|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El Tribunal Supremo acaba de asestar un golpe demoledor a la ingeniería electoral del sanchismo, dejando al descubierto la colosal estafa pergeñada al amparo de la denominada «Ley de Nietos» (promovida desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública bajo la batuta de Sofía Puente) y orquestada por el Ministerio de la Presidencia y Justicia.
Los datos aportados por la propia Abogacía del Estado en sede judicial son repugnantemente demoledores y retratan la magnitud del fraude ideológico e institucional: de 31.390 expedientes revisados tras las medidas cautelares dictadas por el Alto Tribunal, únicamente 91 personas han conseguido acreditar que son descendientes de exiliados reales.
91 de más de 31.000. El relato oficial de la «reparación histórica» y el «exilio» se desmorona por completo frente a la taxativa realidad de los hechos: la norma no buscaba reparar injusticia alguna, sino articular un colosal granero de votos mediante concesiones masivas e indiscriminadas de nacionalidad a espaldas del rigor procedimental, del control consular y de la más elemental verdad histórica.
Esta maniobra, impulsada con un descaro procedimental sin precedentes por Sofía Puente desde las entrañas del Ministerio, pretendía convertir los registros consolidados de la nacionalidad española en un coladero administrativo sin verificación jurídica. La perversión del sistema consistió en sustituir la prueba fehaciente del exilio político por meras declaraciones responsables y subterfugios reglamentarios, abaratando la soberanía nacional para ponerla al servicio de una estrategia de perpetuación partidista.
Frente a este engaño institucional masivo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dicho basta y ha lanzado un ultimátum inapelable a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares: o entregan de inmediato la relación nominal de las 163.020 personas nacionalizadas bajo esta disposición e inscritas en el CERA, o se enfrentarán a multas coercitivas e incluso a la deducción de testimonio para la exigencia de responsabilidad penal por delito de desobediencia.
El Supremo califica de «incomprensible» la ocultación y la opacidad sistemática de la Administración General del Estado, que pretende dilatar la entrega del censo real ante la cercanía de las urnas. Ocultar la lista de electores beneficiados por un procedimiento bajo sospecha no es una simple negligencia burocrática, sino un intento desesperado por blindar un censo viciado que amenaza con alterar ilegítimamente la voluntad popular en los próximos procesos electorales.
No estamos ante un mero debate de técnica jurídica, sino ante una encrucijada moral e institucional de primer orden. Cuando un Gobierno instrumenta la concesión de la ciudadanía para fabricar mayorías a la carta, está atentando directamente contra la raíz de la democracia representativa y denigrando la memoria de quienes verdaderamente sufrieron el exilio.
Cuando el Estado de derecho funciona y la alta magistratura actúa sin someterse al dictado ni al chantaje del Ejecutivo, las tramas de ingeniería político-electoral quedan al descubierto con toda su crudeza. España no puede tolerar que la soberanía nacional y el censo electoral se conviertan en moneda de cambio ni en un botín ideológico. La verdad, la exigencia procesal y el imperio de la ley terminarán imponiéndose sobre el cinismo institucional de quienes conciben el poder sin límites ni escrúpulos.
En otro país los orquestadores de criminalidad y estafa usando torticeramente el Estado, serían detenido con pistolas apuntando a la cabeza, tal y como se desmantelan las mafias con probada actuación delictiva. En un país con valor para defender el conjunto del Estado de Derecho frente a delincuentes. La diferencia entre un Estado de derecho fuerte y autoconsciente y un régimen degradado por la anestesia institucional estriba precisamente en la capacidad de respuesta punitiva frente al delito de cuello blanco desde el poder.
En las democracias anglosajonas o en sistemas republicanos con una división de poderes inflexible, cuando una trama institucional instrumentaliza la maquinaria del Estado para la falsificación censal, el fraude de ley o la prevaricación continuada, las fuerzas de seguridad y la fiscalía no actúan con paños calientes ni con circunloquios retóricos. Las tramas organizadas dentro de las instituciones son desarticuladas como lo que son: estructuras criminales que atentan contra la seguridad nacional y la soberanía del pueblo.
En España, la trampa sanchista ha sido anestesiar la reacción moral y distorsionar el lenguaje legal, convirtiendo lo que en cualquier país civilizado sería calificado de alta traición e ingeniería delictiva en un presunto «debate reglamentario». Cuando el Tribunal Supremo tiene que llegar al extremo de apercibir por la vía penal a dos ministros en activo para que no oculten pruebas del censo, se evidencia que la mafia no está fuera del sistema: ha okupado el aparato del Estado y utiliza la estructura administrativa como escudo protector y botín particular.
Sin firmeza procedimental y sin una respuesta judicial que caiga con todo el peso de la ley sobre los orquestadores, caiga quien caiga y vista el cargo que vista, la impunidad se convierte en la norma. Y un Estado que no defiende sus propias instituciones frente a los delincuentes encorbatados termina reduciéndose a una carcasa vacía a merced de los tiranuelos de turno.
Ante el crimen institucionalizado, solo cabe la aplicación estricta, caiga quien caiga, del código penal y el imperio de la ley. Tratamos con una organización criminal devenida de la prostitución en saunas gay. La inmundicia de los bajos fondos extrapolada al Estado español. Así nos va con remilgos y consideraciones hacia energúmenos del hampa socialista.
RES NON VERBA
Autor
-
Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
Últimas entradas
Actualidad24/10/2026El Supremo desmantela la estafa de la Ley de Nietos: Solo 91 exiliados reales. Por Ignacio Fernández Candela- Actualidad23/10/2026Advertencia penal a «nietos» y funcionarios que desobedezcan al Tribunal Supremo el 29N. Por Ignacio Fernández Candela
- Actualidad23/10/2026El anuncio sanchista de «no habrá paz» en Madrid: guerracivilismo como combustible electoral. Por Ignacio Fernández Candela
- Actualidad22/10/2026¿Ceuta tiene un traidor histórico en el Teniente coronel Miguel Lobo? Por Ignacio Fernández Candela
