Por naturaleza, principios y estrategia el PSOE nunca dejará de vejar a la justicia. Por Jesús Aguilar Marina

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Tras la muerte de Franco, y aun unos años antes, el futuro de España se trazó en las sedes de poder de nuestros enemigos exteriores, que vieron en el PSOE el instrumento idóneo, por sus experiencias hispanófobas y su historial de crímenes, para llevar a cabo su política de debilitamiento hispano. Nada más idóneo para lograr dicho desgaste paulatino que tener el troyano en casa. Un troyano, por cierto, suficientemente blanqueado, embellecido y financiado.

Así, con estos antecedentes, era lógico y necesario que nuestra política, a lo largo de la Transición, orientada y presidida por el PSOE, se convirtiera en la profesión del engaño. Quien más enreda y embauca, quien más maturrangas utiliza es quien antes alcanza el poder y más años permanece en él. Y, en consecuencia, esa permanencia, asistida por el control institucional del poderoso, favorece y estimula el golpismo permanente, que es en lo que llevamos años instalados.

Sin salirnos de la actualidad, por ejemplo, dado el trasiego que nuestros delincuentes políticos se traen con el CGPJ, y también con la Fiscalía, sabedores de que sus ilegalidades se pierden en la impunidad más absoluta, los cínicos socialistas y sus cómplices pueden permitirse excusar sus ataques a la Constitución, diciendo, como con su natural descaro han dicho en numerosas ocasiones, que les preocupa la judicialización de la política. Pretendiendo tapar con ello su falta de respeto hacia las instituciones, en este caso hacia la judicatura del Estado.

La relación del PSOE con la justicia ha sido siempre una historia de fagocitación. No ha dejado de englobar y digerir toda cédula judicial a su alcance. Entre los Ministerios de Justicia del socialismo obrero español y los fiscales y los jueces no ha dejado de haber diferencias y tensiones, resueltas hasta ahora a favor de los delincuentes. Esa historia socialista nos dice que, puestos a fagocitar, no ha sido uno, ni dos, ni tres, los fiscales generales ni los jueces que, aun siendo hombres de su confianza, han sido devorados por la bestia. Y que así seguirá, tan voraz, si alguien no lo remedia.

Los tejemanejes actuales, pues, forman parte de esa historia de la infamia y del crimen del partido de la rosa roja y confirman la total falta de respeto del actual Gobierno socialista, y de sus antecesores, hacia la independencia de la justicia. Y de paso culminan de manera peligrosa e intolerable una costumbre de acoso y menosprecio hacia el CGPJ y el Ministerio Fiscal, manifestada con creces desde los tiempos del felipismo, remitiéndonos sólo al período histórico conocido como Transición.

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A estas alturas no es preciso recordar a nadie, según célebres palabras de Alfonso Guerra, la ejemplar muerte de Montesquieu, sobre cuya tumba los socialistas y sus compinches no han dejado de echar, día tras día, carretones de tierra. De ahí que esta enésima crisis judicial obedezca, una vez más, a la voluntad del Poder Ejecutivo de expandir sus poderes y controlar todas las instituciones constitucionales para poder dirigirlas a favor de sus intereses, y los de sus amos extranjeros, sin efectos colaterales.

Y como hasta ahora les han salido bien las trampas y los chantajes, es por lo que en Justicia creen que pueden seguir excediéndose en sus atribuciones legales con los tribunales y magistrados, y que pueden seguir sometiendo a los jueces menos tiznados por «el polvo del camino», sin que despierten las rebeldías ciudadanas ni existan las lógicas derivaciones carcelarias.

Es obvio que el afán del Gobierno para instrumentalizar a los magistrados, y así poder manipular la Administración de Justicia, imponiendo su punto de vista partidista, ideológico y delictivo, no encaja con la independencia judicial ni, sobre todo, con la Constitución, que no prevé que el Gobierno tenga facultades para dirigir o actuar sobre la eficacia negativa del tercer poder. Algo que a nuestros frentepopulistas no les aparta un ardite de su objetivo, pues nunca han cejado en el propósito, ni cejarán por las buenas, de hacer de la institución de Justicia, como del resto de las instituciones, unos órganos absolutamente subordinados a sus fines.

Si desalentador resulta recordar la «etapa Torres» o la «etapa Eligio» o las que vinieron después, inquieta pensar -en este momento de derribo en el que se haya la patria- en el papel que pueden jugar unos fiscales y unos jueces con trayectorias caracterizadas por la docilidad a la antiespaña, cuyo rigor jurídico es inversamente proporcional a su supeditación a la voluntad política del Ejecutivo. Porque los relevos, los perfiles y orientaciones de los magistrados en espera y las triquiñuelas e ilegalidades para nombrarles muestran hasta qué punto el Gobierno desprecia la Justicia.

Bastará repasar sus trayectorias para constatar que no acceden al cargo avalados primordialmente por su experiencia o por su cualificación técnica, sino que vienen elegidos tras ocupar cargos políticos partidistas o evidentes afinidades sectarias. Y que sus fidelidades son inequívocas, como ha venido subrayando la experiencia a lo largo de las últimas décadas.

Tales nombramientos, si, como nos tememos, llegaran a producirse ante el silencio y la aceptación de los representantes de las restantes instituciones, vulneran flagrantemente no ya sólo el espíritu de la Justicia, sino esencialmente la letra y el espíritu de la Constitución. Y todo ello mediante añagazas sibilinas, más o menos técnicas, y humillaciones continuas a la legalidad.

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Tanto los componentes del CGPJ como los integrantes de la Fiscalía deben ser juristas de prestigio en lo profesional y en lo moral, y nadie de entre la judicatura debiera jugarse ese prestigio por actuar sin seguir los principios de legalidad e imparcialidad, que es a lo que se opone el Gobierno con el aplauso de sus cómplices.

A la vista está que Pedro Sánchez -dirigido por sus amos- no trata de resolver los problemas de España, sino de incrementarlos hasta lograr la asfixia de la nación, y para ello está dispuesto a silenciar y condenar a todos los que se enfrenten a él y a sus objetivos. Este es su programa, consecuencia de sus proyectos antiespañoles y de esa vieja filosofía socialista de que quien se atreva a criticarles, paga las consecuencias.

Alguien debiera poner pies en pared y enfrentarse al permanente golpismo de quienes esconden la mano amparándose en la democracia. Medios técnicos y administrativos hay. Pero no parece haber voluntad. Y en cuanto a la conciencia pública ya se vienen encargando con éxito los medios informativos oficiales de que no despierte.

Si en general es lamentable la actitud del socialismo y de sus cómplices en tantísimos casos y, en concreto, en el que nos ocupa, en cuanto cercena la legítima y necesaria autonomía del CGPJ, y también del Ministerio Fiscal, cuando corresponde, más lamentable aún es que estos permanentes atropellos a la ley en general y a la Constitución en particular, cometidos contra todos los ámbitos de nuestra convivencia, sean consumados ante la pasividad de los que, por responsabilidad, por representación y por juramento, están obligados a impedirlo.

Autor

Jesús Aguilar Marina: Madrid (1945) Poeta, crítico, articulista y narrador, ha obtenido con sus libros numerosos premios de poesía de alcance internacional y ha sido incluido en varias antologías. Sus colaboraciones periodísticas, poéticas y críticas se han dispersado por diversas publicaciones de España y América.