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La maquinaria del fango sanchista no descansa y ahora, junto al lavatorio de manos en las aguas de Ormuz para justificar el atraco en las gasolineras, la organización que ocupa la Moncloa lanza su siguiente dentellada: la criminalización definitiva del conductor. Pretender que un exceso de velocidad sea tratado como un delito penal no es una medida de seguridad; es el chantaje del pandillero que necesita que el ciudadano viva en un estado de pánico permanente para que no tenga fuerzas de mirar hacia las cloacas del Estado.
Es la paradoja más sangrienta de nuestra historia reciente: una banda bajo sospecha internacional, que mercadea con la soberanía y se amnistía a sí misma de delitos de sangre y alta traición, pretende dar lecciones de «seguridad» y «legalidad» encarcelando a quien osa pisar el acelerador en una autovía. Resulta asqueroso observar cómo estos nuevos herodes de la libertad diseñan leyes para convertir a trabajadores en delincuentes mientras ellos indultan a golpistas y protegen a corruptos.
Bukele les habría preparado un CECOT medida previa macroperación policial. Porque si algo define a esta organización de pandilleros con corbata es su naturaleza delictiva disfrazada de boletín oficial. En un país donde la justicia fuera algo más que una palabra ultrajada, el destino de quienes hoy nos chantajean con el precio del combustible y nos amenazan con el calabozo por conducir, no sería el escaparate del poder, sino un confinamiento de máxima seguridad diseñado para quienes han hecho de la traición su único programa de gobierno.
Recortar libertades con la excusa de la seguridad es el viejo truco del tirano que se sabe acorralado. El «todo vale» sanchista ha llegado a las carreteras, convirtiendo el asfalto en un campo de minas legal donde el ciudadano siempre pierde. Pero no se engañen: no nos protegen, nos están arrestando en vida. La organización criminal sabe que un pueblo que no puede moverse es un pueblo que no puede rebelarse.
El banquete del Epulón sigue su curso, pero cada nuevo atropello, cada intento de convertir a un español libre en un preso de su ingeniería social, no hace más que alimentar la indignación de una nación que ya no pide explicaciones, sino JUSTICIA. Una justicia que no se detendrá ante un radar ni se dejará engañar por la coartada de un estrecho lejano. El juicio de las almas ya ha comenzado, y el banquillo se va a convertir en espacio previo al confinamiento, esta vez sí, legal, de los destructores de España.
El sistema ha perfeccionado su torniquete. Mientras Pedro Sánchez utiliza el escenario internacional para escenificar un lavatorio de manos sobre el precio de los hidrocarburos -señalando a Trump y a las lejanas aguas del Estrecho de Ormuz como responsables de un castigo económico que él mismo administra-, su maquinaria de control interno activa la siguiente fase de la sumisión: la criminalización penal del movimiento.
No es una coincidencia que, en el mismo instante en que el combustible se convierte en un artículo de lujo, la DGT endurezca su discurso hasta extremos delirantes. Pretender que un exceso de velocidad sea tratado como un delito penal, con el fin de convertir las carreteras en un corredor hacia el presidio, es el chantaje del pandillero que necesita que el ciudadano viva en un estado de pánico permanente. Es la pinza perfecta de una organización que, sintiéndose cercada por sus propias cloacas, necesita que nadie tenga fuerzas para mirar hacia arriba porque todos están demasiado ocupados temiendo el radar o la factura de la gasolinera.
Resulta una obscenidad ética que quienes indultan a golpistas y amnistían delitos de alta traición, pretendan dar lecciones de «seguridad» encarcelando a trabajadores por una infracción administrativa. Hablamos de una casta que viaja en Falcon y coches oficiales blindados mientras diseña para el resto de España un CECOT de la libertad; un confinamiento de máxima seguridad encubierto bajo el manto de la «seguridad vial».
Una banda de pandilleros con corbata-así los trataría por semejanza delictiva con los meras de El Salvador, Bukele- ha decidido que, para que ellos puedan seguir en su escaparate de poder, el español medio debe ser un reo en libertad condicional. Pero no se engañen: el juicio de las corruptelas mundiales no se detendrá ante un decreto de urgencia ni se dejará distraer por coartadas geopolíticas. La sentencia contra quienes han hecho de la traición y el chantaje su único programa de gobierno ya está escrita en la indignación de una nación que no acepta ser aconfinada una vez más por criminales ante el mundo.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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