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La ocupación del espacio público por parte de la agitación ideológica ha vuelto a escenificar su propia caricatura en las calles de Madrid. Tras semanas de sobreactuación, acampadas estridentes y una constante amenaza de «huelga de alquileres», las plataformas organizadoras han intentado proyectar la imagen de un estallido social incontrolable. Sin embargo, detrás de la humareda propagandística y del despliegue logístico de los colectivos afines al oficialismo, lo que ha quedado al descubierto no es una revolución popular, sino un estruendoso fracaso de fondo moral, político y representativo.
El primer síntoma de este colapso argumental reside en la grosera manipulación de la realidad numérica. Mientras la propia Delegación del Gobierno fija la asistencia a la manifestación de este sábado en 70.000 personas, el Sindicato de Inquilinas eleva la cifra hasta el abrumador e inverosímil dato de medio millón. Que la masa convocante necesite multiplicar por siete los registros oficiales para sostener su relato evidencia el pánico a mostrar la dimensión real de su poder de convocatoria. Cuando un movimiento se ve obligado a inventar cientos de miles de manifestantes fantasma para infundir respeto, está confesando implícitamente que la sociedad no secunda su aventura.
Pero el fracaso no es solo una cuestión de contabilidad urbana; es, sobre todo, una quiebra conceptual. Lo que se ha manifestado en el asfalto no es la ciudadanía, sino una vanguardia militante orientada a desarticular las bases de la propiedad privada y la seguridad jurídica. Se exige la bajada de alquileres por decreto, la expropiación de facto del parque inmobiliario y la impunidad frente al impago, utilizando el drama del acceso al hogar no como un problema técnico que resolver, sino como una trinchera para la agitación política.
El tufo de la maniobra resulta demasiado evidente para quien conozca el manual de agitación de la izquierda: con el PSOE instalado en la Moncloa y firmando el colapso de la gestión pública, la consigna ha sido volver a ocupar simbólicamente la Puerta del Sol para redirigir la rabia contra la oposición. La paradoja rozaría el ridículo si no fuera por su desfachatez: se protesta por el precio desorbitado del techo bajo el mandato de un Gobierno que lleva casi ocho años prometiendo intervención y entregando ruina, pero la diana de las pancartas sigue siendo, inexplicablemente, la derecha que no gobierna en España. Es la perversión del laboratorio ideológico en estado puro, utilizando la calle no como un altavoz contra el poder central que ahoga al ciudadano, sino como un escudo protector para salvar la cara de los ministerios afines.
A este circo de conveniencia no le guía la desesperación del inquilino, sino el sucio plumero de los arribistas y los fontaneros del relato. Conscientes de que el crédito parlamentario del sanchismo está liquidado y de que la alternancia política asoma como un horizonte ineludible, estos colectivos profesionales de la protesta han salido a echar el resto para dejar marcado el territorio ante la próxima legislatura. Saben que sus subvenciones y su patente de corso para el asalto a la propiedad privada vencerán en el instante en que la derecha tome las riendas de las instituciones; por eso ensayan desde ya el clima de guerrilla urbana y la algarada preventiva. No defienden el derecho a la vivienda: defienden su chiringuito antes de que la realidad y el rigor constitucional vuelvan a gobernar España.
Frente a este despliegue de consignas y victimismo subvencionado, existe una inmensa mayoría que ni acampa ni se manifiesta en la arteria central de la capital. Es la España real, aseada, esa mayoría silenciosa que durante décadas ha pagado religiosa y esforzadamente sus hipotecas, que liquida puntualmente sus impuestos, el IBI y las tasas municipales, y que soporta con dignidad la subida desbocada de la cesta de la compra. Para esa masa de trabajadores, ahorradores y pequeños propietarios, el discurso del «todo gratis» no solo representa una inepcia económica, sino un verdadero agravio moral.
Intentar alterar el mercado, anular el mérito e imponer el chantaje de la calle sobre la legalidad vigente es el atajo desesperado de un sanchismo que, tras perder la mayoría y ver rechazadas sus leyes estrella en el Congreso, recurre a la algarada para encubrir la parálisis de su gestión. La realidad, por mucho que se adorne con pancartas e hiperboles mediáticas, sigue siendo el muro ineludible contra el que choca la propaganda. La España que madruga, produce y cumple la ley ha dictado su veredicto con su ausencia: la propiedad se defiende, el esfuerzo se respeta y el chantaje del populismo ya no engaña a nadie.
RES NON VERBA
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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