebaja del 28,45%, muy superior al umbral del 17,21% fijado para identificar ofertas potencialmente desproporcionadas.
Ante esa diferencia, Adif solicitó explicaciones a la empresa. El 13 de julio de 2021, el organismo concluyó que Thales había justificado suficientemente el importe ofertado. El documento contó con las firmas de Villanueva y Contreras, junto a las de Juan Antonio Delgado López, subdirector de Instalaciones, y Eugenio Nasarre Serrano, director técnico.
La propuesta de Thales terminó imponiéndose a las de Siemens y CAF. La compañía obtuvo 99,87 puntos sobre 100 y se adjudicó el contrato en septiembre de 2021, formalizado un mes después y con un plazo de ejecución de 52 meses.
El proyecto contemplaba la renovación de los sistemas de señalización, el despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario ERTMS y el mantenimiento del sistema LZB durante las distintas fases de implantación. Este último continuaba operativo en el tramo afectado por el accidente de Urda, donde el ERTMS todavía no se había implantado.
Uno de los aspectos más relevantes de la oferta económica fue el recorte aplicado a los trabajos relacionados con el LZB. Thales redujo esa partida en 1.423.000 euros: pasó de los 1.971.722 euros inicialmente previstos a una cantidad sensiblemente inferior. Para justificarlo, planteó modificar tres versiones del software en lugar de las diez contempladas inicialmente.
La empresa argumentó que conocía las instalaciones y las interfaces existentes y que mantener los límites originales de las áreas centrales evitaría trabajos adicionales. La propuesta concentraba los cambios en Atocha II, Bifurcación Torrejón y Córdoba II. Adif aceptó la explicación y dio por justificado el importe ofertado.
La adjudicación adquiere ahora una dimensión añadida por la trayectoria posterior de los dos responsables que avalaron la oferta. Villanueva fue apartado de su último puesto en Adif en julio, después de quedar señalado en pesquisas sobre presuntas manipulaciones de adjudicaciones. Una investigación interna había detectado anomalías y posibles sobrevaloraciones en tres expedientes correspondientes al periodo 2019-2021, por un importe conjunto de 114,1 millones de euros, relacionados con un supuesto favorecimiento a la empresa OPR.
Esta compañía aparece en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre una presunta trama de comisiones y adjudicaciones vinculada al exministro José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Además, Villanueva figura en las evaluaciones técnicas de tres licitaciones por valor de 342 millones de euros que, según la investigación de la UCO, habrían sido manipuladas para favorecer a Acciona.
Contreras, por su parte, fue destituido como presidente de Adif en agosto de 2024, después de que trascendiera su presunta implicación en irregularidades contractuales. Con anterioridad había firmado informes técnicos relacionados con, al menos, dos contratos financiados con fondos europeos, por importes de 20,4 y 28 millones de euros, que también quedaron bajo investigación por posibles irregularidades. La UCO recogió asimismo contactos entre Contreras y Koldo García relacionados con supuestas maniobras para favorecer a OPR.
Las pesquisas sobre Villanueva y Contreras se refieren a otros expedientes de contratación y no acreditan, por sí mismas, irregularidades en la adjudicación a Thales. Tampoco permiten establecer una relación entre esas investigaciones y el accidente ferroviario de Urda. Lo que sí consta es que ambos participaron en la decisión de aceptar una oferta que rebajaba considerablemente el presupuesto inicial y que incluía una reducción de más de 1,4 millones de euros en los trabajos vinculados al sistema LZB.
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