La evaluación de los funcionarios será un fracaso. Por Enrique Miguel Sánchez Motos

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En la portada de El Mundo del 22 de diciembre aparece un titular que dice “Los funcionarios serán evaluados cada año y podrán perder sueldo”. Voy a ser rotundo para empezar el artículo: Este proyecto será un fracaso. Por ello debo justificar esta conclusión.

La noticia procede del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige la ministra Maria Jesus Montero Cuadrado desde 2018 hasta ahora. Antes había sido Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía desde 2013 a 2018 y ocupado otras Consejerías en Andalucía desde 2004. Es decir, ha sido un cargo público de primerísimo nivel desde hace 18 años.

Sin embargo, tan solo ahora, al final previsible del Gobierno de Sánchez, se le ocurre esta idea, que pretende poner en práctica, aprisa y corriendo, a fin de que entre en vigor, antes de que acabe la presente legislatura, lo que, según el propio Pedro Sánchez, sucederá a finales de 2023, si no es antes.

Reitero mi afirmación del inicio: Será un fracaso. ¿Por qué? Porque se pretende empezar la casa por el tejado. Voy a aportar mis razones.

Soy Administrador del Estado jubilado, con 40 años de experiencia en la Gestión y Función Pública. Durante casi 30 años, mi cometido ha sido analizar y asignar salarios a los distintos puestos de trabajo, así como abordar temas que tenían que ver con la retribución por desempeño, habitualmente conocida como productividad. Por otra parte, he tenido la satisfacción y el honor de dar muchos cursos de formación a los funcionarios públicos.

Uno de ellos, que se repitió en trece ocasiones, fue el de Cultura Organizativa. En él, con la finalidad de conocer el marco de valores que inspiraba a los funcionarios, diseñé una encuesta con 25 posibles valores motivadores del comportamiento. Tras explicarlos y acordarlos con los participantes de cada curso, hice una encuesta con plenas garantías de anonimato para lo cual yo recogía y barajaba, en presencia de todos, los cuestionarios cumplimentados. Cada funcionario elegía los cinco valores que según él primaban en el comportamiento del director de su organización y los valoraba de 5 a 1 por su grado de mayor a menor importancia en el comportamiento de su directivo.

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Para mi sorpresa, los valores que primaban en sus directivos eran a) No Crear Conflictos y b) Imagen Externa, resultados que, de forma aplastante, se repitieron en los restantes cursos. Obviamente nada hay de malo en esos dos valores por sí solos. No obstante, a continuación, en cada curso, les hacía otra encuesta con los mismos 25 valores, preguntando a los participantes a qué valores darían prioridad en su comportamiento si ellos fueran nombrados directivos. Su respuesta fue a) Eficiencia b) Satisfacción del Cliente, mientras que a los valores de no crear conflictos e imagen externa los colocaban en último lugar.

¿Qué conclusiones se desprendían de los resultados de ambas encuestas? ¿Confiaban los funcionarios en sus directivos o consideraban que el interés principal de estos era mantenerse en sus puestos? La respuesta es obvia. No tenían gran confianza en ellos y se acoplaban a lo que ordenasen o esperasen sus directivos. Los valores a los que darían prioridad no tenían nada que ver con los valores que priorizaban sus directivos.

Por tanto, evaluar al funcionario es empezar la casa por el tejado. Lo primero que habría que evaluar son los resultados de cada institución, organismo o centro directivo: ¿En qué medida están satisfechos los clientes, en particular los ciudadanos, con los servicios que se les dan? ¿En qué medida esos servicios tienen unos costes razonables? ¿Se calculan los costes de cada tipo de servicio? ¿Se aprovechan las capacidades de los funcionarios? ¿Se les consulta su opinión sobre su satisfacción con su trabajo? ¿Se definen, revisan y mejoran los procesos? ¿Cómo ha podido crearse y mantenerse una ingeniería financiera de corrupción como los ERE? ¿Cómo pueden darse tantas corrupciones en los procesos de contratación? ¿Se revisa el uso dado a las subvenciones? Etc.

Todo ello se puede hacer. Se debe otorgar la primera prioridad a evaluar y analizar el sistema administrativo vigente para evitar que sean posibles corrupciones e ineficiencias. Por cierto, permítaseme un poco de publicidad, en mi libro Excelencia en la Gestión, fácilmente adquirible en Amazon por un precio muy asequible, además de todo el detalle de los resultados de la encuesta citada, aparecen todos estos temas y sus soluciones. Son fórmulas de gestión reconocidas universalmente que la Administración del Estado se propuso implementar desde mediados de los años noventa, pero a las que no se les dio la necesaria prioridad. Por ello sólo muy pocos Ministerios y Organismos las aplican.

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Reiterando mi rotunda afirmación del inicio, pretender que la evaluación individual de los funcionarios sea “un instrumento clave para mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos” es mero aire caliente. Diversos gobiernos han aludido a ello como fórmula mágica y han fracasado siempre. Es previamente necesario priorizar la evaluación de la eficiencia y calidad de las organizaciones, lo que lleva a detectar los problemas y dar soluciones eficaces.

A continuación, es necesaria, la profesionalización de los puestos directivos, cosa que en España adolecemos si comparamos con la estabilidad profesional de los directivos en Francia, Alemania o Gran Bretaña. Después son ellos los que deben ser evaluados en función de los resultados del Organismo o Centro Directivo que dirigen.

Y finalmente, cuando eso esté en marcha, cabe abordar la evaluación de desempeño de los funcionarios que estén a sus órdenes.

En conclusión, la evaluación debe empezar por las Organizaciones (Centros Directivos u Organismos), después por los funcionarios profesionales que desempeñen las jefaturas de esas organizaciones y, finalmente, aplicarse al resto de funcionarios. Empezar por estos últimos es empezar la casa por el tejado. Será una ficción, mera palabrería, que tan solo conducirá a desperdiciar el tiempo y el dinero público.