Pedro Sánchez imparte un máster de autocracia aplicada. Por Rafael García Alonso

Sobre la base de la experiencia acumulada y atendiendo a la coherencia entre el discurso y los hechos bajo mi punto de vista existen tres tipos de líderes políticos. Así, en primer lugar, nos encontramos a aquellos políticos que desarrollan su acción de gobierno en función de un programa ideológico que consideran idóneo para mejorar la calidad de vida de la población, estando, en consecuencia, animados en su quehacer diario por la “ética del poder”, la cual no es otra cosa que una vocación de servicio a la ciudadanía que se plasma avanzando por los raíles constituidos por unos principios morales firmemente arraigados. A su vez, en segundo lugar, tenemos a aquellos otros políticos que en el ejercicio del poder no solo pretenden servir al pueblo que los ha elegido para tan alta responsabilidad, sino que también, y de manera muchas veces prioritaria, buscan satisfacer sus particulares ambiciones personales, de tal forma que se hallan inmersos en la ”erótica del poder”, es decir, se encuentran atrapados en una problemática hoguera de las vanidades. Por último, están aquellos políticos irremediablemente perdidos para la causa democrática por estar absolutamente dominados por una perturbadora “ambición de poder”, que los lleva a intentar obsesivamente mantenerse en el poder, sin otro objetivo que satisfacer su narcisista necesidad de glorificación pública y su maléfico anhelo de privilegios y prebendas.

Una buena muestra de político subyugado por la ambición de poder los constituye, sin duda alguna, Pedro Sánchez, para el cual, siguiendo la máxima maquiavélica, el fin, esto es, la permanencia en el poder, justifica los medios, es decir, la traición a su electorado, a su partido político y a su patria. Como consecuencia de ello, desde su llegada a la presidencia del Gobierno de España el psicópata monclovita está impartiendo en Máster de Autocracia Aplicada, de tan excelso nivel que solo es comparable en intensidad y calado a los desarrollados por los dictadores latinoamericanos expertos en la materia.

Así, inicialmente, P. Sánchez, tras comprobar que los resultados electorales no le daban para alcanzar por sí solo la Presidencia del Gobierno, decidió contravenir sus promesas electorales ligando su suerte a los enemigos seculares de la nación española, esto es, a comunistas e independentistas, refundando de esta forma el Frente Popular que tan infaustas consecuencias tuvo para los españoles en el siglo pasado. Obviamente, el proceso refundacional se vio obligadamente acompañado de una renuncia expresa a los principios programáticos del partido socialista, de tal forma que el programa electoral socialista quedó reducido a una suerte de manual guerracivilista básicamente consistente en criminalizar a la derecha política tildándola de fascista y ultraliberal, lo cual no solo supone una absoluta falsificación de la realidad con la intención de reavivar el enfrentamiento social, sino que también demuestra un profundo desconocimiento de teoría política, ya que ambas ideologías son antitéticas.

A continuación, P. Sánchez inició una auténtica cruzada contra la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, la cual a día de hoy sigue llevando a cabo. Así, incumpliendo una norma no escrita pero pactada tácitamente entre las distintas fuerzas políticas, nuestro funesto presidente tuvo a bien nombrar como Fiscal General del Estado (FGE) primeramente a la exministra socialista Dolores Delgado, para posteriormente sustituirla por otro socialista insigne como Álvaro García Ortiz, demostrando ambos a lo largo de su trayectoria profesional un sectarismo manifiestamente obsceno, como lo demuestra el hecho de posicionarse indefectiblemente a favor de los intereses de P. Sánchez en todos aquellos procesos judiciales en los que se hallaban investigados miembros del entorno familiar o político del psicópata monclovita.

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Para sazonar convenientemente el desaguisado, P. Sánchez tampoco tuvo empacho alguno en nombrar como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC)al exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campos y a la exdirectora socialista del Ministerio de Presidencia Laura Díez, logrando además con ello que el nuevo presidente de dicho tribunal sea otro acérrimo socialista como Cándido Conde-Pumpido. De esta forma el Tribunal de Garantías ha dejado de velar por el cumplimiento de la Constitución para convertirse en un órgano cuya principal función consiste en salvaguardar los intereses del Gobierno socialcomunista. De hecho, la degradación de la Justicia derivada de la existencia de togas adornadas con una rosa roja en el ropero del TC ya la hemos empezado a padecer los españoles con la puesta en libertad de todos los altos cargos del PSOE-A condenados por el Tribunal Supremo debido al colosal fraude que llevaron a cabo en el llamado “escándalo de los ERE en Andalucía”, el cual ha supuesto el mayor episodio de corrupción acaecido en España desde que en septiembre de 1936 Juan Negrín, a la sazón ministro de Hacienda del Gobierno de España entonces presidido por el socialista Largo Caballero, ordenara el saqueo del Banco de España para enviar las reservas de oro que allí se encontraban a la Unión Soviética.

No contento con todo ello P. Sánchez ha colonizado todas y cada una de las Instituciones del Estado, colocando al frente de las mismas a personas estrechamente vinculadas al PSOE. Teniendo en cuenta que la función de dichas instituciones es salvaguardar los derechos individuales de los ciudadanos y fiscalizar, cada una en su ámbito de actuación, la actividad del Poder Ejecutivo, el objetivo del Gobierno socialcomunista con esta medida no ha sido otro que silenciar las críticas procedente de cualquiera de estos organismos estatales y así aniquilar el sistema de contrapoderes que su independencia garantiza.

Dando un paso más en su deambular autocrático, P. Sánchez, viéndose incapaz de contar con los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante la gran mayoría de sus iniciativas legislativas, manifestó sin pudor alguno su intención de seguir gobernando sin el apoyo del Poder Legislativo. Tal declaración de intenciones obviamente supone un desprecio absoluto al Parlamento, es decir, a la sede de la soberanía popular, demostrando con ello su acervado talante totalitario. De hecho, evidenciando su absoluta falta de convicciones democráticas el PSOE votó en contra de la Proposición no de Ley presentada por el PP para reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, después de que el régimen bolivariano presidido por un simio antropomorfo como Nicolás Maduro perpetrara un monumental fraude electoral seguido de un brutal represión social. Finalmente, la votación salió adelante gracias a los votos favorables del PP, Vox, PNV y CC, votando negativamente la totalidad del bloque izquierdista constituido por el PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG. Días después el Parlamento Europeo también votó mayoritariamente a favor de dicha resolución, a pesar de que la gran mayoría de los eurodiputados socialcomunistas manifestaran su oposición a la misma, demostrando de esta forma su incondicional apoyo a los regímenes dictatoriales socialpopulistas.

Para culminar su autocrático proyecto de gobierno el Ejecutivo sanchista ha decidido poner en marcha un “Plan de acción democrática”, el cual en esencia no es otra cosa que un ataque frontal a la libertad de expresión y de prensa. Así, dicho plan contempla conseguir la complicidad de los medios de comunicación a través de la adjudicación de la publicidad institucional de manera discrecional, lo cual solo puede suponer llenar las arcas de los medios afines y tensionar económicamente a los medios que informan sin cortapisas de las continuas tropelías cometidas por P. Sánchez y su entorno. A su vez el plan señala la voluntad del Gobierno socialcomunista de penalizar e incluso cerrar todos aquellos medios que propaguen fake news o inciten directa o indirectamente al odio, lo cual supone de entrada la existencia de una suerte de “Comité de la Verdad” de marcado carácter orwelliano, el cual, constituido por lacayos del sanchismo y actuando al margen de los Tribunales de Justicia, tendrá la potestad de dictaminar lo que es verdad y lo que incita al odio, siguiendo en ambos casos el criterio marcado por sus próceres socialcomunistas, instalándose así en el seno de la sociedad una “Verdad Oficial” que no será otra cosa que el relato manifiestamente falsario y maniqueo impuesto desde las altas esferas gubernamentales. De esta forma, los medios de comunicación verán coartada su libertad de opinión e información y la ciudadanía se verá bombardeada por la propaganda sanchista, dificultándose con ello sobremanera el que cada individuo pueda concebir y expresar su propia opinión de la realidad política española. En definitiva, el sectario “Plan de acción democrática” no es otra cosa que un autoritario “plan de adoctrinamiento social” cuya finalidad es proteger al sanchismo de toda crítica.

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Decía hace apenas unos años Margaret Thatcher que “No he luchado contra las fuerzas destructivas del socialismo durante más de veinte años para detenerme ahora, cuando la fase crítica está sobre nosotros”. Pues bien, sobre la sociedad española se cierne el sanchismo, el cual, como si de un agujero negro se tratara, orienta todos sus esfuerzos a engullir progresivamente los derechos y libertades individuales, para instaurar un régimen nítidamente autocrático. Es por ello que en el momento actual los españoles de bien tenemos la inexcusable tarea de enfrentarnos en las calles y en las urnas a este tiránico aparato político de represión masiva liderado por un psicópata de descomunal calibre.

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.