21/11/2024 15:16

Decía el historiador británico Lord Acton que “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, de tal forma que según esta máxima todos los partidos políticos que alguna vez han disfrutado de las mieles del poder han sucumbido, en mayor o menor medida, a los cantos de sirena de la corrupción. España, inmersa en una partitocracia que favorece el descenso a los infiernos de las formaciones políticas, no constituye una excepción a la regla. De hecho, ante la falta de controles estrictos y sanciones contundentes, todas las formaciones políticas españolas que han alcanzado el poder tanto a nivel nacional como autonómico se han visto involucradas en causas penales por delitos de corrupción. Ante esta situación, sólo cabe, por un lado, cambiar las reglas del juego democrático para devolver la soberanía a los ciudadanos mediante un sistema de elección verdaderamente representativo, y, por otro lado, facilitar la alternancia política como método para evitar la degeneración irreversible del sistema democrático que inevitablemente sobreviene cuando alguna formación política se instala durante largos periodos de tiempo en el poder. Es por ello que España actualmente necesita de un proceso de regeneración política que devuelva el vigor democrático al régimen nacido en la llamada “Transición española”, lo cual incluye una importante modificación del marco constitucional y un cambio radical del modelo electoral.

Si algo se ha demostrado desde la aprobación de la Constitución española y la consiguiente reinstauración de la monarquía parlamentaria, allá por 1978, es que con el PSOE en el poder la regeneración de la política española es una quimera, dado que lleva la corrupción política y económica en su ADN. De hecho, si analizamos las pautas de actuación del PSOE a lo largo de estas últimas cuatro décadas podemos comprobar que lo que indefectiblemente le ha caracterizado es la puesta en escena de un permanente ejercicio de cinismo. En consonancia con este planteamiento, es relativamente fácil observar que, bajo un discurso esencialmente populista orientado a proporcionar falsas esperanzas a los desfavorecidos, lo que realmente caracteriza a los líderes socialistas es un indecente propósito de perpetuación en el poder y enriquecimiento ilícito.

En relación a la ambición patológica de poder el momento actual resulta particularmente ilustrativo, ya que el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, está implementando una estrategia que entra de lleno dentro de los parámetros que definen la corrupción política. Así, por un lado, está dispuesto a aprobar una ley de amnistía que supone la abolición del Estado de Derecho a cambio del apoyo parlamentario de un partido independentista y racista como es Junts, mientras que, por otro lado, en connivencia con comunistas e independentistas, no ha tenido el menor escrúpulo moral a la hora de levantar un muro para aislar a la derecha e impedir el normal desenvolvimiento del proceso democrático.

Por lo que respecta al lucro ilegítimo e ilegal son tantos los casos de corrupción económica que adornan la historia del PSOE que necesitaríamos un libro entero para narrarlos, razón por la cual nos limitaremos a reseñar aquellos que, por su enorme magnitud y profundo significado, resultan particularmente censurables.

Expolio de Rumasa aparte como crimen de Estado, el primer gran caso de corrupción que le estalló al PSOE fue el llamado “Caso Filesa”, el cual consistió en la creación por parte del partido socialista de una red de empresas -concretamente Filesa, Malesa y Time-Export- con la finalidad de financiarse irregularmente y así hacer frente a los costes derivados de la celebración del referéndum de la OTAN y de la campaña electoral de 1989. La financiación irregular consistió básicamente en elevar la cuantía de los contratos públicos para llevarse una comisión equivalente al sobrecoste, consiguiendo de esta forma 1.200 millones de pesetas, que fueron fraudulentamente utilizados para obtener una ventaja competitiva en las elecciones, lo cual no es otra cosa que doping electoral. Finalmente, en 1997, el Tribunal Supremo condenó a penas de prisión a 8 personas, entre las que se encontraban tres altos cargos socialistas, por los delitos de falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, tráfico de influencias y asociación ilícita. Cabe señalar que el senador socialista Josep María Sala, tras el cumplimiento de su condena regresó a la dirección del PSC, demostrándose con ello que el PSOE sí paga a delincuentes por los servicios prestados.

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El segundo gran caso de corrupción que afectó al PSOE fue el llamado “Caso Roldán”, el cual provocó una gran conmoción en la opinión pública por ser protagonista principal del mismo el socialista Luis Roldán, el cual en 1986 había sido nombrado director general de la Guardia Civil por el Gobierno de Felipe González. Tras dar cuenta Diario 16 del desmedido aumento patrimonial de Roldán desde que era director de la Benemérita, se inició el proceso judicial, produciéndose entonces la fuga del ínclito personaje, si bien finalmente fue detenido por la policía española en el aeropuerto de Bangkok. A lo largo de la investigación judicial quedó demostrado que Roldán había sustraído 435 millones de pesetas de los fondos reservados y se había llevado otros 1.800 millones de pesetas en comisiones ilegales. Como consecuencia de todo ello la Audiencia Nacional condenó a Roldán a 28 años de cárcel por malversación de fondos públicos, cohecho y estafa, poniéndose así de manifiesto la enorme magnitud del delito cometido.

El tercer gran caso de corrupción del PSOE fue el llamado “Caso de los ERE”, el cual vino dado por el desarrollo en Andalucía, cuando esta región era un cortijo socialista, de una red de corrupción por parte del PSOE y UGT, la cual operó al menos durante 19 años. El “modus operandi” de la red consistía en desviar dinero público destinado a los expedientes de regulación de empleo hacia familiares, amigos y militantes del PSOE-A y UGT, ascendiendo la cuantía de lo robado a la escalofriante cifra de 680 millones de euros. En 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a 19 personas vinculadas al PSOE y UGT, de las cuales 10 personas (entre las que se encontraba el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán) fueron condenadas a penas de cárcel por los delitos de malversación y prevaricación, mientras que otras 9 personas (entre las que se hallaba el también expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves) fueron condenadas a penas de inhabilitación para cargo público por el delito de prevaricación, cerrándose así el mayor caso de corrupción acaecido en España.

Actualmente el PSOE se halla inmerso en otro gran caso de corrupción como es el Caso Koldo”, relacionado con el cobro de comisiones irregulares en la compra de material sanitario en el año 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas por parte del Ministerio de Transportes (cuando José Luis Ábalos era ministro), del Ministerio del Interior (dirigido por Fernando Grande-Marlaska), del Servicio de Salud de Baleares (cuando la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, era presidenta balear) y del Servicio de Salud de Canarias (siendo el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presidente canario), actuando como intermediario de la trama Koldo García Izaguirre, un machaca de un burdel navarro que se convirtió, por intercesión de Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, en asesor de Ábalos y consejero de Renfe. Cabe señalar, por un lado, que la empresa adjudicataria, mediante un procedimiento de emergencia sin publicidad alguna, no tuvo apenas actividad en los ejercicios precedentes a la venta de mascarillas y carecía de experiencia en el sector sanitario, mientras que, por otro lado, el Estado invirtió en la operación 54 millones de euros, de los cuales tan solo el 13% se dedicó a la compra de mascarillas, las cuales para más inri estaban infladas de precio, desviándose más del 30% del monto total al pago de comisiones ilegales. Por todos estos hechos el juez instructor del caso y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que pueden existir delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

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Conforme se fueron conociendo los hechos el escándalo fue en aumento, hasta el punto de que el propio P. Sánchez se vio obligado a dar la cara ante la opinión pública, señalando que “el que la hace la paga”, lo cual vino a provocar que el PSOE pidiera a Ábalos que entregara su acta de diputado. Sin embargo, imitando al que había sido su jefe y amigo, Ábalos ha hecho de la necesidad virtud, decidiendo quedarse como diputado en el grupo mixto, obviamente no para defender su honorabilidad como ha proclamado, sino para seguir cobrando un sueldo superior a los 5.000 euros mensuales y mantener su condición de aforado, con las ventajas jurídicas que ello conlleva.

Evidentemente, P. Sánchez, haciendo gala de su proverbial hipocresía, ha omitido explicar por qué a día de hoy todavía sigue sin estar justificado el uso dado a una partida de 748 millones de euros que su propio Gobierno destinó a la lucha contra la pandemia, y por qué si el que la hace la paga ha concedido el indulto a los líderes independentistas catalanes que estaban cumpliendo condena en la cárcel por los delitos de sedición y malversación y ahora pretende amnistiar a todas aquellas persona involucradas en el llamado “procés catalán”.

En cualquier caso, lo grave del “Caso Koldo” no es solo el enriquecimiento ilícito de altos cargos del PSOE, sino también el hecho de que éste se produjera en el momento álgido de la pandemia, cuando los sanitarios se estaban jugando literalmente la vida y cada día morían en España alrededor de mil personas, lo cual viene a poner de manifiesto que el grado de indecencia de los líderes socialistas implicados en la trama es inconmensurable.

En definitiva, todo lo relatado hasta el momento permite pensar que presuntamente el PSOE es cada vez menos un partido político y cada vez más una organización criminal, de tal forma que su madrileña sede de Ferraz cada día que pasa se asemeja más, metafóricamente hablando, a la “Cueva de Alí Babá y los 40 ladrones”.

Autor

Rafael García Alonso
Rafael García Alonso
Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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