- Feijóo judicializa la negativa de Marlaska, Albares y Robles a comparecer en la Cámara Alta y denuncia que Sánchez no puede decidir «en qué cámara comparece, ni cuándo lo hace ni en qué condiciones acepta ser controlado»
El pulso institucional entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Senado ha entrado en una nueva fase: el Partido Popular ha llevado al Tribunal Supremo la negativa de varios ministros a comparecer ante la Cámara Alta para explicar la crisis migratoria de Ceuta. Alberto Núñez Feijóo anunció la decisión durante su visita a la ciudad autónoma junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y posteriormente el Grupo Popular registró el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.
El conflicto no es menor. Se trata de una disputa sobre el control parlamentario de un Gobierno en una crisis que afecta directamente a una frontera española, a la seguridad de Ceuta y a la capacidad del Estado para responder ante una llegada masiva de inmigrantes.
Los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares; y Defensa, Margarita Robles, estaban convocados en el Senado para informar sobre la situación. Sin embargo, no acudieron y el Ejecutivo ha optado por que las explicaciones se produzcan en el Congreso durante la próxima semana. El PP considera insuficiente esa respuesta y sostiene que una futura comparecencia en la Cámara Baja no sustituye a la obligación de responder ante el Senado.
«El Gobierno no puede decidir en qué cámara comparece, ni cuándo lo hace ni en qué condiciones acepta ser controlado», sostuvo Feijóo durante su comparecencia en Ceuta. El líder de la oposición afirmó que el PP utilizará «los mecanismos legales» disponibles para obligar al Ejecutivo a dar explicaciones.
La formación popular prepara además la reprobación de los ministros que han rechazado acudir a las sesiones de la Cámara Alta. El choque institucional llega después de varios episodios de tensión por las comparecencias del Ejecutivo en el Senado, controlado por mayoría absoluta del PP.
Una crisis que Sánchez todavía no ha explicado en el Senado
Para el PP, el problema excede de una discusión sobre calendarios parlamentarios. La cuestión es quién controla al Gobierno cuando una crisis de seguridad y fronteras afecta a una ciudad española.
Feijóo ha acusado al Ejecutivo de haber sostenido tres explicaciones que considera falsas: que la crisis migratoria fue consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, que el problema quedó resuelto rápidamente y que quienes denuncian sus consecuencias actúan por racismo.
El presidente del PP sostiene que, tres semanas después de la entrada masiva, la situación dista de estar normalizada y afirma que permanecen en Ceuta alrededor de 10.000 personas llegadas irregularmente, una cifra que el propio Feijóo contrapone con las estimaciones iniciales ofrecidas por el Gobierno. Estas cifras han sido objeto de actualización durante la crisis y el Ejecutivo mantiene un dispositivo de identificación y traslado de menores.
Su crítica política es frontal: pedir que se cumpla la ley, proteger la frontera o reclamar que los ciudadanos puedan desarrollar su vida con normalidad no constituye racismo, sostiene Feijóo.
También ha advertido de que una ciudad sometida durante semanas a una presión extraordinaria puede acabar enfrentándose a incidentes graves si las instituciones no recuperan el control.
Siete medidas para recuperar el control
Feijóo ha presentado en Ceuta un paquete de siete propuestas que constituyen la alternativa del PP a la gestión del Ejecutivo.
La primera es establecer un mando único, con el argumento de que en la actualidad no existe una dirección estatal suficientemente clara de la respuesta a la crisis. La segunda consiste en activar los procedimientos legales para el retorno de quienes hayan entrado irregularmente, mediante expulsión o retorno voluntario cuando legalmente corresponda, y culminar los expedientes pendientes con un calendario definido.
El tercer eje es Marruecos. Feijóo reclama reciprocidad y firmeza en la relación con Rabat y sostiene que la seguridad de una ciudad española no puede depender de otro país. El mensaje es particularmente significativo después de años de intensa cooperación bilateral en materia migratoria.
El cuarto punto consiste en utilizar todos los instrumentos disponibles, tanto nacionales como europeos: Frontex, mecanismos de crisis, procedimientos de asilo y retorno y los recursos previstos por la legislación comunitaria.
La quinta propuesta se centra en la frontera. El PP reclama más infraestructura, más efectivos y reformas legales para garantizar su protección y plantea una reforma de la legislación de asilo.
En sexto lugar, Feijóo reclama un reconocimiento específico de Ceuta y Melilla en el ámbito europeo, defendiendo su presencia en los órganos comunitarios vinculados a la política territorial.
El séptimo punto abandona el terreno estrictamente migratorio para abordar una consecuencia económica que considera inseparable de la crisis: un plan de reactivación económica para Ceuta, con bonificaciones a la Seguridad Social blindadas por ley, inversión pública, mejores conexiones con la Península y un plan específico contra el desempleo juvenil.
El PP resume su posición bajo una premisa que ha repetido Feijóo durante su visita: más presencia del Estado en Ceuta, no menos.
Vivas: «Es el trance más difícil de la historia de Ceuta»
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha endurecido también su posición frente al Gobierno central. Antes de la intervención de Feijóo, denunció que el Ejecutivo todavía no había solicitado todo el apoyo ofrecido por la Unión Europea y volvió a cuestionar que la protección de la frontera española dependa en exceso de la cooperación con Marruecos.
«La seguridad tiene que estar en manos de España y de Europa», afirmó Vivas, que calificó la situación como «el trance más difícil de la historia de Ceuta».
El presidente ceutí reclamó además un plan dividido en dos niveles: uno inmediato, destinado a recuperar la normalidad y reparar los daños derivados de la crisis, y otro estructural para impedir que una situación semejante pueda repetirse.
Un conflicto que ya trasciende la inmigración
La crisis de Ceuta se ha convertido así en algo más que un problema migratorio. Se ha transformado en un pulso sobre la frontera, la seguridad, la gestión de una emergencia y la obligación del Gobierno de rendir cuentas ante las instituciones.
El Ejecutivo defiende que los ministros comparecerán próximamente en el Congreso y ha reivindicado su respeto al Senado.
El PP, sin embargo, considera que esa respuesta no basta y ha decidido llevar el conflicto al Supremo. La vía judicial tendrá ahora que determinar el alcance jurídico de la controversia y las consecuencias que, en su caso, puedan derivarse de la negativa a comparecer.
Mientras tanto, Ceuta sigue siendo el escenario de una crisis que ha dejado al descubierto una cuestión política de fondo: hasta dónde llega la capacidad del Estado para controlar su frontera y hasta dónde puede llegar un Gobierno para esquivar el control de una de las Cámaras parlamentarias.
El Senado reclama respuestas. El Gobierno dice que las dará en el Congreso. Y el principal partido de la oposición ha decidido llevar el choque a los tribunales.
La crisis de Ceuta ya ha llegado al Tribunal Supremo.
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