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Por si gobernara el bloque conservador, ultras son ellos, la carroña parasitaria beneficiada durante estos años del desgobierno criminal ya se prepara para sacudir violentamente las calles. El sindicalismo adicto al poder y los satélites del activismo radical financiado desde terminales globalistas han recibido la orden de activar la maquinaria de la convulsión. La huelga general anunciada para el 11 de noviembre, no responde a una súbita preocupación por los derechos laborales ni por la precariedad de la vivienda; constituye el ensayo general de una agitación política estrictamente ilegal, diseñada para desestabilizar las calles ante la inminente posibilidad de que una alianza firme entre PP y VOX liquide la pesadilla sanchista en las urnas. El problema es que estamos inmersos en una ilegalidad continuada y aceptada que en otro país habría levantado en armas, metafóricamente, a los garantes de que se cumplan las leyes y norma constitucional.
La confesión implícita de María Jesús Montero, sugiriendo que la movilización no se dirige contra el Ejecutivo sino contra la Oposición de gobierno, retrata con nitidez el nivel de degradación institucional, la ilegalidad acostumbrada de esta chusma de estafadores y delincuentes varios. La estulta corrupta, pero impune hasta ahora, ha indignado a los sindicatos convocantes que ven así cómo les quitan la máscara antes de perpetrar el atraco social. El atracón ya se lo dan con la carroña corporativa que ejerce Yolanda Díaz regando con millones a los comegambas aletargados hasta nueva orden para despertar al servicio del amo monclovita. A los comegambas y demás detritus se suman los sindicatos de alumnos contra Isabel Díaz Ayuso. Patéticos como guarros.
Así se pretende consagrar una trampa permanente: impunidad y paz social simulada mientras la izquierda devasta España, e insurrección callejera en cuanto la sociedad civil deposita su confianza en opciones conservadoras. Es la perversión absoluta del derecho de huelga, instrumentalizado como chantaje antidemocrático.
Esta estrategia de guerrilla urbana y agitación sindical corre en paralelo al desmantelamiento sistemático de las garantías procesales. La sumisión del Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido, enmendando la plana al Tribunal Supremo para consagrar la amnistía a delincuentes golpistas, ha permitido que Carles Puigdemont reincida públicamente en su desafío al Estado sin el menor atisbo de arrepentimiento. Se ha sustituido el imperio de la ley por la conveniencia de un autócrata acorralado.
El fullerismo del régimen alcanza su paroxismo en el uso espurio de la Diputación Permanente, donde pretenden colar por la puerta trasera los decretos rechazados en el Congreso. Sabiéndose expulsados por el sentido común de los españoles, aceleran la demolición de los contrapesos judiciales y preparan el terreno de la violencia social. Frente al juego sucio de las cloacas y el sindicalismo vendido, la única respuesta admisible es la contundencia procesal, el rigor constitucional y la determinación innegociable de recuperar España.
La pasividad complaciente ante esta estrategia subversiva equivaldría a ser cómplices de la entrega definitiva del Estado. La alternativa conservadora no puede caer en la ingenuidad procesal ni en el apaciguamiento de quienes ya han demostrado estar dispuestos a pisotear la Constitución, comprar magistrados y encargar maniobras en las cloacas, con encargos de asesinatos con tal de garantizar su impunidad. La única vía para neutralizar este golpe continuado exige una alianza de gobierno sin fisuras, un programa de restauración institucional implacable y el uso legítimo e intransigente de toda la fuerza de la ley contra los agitadores del orden público.
España se encuentra en un punto de no retorno donde la conciencia moral debe traducirse en acción política y judicial incontestable. Los ciudadanos no van a tolerar que un Ejecutivo acorralado por la corrupción y arrastrado por sus socios delincuentes pretenda secuestrar las instituciones desde la calle cuando la voluntad popular lo desaloje del poder. Frente al chantaje de la huelga política, la respuesta será el rigor constitucional, la defensa de la soberanía nacional y la aplicación inflexible de la justicia hasta sus últimas consecuencias.
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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