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La semana pasada hemos conocido dos importantes informes de contenido económico: el primero de ellos es el documento «Perspectivas Económicas de la OCDE, junio de 2020. La economía mundial en la cuerda floja» y el segundo, la «Comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos».
La OCDE pronostica profundas caídas de los PIBs de la práctica totalidad de los países del mundo, bajo dos escenarios: sin repunte o con repunte de un nuevo brote del virus chino. Como señala el gráfico, en ambos casos, la economía española es la que cae de manera más profunda con un descenso esperado del entorno del -15%, por delante de los 45 países analizados por el organismo internacional. Una auténtica debacle, que quizá sea todavía mayor.
El informe del Gobernador, confirma las malas perspectivas de hundimiento de la economía en los mismos términos que lo hace la OCDE.
En palabras suyas: «nos enfrentamos a una perturbación (sic) de una magnitud sin precedentes». Dejando a un lado el eufemismo del Gobernador, éste prosigue: «como ya he señalado, la crisis actual dejará como legado un nivel de endeudamiento público muy elevado… «La necesidad de sanear las finanzas de las Administraciones Públicas debe pasar a primer plano …» En este contexto, se hace necesario someter a una revisión exhaustiva los distintos capítulos presupuestarios de gasto con el objetivo de identificar aquellas áreas en las que existe margen para una mejora de eficiencia».
Lo que está claro es que el déficit del estado va a pasar del 99% en la actualidad a no menos del 120% del PIB a finales de este año. Pero este 120% esconde una trampa que es la de que este valor está calculado sobre el PIB de 2019 y no sobre el del 2020, que como acabamos de ver será mucho menor. Al disminuir el denominador, el cociente será mayor. Nada más allá de las cuatro reglas.
El desastre, está servido. Vamos a producir mucho menos, la recaudación fiscal caerá en picado, el cierre de empresas creará paro a mansalva (siete millones como poco) , los gastos sociales de desempleo y otros mucho se dispararán, -incrementados en 4.500 M/año por la «paguita» incontrolada, generalizada, disuasoria de trabajar y con efecto llamada exterior- y como el resto de gastos políticos y burocráticos no se reducirán, nos subirán los impuestos, insuficientes para atajar un déficit que será desbocado.
¿Con qué financiaremos este déficit público desbocado? Pues, con más deuda. Endeudando a nuestros hijos y nietos por más de cuarenta o cincuenta años, hasta que a los prestamistas les merezcamos garantía, que pronto se acabará. ¡Y entonces? Pues, hambre, miseria y racionamiento. Igual que Cuba, Venezuela, Guatemala, etc.
La deuda, en una economía que se precie como tal y ortodoxamente rigurosa, solo debe estar para financiar inversiones, es decir, para financiar más crecimiento, no para financiar gasto puro y duro improductivo. En definitiva, para seguir con más hambruna, que es lo que va a pasar.
De lo que se trata en definitiva es «momificar» la economía. ¿En qué consiste «momificar la economía? Pues, en acartonarla, dejarla sin los órganos básicos, sin circulación y sin vida, en definitiva estatalizar todo aquello que se mueve y matar toda iniciativa privada.
Para paliar la crisis, -no ya para volver a una situación como en la que estábamos en 2019 porque para ello tendrán que pasar al menos dos décadas- hay que hacer todo lo contrario de lo que hace el gobierno. Sólo voy a enumerar algunas medidas básicas, para salir del pozo sin fondo en que nos han sumido:
elaborar un nuevo presupuesto de base cero (un presupuesto en que se replanteen todas las partidas de gastos e ingresos bajo el criterio de la austeridad en el gasto que solo sea imprescindible y en una fiscalidad justa e igualmente la estrictamente imprescindible),
dotar a las empresas y consumidores de energía barata, para lo cual es necesario prolongar con criterios de seguridad la vida útil de las centrales nucleares, la energía actualmente más barata,
como ya he dicho, rebajar los impuestos hasta los necesariamente estrictos y suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones que son figuras impositivas que suponen una doble imposición sobre lo ya tributado,
recortar grasa política y subvenciones, para que como ocurre en la actualidad dejen de darse 14.000 millones en subvenciones sin justificar y sin estar sujetas al más mínimo control de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado),
llevar a cabo una estricta política presupuestaria, tendente al equilibrio a medio plazo de las cuentas públicas para:
rebajar la deuda pública a niveles, al menos del 60% del PIB, a medio plazo para no hipotecar el bienestar de las generaciones de nuestros hijos y nietos,
reformar el sector público empresarial, dejándolo en los servicios esenciales que por razones de seguridad e interés nacional no pueda llevar a cabo la iniciativa privada.
Evidentemente, este gobierno en lo social odia la libertad, la pluralidad política, la independencia de las instituciones, en especial la independencia de la justicia, la división de poderes pero, en lo económico también odia la libertad de empresa, la iniciativa privada, la educación y la sanidad privadas.
Son acérrimos defensores de boquilla de lo público pero, cuando ellos se ponen enfermos acuden a la sanidad más rabiosamente privada y cara, al igual que llevan a sus hijos a los liceos extranjeros y los colegios de religiosas. Odian la empresa privada, pero no tienen problema alguno en buscarse opíparos retiros en las empresas públicas y en las reguladas y no reguladas por el gobierno, del IBEX 35.
El gobierno y, sobre todo su comunista Vicepresidente 2º, lo tienen claro. Su principal objetivo es momificar y esclerotizar la economía para cuanto peor, mejor; en definitiva, para depauperar y empobrecer a grandes capas de la población para hacerla sumisa electoralmente.
Ya llevan mucho camino recorrido: sólo el 35% de empleados del sector privado (autónomos y asalariados) sostienen y mantienen al 58,5% restante de los 47 millones de personas que viven en España ( jubilados, pensionistas, parados, otros inactivos), junto con otros más (el 6,85%) (políticos, funcionarios, empleados públicos y un largo etc) que, aunque activos, también dependen del estado. En definitiva, del estado depende en estos momentos el 65,5% de la población.
Se trata de un esquema económica y socialmente inviable, pero muy acorde a sus intereses de controlar a una población sumisa. El control económico es condición necesaria, pero no suficiente para domesticar a la sociedad. La siguiente cuestión es una labor de ingeniería social que inició el vende patrias Zapatero con las leyes de memoria histórica, de género, el adoctrinamiento en la educación y el lavado de cerebro de toda esta ingeniería social que controlan a través de los mass media, que Rajoy asumió y este gobierno está dispuesto a acrecentar.
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