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Se denuncia el silenciamiento de de los medios de comunicación ante la oleada de violaciones que algunos practican con impunidad. Hay una doble vara de medir la delincuencia sexual.
En la memoria colectiva el sonado caso de los sanfermines. El Tribunal Supremo revocó una sentencia de los tribunales navarros, cuya consideración de los hechos de los sanfermines fue de abuso sexual, para aumentar de nueve a quince años la condena por delito continuado de violación, agravado con vejaciones. Muchos consideraron que esta sentencia, para algunos tendenciosa, había llegado con premeditada resonancia mediática para contentar la deriva totalitaria del negocio de la violencia de género, en tanto otros tantos se daban por satisfechos al no dejar dudas sobre el carácter intimidatorio y no consentido que algún juez navarro desestimó en primera instancia.
Quince años con una revisión de condena inesperada a tenor del descontento popular que rugió, corrigieron la tibieza judicial que ponderó con cierta benevolencia los hechos, implicando la sospecha de voluntariedad de la víctima durante la orgía. La taxativa interpretación de lo acaecido en Pamplona parecía haberse regido por el sentido de urgencia con que se esperaba un agravamiento de las penas, siguiendo el curso de un juicio paralelo orquestado desde la reivindicación feminista y la protesta masiva en las calles; esos grupos espontáneos de cabildeo que callan cuando la víctima es vejada por, verbigracia objetiva y demostrada, menas a los que además financian sus fechorías con generosas ayudas sociales.
Hay una manada relevantemente encarcelada en tanto otras jaurías violan con el beneplácito de los medios de comunicación, hipócritamente interesados en silenciar el incremento de estos delitos por parte de elementos inadaptados y conflictivos. Según el trato dispensado por el periodismo comprado para reforzar el totalitarismo del pensamiento único, existen manadas de primera y segunda división.
Era evidente que una sentencia con este carácter de alarma social iba ser polémica sin que fuese posible encontrar una medida jurídica que contentara a una sociedad tan dividida como la nuestra, presa de polémica y degeneración sin límites. Los jueces habían sopesado, previsiblemente sin prejuicio, unos actos que en su esencia conllevaban una crisis de valores en los que más de media España fue educada. Pero vivimos en un siglo XXI tan confrontado como manipulado y en este caso, al margen de lo que se considere justo o injusto, la condena, no podía ser de otro modo, iba a decidirse bajo una influyente presión social, aunque afectara en mayor o menor medida a los togados. Finalmente y tras la tensión de las expectativas, el juicio paralelo se impuso al real y lo manifestó la protesta con acrecentada polémica y confrontación; algo muy coherente en la medida de que afecta a toda la ciudadanía por indignación, si prescindiéramos del sospechoso toque demagógico con que se ejercitan.
El juicio de los togados navarros no pareció celebrarse con ligereza y realizó una pormenorizada investigación de lo sucedido. Para algunos, la víctima había traspasado con voluntariedad los límites de la consciencia y la autoestima y adentrado en una aventura desdichada donde los otros fueron fáciles protagonistas de su irresponsabilidad como mujer. Para otros la víctima fue violada sin consentimiento y se la forzó con la absoluta indefensión que representaba la actuación de cinco bestias contra una desvalida joven. El Tribunal Supremo falló en medio de la polémica lo que en la calle siguió sin estar claro.
Lo que demuestran estos hechos juzgados-y deberían llamar a la reflexión- es una absoluta carencia de respeto por la vida individual, la libertad y el sentido común que deberían presidir esta sociedad cada vez más desorientada y sacada de quicio… Pero La Manada de Pamplona es solo una imagen pública, sistemáticamente publicitada, en tanto otros violadores, quizá más peligrosos, campan a sus anchas con la consigna de silencio en que coinciden malévolamente tantos medios de comunicación; los escandalizados con lo que en principio pareció una borrachera sexual y se convirtió en violación sin atenuantes de voluntariedad por parte de la damnificada, hasta el anuncio triunfal de la condena del Supremo como medida ejemplarizante que contrasta con la liviandad de trato penal a otros delincuentes con marchamo de depredadores sexuales. Esta honestidad profesional como bien público sería creíble si no fuese porque se trasluce el sectarismo ocultando ataques sexuales con más violenta intimidación. La diferencia es que los delincuentes sexuales organizados parecen gozar, hasta en los tribunales, de una impunidad sistemática si en su cédula de identidad se reflejan nombres exóticos. Ustedes ya me entienden.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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No se sabe bien si de verdad hay una ola de violaciones o hay mas o menos las mismas que hay desde que Sanchez se hizo con el poder entrando por la gatera, lo que si se sabe es que se esta publicitando y magnificando el delito( como el mal llamado de violencia de genero) para dar soporte a toda esa basura ministrial que Sanchez creo para alegria de Podemos.
Lo que si es absurdo es llamar violencia de genero y hasta delito de violación que a una chica le echen un piropo por la calle.
En cualquier caso quienes gobiernan son los inutiles del Psoe-Podemos
Que lo arreglen y se dejen de monsergas
Los medios de comunicación están ocultando, de forma premeditada, las identidades de quienes cometen el 99% de las violaciones que se están produciendo en España durante los últimos años porque no quieren que los españoles relacionen esas violaciones con la nacionalidad de los inmigrantes que las cometen.