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La impunidad es el alimento indispensable de la amoralidad y el aforamiento, su trinchera más obscena. Concebido en su origen como una garantía de independencia institucional frente a abusos de poder, la degeneración del sistema lo ha transformado en una patente de corso al servicio de una casta de felones, parásitos y maleantes de la moqueta. Quien utiliza el escaño o la alta magistratura como escudo para saquear el presupuesto público o erosionar la soberanía nacional no comete una simple infracción administrativa: incurre en un acto descarado de traición contra la Patria. El aforamiento se ha convertido en la tentación perfecta para que aflore lo peor de la condición humana, un privilegio de corte feudal que otorga a los políticos la certeza de que su arbitrariedad y su falta de escrúpulos no encontrarán jamás el freno de la justicia ordinaria.
Es ya una burla sangrienta hacia el ciudadano honrado, por millones, obligado a responder de cada acto bajo todo el peso de la ley, presenciar cómo una banda de irresponsables sin oficio ni beneficio se parapeta en jueces a medida, suplicatorios dilatorios y argucias de partido. Esta asimetría insostenible es el verdadero motor del cinismo político. La política en España ha pasado de ser un servicio de honor a transformarse en la guarida ideal para ineptos y delincuentes que ven en el cargo un salvoconducto para la impunidad. Cuando la ley no es igual para todos, el edificio de la convivencia se desmorona y la autoridad moral del Estado se disuelve en el barro de la complicidad institucional.
Ha llegado la hora de arrancar a dentelladas democráticas el armazón de impunidad con el que esta ralea ha blindado sus desmanes. Exigir la derogación inmediata y absoluta del aforamiento para todo tipo de delitos comunes y de corrupción es la única medida higiénica admisible. Quien delinque desde el poder no debe encontrar atenuantes ni plazos de favor, sino la respuesta más implacable del ordenamiento jurídico: la creación de un agravante específico por uso torticero del cargo público, la inhabilitación perpetua para cualquier función estatal, el embargo fulminante del patrimonio personal y familiar directo para restituir hasta el último céntimo robado, y el cumplimiento de la pena en presidio ordinario sin posibilidad alguna de indulto ni beneficio penitenciario. La majestad de la ley exige barrer sin contemplaciones esta comedia de blindajes medievales. Menos privilegios de casta y más rigor implacable.
Y si no es sufiente, que dejen a los culpables a merced de la ira popular. Arrancadas quedarían las raíces del mal e irreconocibles, afloradas en su ponzoña a la superficie de la penitencia universal. La sociedad ha de ser severa con sus depredadores, aprender a defenderse con fiereza contra los criminales que la destruyen. La ley ha de ser implacable y un escarmiento universal para los tiempos de los demonios sueltos sobre la tierra.
El espectáculo de las Cortes de la Nación no es ya el escenario del debate soberano, sino un patio de monipodio donde trileros del presupuesto y comisionistas de moqueta acuden a guarecerse de la acción del juez natural. La cobardía de esta clase política ha llegado al extremo de mercantilizar la propia función pública, asumiendo que la investidura o la suma de escaños incluye una tácita cláusula de impunidad. Cuando los representantes del pueblo necesitan levantar muros procesales para defenderse de sus propios actos, no están ejerciendo una prerrogativa democrática: están confesando implícitamente su culpa y su absoluta falta de solvencia moral para ejercer la magistratura que el pueblo les confió.
Es hora de terminar con la comedia de la autorregulación y barrer de las instituciones esta trampa de felones. Si la política pretende recuperar una sola gota de la legitimidad arrebatada a los españoles, el primer paso innegociable es la extinción completa y sin matices del fuero especial. Quien aspire a la responsabilidad pública debe saber que entrará al escaño desnudo de privilegios y expuesto, como cualquier hijo de vecino, a las consecuencias de sus hechos. Menos corporativismo de moqueta, menos complacencia con el delito y más rigor implacable frente a los farsantes.
Pedro Sánchez, número 1 de la organización criminal psoe, denominada así por la Justicia, debe ser detenido.
RES NON VERBA.
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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