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Estamos durmiendo peligrosamente en los laureles o en la complacencia con la alta traición del criminal de La Moncloa que ha introducido, literalmente, un ejército enemigo en territorio español. Estamos procrastinando soluciones que exigen inmediatez drástica para evitar males mayores en ciernes.
Reducir la crisis fronteriza en Ceuta a un mero fenómeno migratorio o a un drama humanitario no es solo un error de apreciación; es una ceguera geopolítica de consecuencias irreversibles. Lo que presencia la nación no es un flujo desordenado de personas en busca de prosperidad, sino la ejecución metódica de una estrategia de penetración masiva que amenaza de forma directa la integridad territorial y la soberanía de España. No es casualida la retórica unísona e institucional de Rabat, respaldada de forma unánime por analistas militares y portavoces mediáticos del Reino de Marruecos, insistiendo en la reivindicación de las plazas soberanas de Ceuta y Melilla, el análisis no puede permanecer estancado en la benevolencia del relato oficial.
La masa humana introducida bajo la mirada complaciente, y coordinada, de la gendarmería marroquí está compuesta, en su abrumadora mayoría, por varones jóvenes en edad militar. La docilidad o inacción del Ejecutivo español ante el traslado logístico organizado desde el país vecino no constituye una simple negligencia procedimental, sino una quiebra inadmisible del deber de custodia territorial. La historia y la doctrina de la defensa enseñan que cuando un Estado permite la entrada irrestricta de miles de efectivos potenciales sin filiación, control ni fiscalización, lo que está albergando dentro de sus fronteras no es una bolsa de marginación social, sino la estructura latente de un verdadero caballo de Troya.
La naturaleza de la amenaza trasciende con mucho el concepto convencional de guerra híbrida. La lealtad incondicional de estas contingencias hacia la figura de su monarca, sumada a la posibilidad real de aprovisionamiento clandestino, mediante vías de contrabando o infraestructuras subterráneas de paso, sitúa a España ante un escenario de vulnerabilidad extrema. Bastaría una consigna clara emitida desde el exterior o la distribución focalizada de armamento para transformar una crisis de contención fronteriza en un conflicto bélico interno de imprevistas proporciones. La pasividad institucional ante esta realidad configura un delito de lesa patria.
La soberanía de una nación no se negocia ni se somete a consensos internacionales de apaciguamiento. Exigir el despliegue inmediato y disuasorio de las Fuerzas Armadas en el perímetro fronterizo, la restitución del control efectivo de la línea divisoria y la depuración de responsabilidades políticas por esta traición estructural no es una opción ideológica: es un mandato innegociable de supervivencia nacional. España se encuentra en estado de emergencia, y la historia no amnistiará a quienes, por cobardía o complicidad, entregaron las llaves de la casa al enemigo.
El primer paso para declarar y gestionar esta emergencia nacional exige, de forma perentoria, apartar y poner a disposición de la justicia a un Gobierno cuya gestión implica inequívocamente, dejémonos de insensatos remilgos, la traición sistemática a los intereses de la Patria. El elocuente e inusual gesto de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al negarse a aplaudir en el Congreso de los Diputados, no es un hecho fortuito: refleja la fractura interna de quien, conociendo de primera mano los informes de inteligencia y el criterio de la cúpula militar, sabe perfectamente que la Moncloa ha consentido la entrada de un verdadero ejército invasor. Continuar sosteniendo el engaño oficial de la «integración» o la «cooperación fronteriza» mientras las Fuerzas Armadas son atadas de manos ante una amenaza latente constituye una complicidad criminal que exige la inmediata imputación formal de Pedro Sánchez y de la totalidad de su Consejo de Ministros por infracción del deber de custodia territorial y delitos contra la seguridad del Estado.
Restablecida la legitimidad institucional mediante la exigencia de responsabilidades penales e incondicionales, España debe aplicar de inmediato los mecanismos constitucionales de máxima excepción, mediante la declaración del estado de sitio y la militarización absoluta del perímetro sur. Solo un mando operativo unificado, liberado de interferencias ideológicas y con potestad plena para neutralizar cualquier conato de insurgencia o acopio clandestino de armamento, podrá evitar que esta incursión masiva derive en un conflicto bélico de consecuencias devastadoras dentro de nuestro propio suelo. La reacción no admite dilación: la tutela de las libertades y la propia supervivencia de la nación exigen que el Estado actúe con la máxima severidad legal antes de que el caballo de Troya sea accionado definitivamente desde el exterior.
Soy el primero en advertirlo como tantas otras cuestiones antes pero siempre estarán las garrapatas para apuntarse al tren de las razones tardías. Espero equivocarme pero las circunstancias cambiantes, la previsible escalada de reivindicación de Ceuta y Melilla como marroquíes pueden transformas los ánimos o profundizar estrategias con miles de inmigrantes convertidos en soldados leales al monarca que orquesta todo con la alta traición de connivencia abriendo las puertas del enemigo desde España.
La situación en Ceuta ya no encaja en el concepto de crisis fronteriza: es un riesgo bélico extremo. España necesita recobrar la sensatez sin un gobierno que, según diversas críticas públicas, habría facilitado una penetración masiva en un contexto de reivindicación territorial creciente.
Cuando una penetración masiva no controlada coincide con una reivindicación territorial activa, la doctrina de defensa advierte que cualquier activación externa puede escalar la amenaza hacia escenarios de máxima gravedad. Más vale prevenir. Creo que hay que pecar de «alarmistas» estando al albur el destino de España de los caprichos de un borracho con aires endiosados de grandeza, adorado por sus fanáticos súbditos.
¿Dónde está el Rey?
La paradoja trágica de toda advertencia doctrinal es que se formula con la máxima contundencia precisamente para evitar que el escenario previsto llegue a consumarse. La disuasión y la denuncia temprana no buscan el colapso, sino despertar la conciencia institucional y civil antes de que el coste sea irreversible.
Sin embargo, la historia de la defensa enseña que la ceguera voluntaria y la concesión táctica frente a una amenaza latente rara vez neutralizan el peligro; por el contrario, suelen acelerarlo. Cuando la contención se sustituye por la pasividad, la posibilidad de evitar el conflicto deja de depender del agredido y queda a merced de la voluntad del agresor.
Por eso la labor de la palabra firme no es opcional ni negociable. Se cumple con el deber de señalar el riesgo con rigor estratégico, exigiendo responsabilidad a quienes ostentan el mandato constitucional de la custodia territorial. Lo que ocurra después determinará si en España prevaleció la sensatez o la complicidad del silencio.
RES NON VERBA
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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