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La cercanía en la recogida de las siembras políticas de Pedro Sánchez anticipa un colapso procesal; evoca, por encima de todo, un imperativo de justicia humana y memoria inapelable. Detrás del frío lenguaje de las instrucciones judiciales y del cálculo de los suplicatorios parlamentarios, late el dolor lacerante de una Nación que no olvida. La historia juzgará con severidad extrema lo acontecido en aquel fatídico año 2020, cuando la gestión de un gobierno de usurpadores se tradujo en el abandono y el auténtico asesinato de nuestros padres, arrastrando consigo a decenas de miles de víctimas atrapadas en las garras de la incompetencia y el sectarismo ideológico.
Aquella tragedia colectiva, tapada con mentiras oficiales y decretos de alarma que el Tribunal Constitucional terminó declarando ilegales, no fue un accidente de la providencia; fue el resultado directo de una gobernanza desprovista de alma, donde la supervivencia del búnker monclovita siempre cotizó más alto que la vida de los españoles más vulnerables. Esas decenas de miles de compatriotas que partieron en la más estricta soledad merecen una reparación penal y moral que ninguna amnistía o compra de votos pueda borrar. La impunidad tiene fecha de caducidad, y el peso de esa siembra de dolor está a punto de retornar a las manos de su sembrador.
La apertura de presas en Valencia y los horrorosos accidentes de trenes son otros misterios más cuya responsabilidad criminal es de Sánchez. Y tantas más. Habrá de constar una cuenta de resultados ante la historia. La exigencia de imputación que hoy recorre España no es un simple movimiento de ajedrez partidista; es un acto de legítima defensa frente a un régimen que ha demostrado un desprecio absoluto por la dignidad humana. Las razones para cercar judicialmente al sanchismo se tiñen hoy de un deber de justicia con nuestros mayores, las víctimas principales de un plan sistemático de demolición institucional.
El año 2020 desnudó la naturaleza de un Ejecutivo que prefirió la propaganda a la prevención, ocultando alertas sanitarias y descuidando las condiciones mínimas de protección en residencias y hospitales. También hay que considerar la sedación protocolaria con una eutanasia masiva encubierta. El Derecho Penal contempla la comisión por omisión; cuando un gobierno asume el control absoluto de un país y desoye las advertencias técnicas para priorizar su agenda ideológica, asume también la responsabilidad de las consecuencias mortales. El cerco judicial actual, que ya estrecha los vínculos entre el entorno presidencial y las tramas de enriquecimiento a costa de la sanidad pública, es la confirmación de que la inmoralidad del régimen operaba a todos los niveles.
No hay mayor perversión que utilizar las instituciones del Estado para falsear la cifra de fallecidos, escondiendo en los registros oficiales el dolor de miles de familias. Esa actitud endemoniada de fingir normalidad mientras las morgues improvisadas se llenaban, retrata la talla ética del sanchismo. La autoridad moral exige que quienes asaltaron el poder mediante pactos espurios y mantenido el sillón a base de engaños, respondan por el dolor infligido a una generación entera de españoles que lo dieron todo por construir la Patria y recibieron a cambio el desamparo.
La regeneración de España no será posible si se edifica sobre la fosa común del olvido y la impunidad de los culpables. Cada informe de la UCO, cada querella admitida a trámite y cada paso hacia el Tribunal Supremo es un ladrillo en la reconstrucción de la dignidad nacional. Los socios de la coalición Frankenstein podrán blindar los presupuestos o mercadear con las competencias del Estado, pero no podrán detener la fuerza de una verdad histórica que reclama su sitio en las actas judiciales.
La memoria de nuestros padres y el sacrificio de las decenas de miles de víctimas del 2020 son el motor espiritual de este cerco judicial. Quienes concibieron el poder como un botín y la ley como un obstáculo elástico están a punto de descubrir que las instituciones sanas de la Nación conservan la memoria y el rigor necesarios para aplicar el castigo correspondiente.
El suplicatorio es obligada consecuencia de una carrera delictiva que solo los desalmados y las carroñas pueden negar, protegiendo al capo numero 1 de la organización criminal.
Al igual que en la antigüedad clásica se exigía la rendición de cuentas inmediata a aquellos gobernantes que traicionaban el mandato de proteger a su pueblo, la España de hoy no puede otorgar tregua ni amparo político a quien ha pretendido su destrucción material y moral. La siembra está hecha, la cosecha de la justicia es inminente y el veredicto final se pronunciará con la solemnidad del latín y el peso incontestable de la ley.
Pedro Sánchez imputandus est
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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