- La Fiscalía pide investigar al expresidente por unas alhajas valoradas en 1,3 millones de euros que, según su propia versión, recibió del rey de Arabia Saudí cuando residía en La Moncloa; el juez exige ahora el inventario de los regalos institucionales de sus dos mandatos
La explicación ofrecida por José Luis Rodríguez Zapatero sobre las joyas halladas en su despacho ha abierto un nuevo frente judicial para el expresidente socialista. La Fiscalía Anticorrupción considera que su propia versión de los hechos podría implicar un delito de malversación: sostiene que, si las alhajas fueron un regalo recibido durante su etapa como jefe del Ejecutivo y no fueron entregadas al Estado, podría haberse producido una apropiación de bienes que debían incorporarse al patrimonio público.
El escrito de la fiscal Elena Lorente, presentado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, sitúa el foco en unas joyas tasadas en aproximadamente 1,3 millones de euros. Zapatero sostiene que se las entregó personalmente el entonces rey saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, durante su visita oficial a España en junio de 2007, cuando el socialista ocupaba la Presidencia del Gobierno.
La Fiscalía no da por acreditada esa explicación, pero advierte de sus consecuencias jurídicas si se confirma. En su escrito sostiene que el elevado valor de las piezas impide tratarlas sin más como un obsequio de cortesía y plantea que su origen podría implicar, además de los presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal que ya se investigan, un posible delito de malversación que no estaría prescrito.
El caso presenta una circunstancia difícil de pasar por alto: las joyas no aparecen en las actas de aceptación de regalos institucionales que se conservan de la etapa de Zapatero en La Moncloa. Otros obsequios procedentes del mismo monarca saudí sí fueron incorporados al patrimonio del Estado.
Los otros regalos saudíes que sí entregó al Estado
La Fiscalía destaca un detalle que complica la versión del expresidente. El 19 de junio de 2007, la misma fecha en la que, según Zapatero, recibió las joyas, el rey de Arabia Saudí también le regaló un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas. Ese objeto sí figura entre los bienes entregados a Patrimonio del Estado.
El inventario recoge además otros regalos procedentes de Arabia Saudí recibidos durante la etapa socialista, entre ellos un reloj de sobremesa con peana de mármol y una representación de una escena del desierto elaborada en oro y plata, con base de mármol y jade. Ambos obsequios fueron incorporados al patrimonio público.
La diferencia resulta central para Anticorrupción: mientras esos objetos constan en los registros oficiales, las joyas valoradas en más de un millón de euros no aparecen en las actas examinadas. La Fiscalía considera que esa ausencia exige esclarecer por qué las alhajas siguieron en manos del expresidente y bajo qué condiciones fueron recibidas.
No se trata únicamente de determinar quién entregó las piezas. La cuestión es si un regalo de semejante valor recibido por quien ejercía la Presidencia del Gobierno podía considerarse estrictamente personal o si, por el contrario, debía quedar en manos del Estado.
Las normas de buen gobierno que aprobó el propio Zapatero
El escrito de Anticorrupción añade un elemento de especial relevancia política: el Código de Buen Gobierno que Zapatero aprobó en 2005 durante su primer mandato.
Aquel texto instaba a los altos cargos a rechazar regalos, favores o servicios que fueran más allá de los usos sociales habituales y de cortesía. También establecía que los obsequios de mayor significación debían incorporarse al patrimonio público.
La Fiscalía invoca precisamente ese marco para cuestionar que unas joyas de semejante valor pudieran considerarse una atención personal sin mayores consecuencias. El hecho de que Zapatero recibiera otros regalos del mismo monarca y sí los entregara al Estado refuerza, a juicio del Ministerio Público, la necesidad de investigar el tratamiento que dispensó a estas piezas.
La ley que reguló posteriormente el ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado, aprobada en 2015, también restringió la aceptación de regalos que excedieran los usos habituales de cortesía. La investigación deberá determinar qué normas resultaban aplicables a los hechos de 2007 y qué consecuencias jurídicas pueden derivarse de ellos.
La posición de Anticorrupción es clara: si la explicación del expresidente resulta cierta, el origen de las joyas no despejaría las dudas, sino que abriría una nueva vía de investigación sobre su posible apropiación indebida de bienes de carácter público.
Anticorrupción rechaza pedir explicaciones a Arabia Saudí
Zapatero ha solicitado que la Audiencia Nacional se dirija a las autoridades saudíes para acreditar que el fallecido monarca le entregó personalmente las joyas. La Fiscalía se opone a esa diligencia y considera que el centro de la investigación debe situarse en España.
En su escrito, Anticorrupción razona que, según el propio relato del expresidente, las piezas le fueron entregadas en La Moncloa. Por ello, entiende que la investigación debe concentrarse en la sede de la Presidencia del Gobierno y en la documentación española relativa a los obsequios oficiales, no en un país donde, de acuerdo con esa versión, no se produjo la entrega.
La defensa de Zapatero sostiene que se trató de un regalo personal y ha pedido cooperación judicial internacional para tratar de acreditarlo. La discrepancia enfrenta dos planteamientos: el de la defensa, que pretende confirmar el origen saudí de las joyas, y el de la Fiscalía, que considera prioritario esclarecer qué ocurrió con ellas una vez recibidas por un presidente del Gobierno en ejercicio.
El juez exige los registros de los dos mandatos
José Luis Calama ha reclamado a Patrimonio del Estado que le facilite, en un plazo máximo de dos días, el acta de aceptación e incorporación de los regalos institucionales recibidos por la Presidencia del Gobierno entre 2004 y 2011, los dos mandatos de Zapatero.
El magistrado quiere comprobar documentalmente qué obsequios fueron entregados al Estado y cuáles no aparecen en los registros oficiales. Con esa información deberá resolver también las peticiones planteadas por la defensa y por la Fiscalía, incluida la controversia sobre la solicitud de colaboración a Arabia Saudí.
Las joyas fueron localizadas por la Policía Nacional durante el registro del despacho del expresidente en la calle Ferraz, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. Su tasación, que supera los 1,3 millones de euros, ya había motivado diligencias sobre su procedencia y sobre las posibles irregularidades fiscales y de contrabando.
La nueva posición de Anticorrupción eleva la dimensión judicial del caso. Ya no se trata únicamente de averiguar el origen de unas joyas de alto valor, sino de determinar si un expresidente del Gobierno pudo incumplir las obligaciones relativas a los regalos recibidos por razón de su cargo y si esa conducta podría constituir malversación.
La respuesta dependerá de la documentación y de las pruebas que se incorporen a la causa. Pero la tesis de la Fiscalía deja planteada una pregunta de fondo: si aquellas joyas fueron entregadas a Zapatero cuando ejercía la Presidencia del Gobierno, ¿por qué no aparecen entre los regalos institucionales que sí pasaron a formar parte del patrimonio público?
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