La Audiencia Nacional de Madrid avala al juez Juan Carlos Peinado al observar indicio criminal en el caso Begoña Gómez.
La resolución de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid respalda la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por su presunta participación en cartas de recomendación para una empresa en dos concursos públicos. Según la resolución, los hechos en cuestión no son claramente falsos y presentan una apariencia delictiva que requiere investigación para conocer todas las circunstancias relevantes.
Además, la resolución señala que la solicitud del Ministerio Fiscal de evitar toda investigación basándose en una interpretación taxativa desde el principio es inusual y podría generar vacíos de impunidad. También considera que no es el momento adecuado para determinar si los hechos se ajustan o no a los tipos penales de Tráfico de Influencias y corrupción en los negocios, sino más bien para analizar si existen indicios suficientes para iniciar una investigación, los cuales sí se han encontrado.
Como se indica, «al principio, una sospecha fundamentada en datos objetivos y verificables debería ser suficiente, como hemos mencionado repetidamente. Esta sospecha tendrá que ser refinada y superar los filtros establecidos para, en caso necesario, citar a alguien a declarar como investigado, luego decidir la continuación del proceso y finalmente dictar una condena si es pertinente».
Tras analizar la denuncia, la Audiencia Provincial concluye que, si bien la relación que Manos Limpias sugiere entre Begoña Gómez y el rescate estatal de Air Europa es solo una conjetura sin base sólida más allá de coincidencias temporales y personales, que podrían dar lugar a nuevos datos en el futuro y que quizá habrían merecido activar controles administrativos previos para garantizar la transparencia y el buen gobierno, el resto del relato sí proporciona suficientes datos objetivos para justificar el inicio de la investigación.
Específicamente, se hace referencia a los contratos públicos obtenidos por la Unión Temporal de Empresas conformada por la empresa del grupo Barrabés Innova Next, tras participar en dos concursos con cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez. La Fiscalía Europea ha mostrado interés en estos contratos, ya que si estuvieran financiados con fondos comunitarios, podría ejercer su competencia sobre la investigación. La Audiencia Provincial considera que esta situación es contradictoria con la postura adoptada por la Fiscalía al recurrir la apertura de la causa.
Según la resolución, existen indicios suficientes para el inicio de la instrucción ordenada en el auto objeto de recurso, los cuales cumplen con los requisitos que el Tribunal Constitucional establece para el inicio de un procedimiento. Estos indicios deben ser algo más que simples sospechas, pero algo menos que los indicios racionales requeridos para procesar a alguien.
Los magistrados opinan que hay «indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación, al menos en relación a los hechos específicos relacionados con la U.T.E. formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley». Esta actividad justifica una investigación, sin necesidad de anticipar una calificación jurídica exacta en este momento.
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