La incumplida ley 9/1983 que provocó el golpe de estado sanchista. Por Ignacio Fernández Candela

Oiga, ¿qué tiene que ver una ley reguladora del derecho de reunión con el golpe de estado que pretende Sánchez atacando la independencia del Poder Judicial? Pues todo, porque desde el mínimo detalle del incumplimiento de la Ley por parte de las autoridades, se provoca un alud de irregularidades y desobediencias que terminan arrasando el orden establecido. La Ley no es papel mojado, peo considerarla así conlleva el riesgo de que se violente impunemente hasta sus últimas consecuencias. Dicho esto, paso a describir el caso concreto que evidencia la dejadez de las autoridades competentes en el deber del cumplimiento de las leyes:

En el desempeño del deber cubrió la expectativa de lealtad con brillante profesionalidad desde su responsabilidad como alto oficial del Ejército. Su rol en la defensa de España se había cumplimentado con una hoja de servicios impecable pero fue cuando pasó a la Reserva cuando descubrió que otros no cumplían con la Ley, tal cual es obligación institucional por la que se rigen hasta las directivas que a su vez obligan a cumplir con ésta a cualquier ciudadano personal y colectivamente. Disciplinado en su obligación y devoción para con España no podía imaginar que las autoridades civiles y hasta militares supusieran una brecha de discordancia en el lineal cumplimiento del deber. Ese desatino fue el que se encontró cuando el capellán de su parroquia le comentó  que, con motivo de la celebración del Corpus Christi, estaba obligado a tramitar los permisos pertinentes para recibir una autorización y procesionar por las calles de la vecindad. Con discreción,  el oficial indagó sobre el asunto con el propio conocimiento legal que advertía con extrañeza sobre la naturaleza de una autorización que sólo requería de comunicación a las autoridades, dándose por hecho el permiso cuando existe el derecho implícito de reunión por motivos religiosos regulado por la Ley 9/1983 del 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en la tramitación de la celebración de actos religiosos en la vía pública. Poco imaginaba que con su gestión personal sobre un asunto de interés vecinal iba a bucear en un serial de incompetencias degenerativas para comprobar que la propia Administración Pública incumple la Ley con la indolencia propia de quien delinque traspasando las líneas rojas de un orden constitucional de obligado cumplimiento. Por ese resquicio de inanidad por falta de un gobierno rector, ejemplar y cumplidor de las ordenanzas, comprendió que los peores males originados por la clase política se originaban en la dejadez de funciones y el conocimiento flagrante de la violación reiterada de las leyes. Ni el Ayuntamiento de Madrid,  ni la propia Comunidad parecían estar interesados en la violación de las leyes. No solo eso, también comprobó que altos mandos militares desdeñaban la denuncia  ninguneando el empeño del Coronel.

Lo que encontró no fue solo una generalizada actitud en esa dejación de funciones sino también una flagrante violación de la ley con un implícito desprecio a su cumplimiento, además con el agravante de que la desidia de los máximos responsables traspasaba las líneas rojas como para poder calificarlos de delincuentes. Era aquella indagación la punta del iceberg de una problemática extendida que explicaba desde el detalle de su causa cómo las leyes habían sido manipuladas, flexibilizando la obligatoriedad del cumplimiento por parte de quienes deben soportar mayor peso de responsabilidad para que no sean conculcadas.

Su peregrinaje como disciplinado oficial del Ejército cumplidor del deber se prolongó durante años, con la convicción de que el ejemplo de la clase política a los ciudadanos pasa por el estricto cumplimiento de las normativas, y siendo un detalle la Ley 9/1983 sobre el derecho de reunión por motivos religiosos, era solo la punta del iceberg de un conglomerado oculto de desórdenes contra la Ley por parte de administraciones que en general, y al margen de sesgo ideológico, incumplen las leyes, ergo delinquen, con impropio desprecio hacia la ciudadanía y al deber en el ejercicio del poder. Con todos estos antecedentes de una clase política aberrante hasta en el detalle, no nos ha de extrañar que incumplimientos reiterados hayan desembocado en un golpe de Estado minimizando la Ley y al conjunto de la nación.

Con esta referencia de anomalía en la autoridad política y militar queda explicado el poco respeto por la Ley que ha sobrepasado al propio Poder Judicial, con el asalto de Pedro Sánchez a la separación de poderes. Del detalle al grueso de los males, las autoridades poseen responsabilidad en estos desvaríos permitidos por el poco empeño en el cumplimiento de las leyes. La ley 9/1983 es la fina punta del iceberg que esconde una amalgama de corrupción que con el tiempo ha atacado al orden constitucional. Por dejadez y deslealtad a la Ley vulnerada de modo reiterado por las autoridades de todo color político. Luego nos extrañan las maniobras golpistas del PSOE.