Legalizada la confiscación en España: de la clase propietaria del franquismo a los “okupas” impunes de la democracia . Por José Miguel Pérez

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El pasado día 22 de diciembre, le tocó la lotería a centenares de españoles agraciados por el sorteo de Navidad, pero también a los okupas, a los maleantes y a los nichos clientelares que forman la base social de apoyo a Podemos y PSOE. Y es que fue aprobado el Decreto de legalización encubierta de la okupación y de la confiscación contra los inmuebles de la clase media española. Es el famoso “Decreto antidesahucios”.

Pretextando la “protección a los vulnerables”, el gobierno comunista español ha transformado a peor – que ya era difícil- el Decreto ley de 31 de marzo de 2020 que se presentó como la fórmula magistral para impedir el desahucio de afectados por el paro y los ERTE, es decir, de los supuestos atropellados por la crisis económica originada por la pandemia. La realidad es que tal Decreto fue el marco coactivo para llevar a miles de propietarios de vivienda, arrendadores dependientes de las rentas originadas por sus inmuebles alquilados, a un hundimiento económico sin precedentes. Los aprovechados de esta situación fueron, mayoritariamente, inmigrantes ilegales, okupas impunes ante la ley y parásitos pegados a la subvención clientelar sabedores de su inmunidad para la usurpación.

El 22 de diciembre, con el nuevo decreto antidesahucios, se dio una vuelta de tuerca más a la confiscación de la propiedad privada y para su transferencia, por la vía fáctica, a los okupas, los inmigrantes ilegales y los parásitos delincuentes. El nuevo Decreto antidesahucios pretende prolongarse hasta mayo de 2021y por tanto extenderá su duración hasta el “supuesto” final del presente Estado de abuso de poder y de dictadura llamado “de alarma” y que se prorrogó por 6 meses con la única oposición política de Vox.

Los servicios sociales, ocupados muchas veces por correveidiles de la izquierda, tendrán el poder de decisión para validar a los okupas. La justificación de la “vulnerabilidad” del okupa debido a la escasez de sus ingresos o sus cargas familiares o siendo una víctima de “violencia machista”, será suficiente para que ningún arrendador o propietario pueda desahuciar de su vivienda al moroso, al incumplidor o al delincuente. Si el propietario del inmueble ostenta diez viviendas o más, y las tiene desocupadas, la irrupción de un okupa se considerará legítima y amparada legalmente.

El Decreto contiene un camuflaje para su maldad expropiadora. El moroso y usurpador, beneficiado por la norma legal, deberá ser “reubicado” tras tres meses de su ocupación ilegal denunciada, en un inmueble social de los gestionados por las Administraciones autonómicas, y el arrendador o propietario damnificado podrá pedir una “compensación” económica que será la que el gobierno establezca a su albedrío y según un índice de precios medios de alquiler manipulado a su antojo. Como es bien sabido, las viviendas sociales son apenas existentes ya en España al haber sido desarticulado el gigantesco parque estatal de viviendas creado por el régimen franquista hasta 1975 (más de 5.000.000) y haberse vendido a especuladores bancarios, grandes promotores y fondos buitre. La “reubicación” de los morosos y okupas será imposible por tanto. Pero es que además los arrendadores o propietarios de inmuebles damnificados no cobrarán ninguna compensación: el sistema administrativo calamitoso que no paga los ERTE, o que se colapsa ante la recepción de la petición del “ingreso minimo vital” o de los subsidios de paro, ¿resarcirá como es debido a los propietarios afectados? ¿Acaso les compensará por los destrozos en el inmueble o por los costes de suministro de agua, luz o gas que consuman los okupas y que no podrán ser cortados durante su estancia por el propietario?

Evidentemente, asistimos a la consumación del asalto a la propiedad privada por la vía del fraude de ley convertido en ley; por la vía del comunismo odiador de la clase media propietaria de vivienda; por la vía de la mentira hecha norma legal para esquilmar a los trabajadores españoles que con su esfuerzo o la herencia de sus ancestros construyeron sus viviendas, y que son poseedores del 90 por cien de las viviendas en alquiler en nuestro país.

El Decreto antidesahucios es un ataque a la clase media y trabajadora propietaria que no podrá recuperar un bien inmueble por el que seguirá pagando impuestos, así como los recibos de luz, agua o gas, pese a estar usurpado por un okupa.

La clase media propietaria de viviendas nació a partir de los años 50 del pasado siglo, cuando la recuperación económica de España y los diseños sociales del Ministerio de Trabajo y Vivienda destinados a sembrar España de inmuebles accesibles para todos los salarios obreros y para los damnificados por situaciones de pobreza o catástrofe, hicieron crecer el parque de viviendas español un 113 por cien entre 1939 y 1975. Más del 50 por cien de viviendas en el mercado eran de promoción pública y social en 1975, y estaban ajustadas al pago de Letras para su adquisición, sujetas al control de precios para evitar la especulación y sin la existencia de hipotecas bancarios usurarias. Las familias españolas se convirtieron, para 1975, en las mayores propietarias de vivienda de toda Europa occidental. La amplia existencia de un mercado de vivienda social bajo la tutela de las directrices del Ministerio de Trabajo y vivienda en competencia con las promociones privadas, provocaba que los precios de adquisición nunca fueran inasumibles ni excesivos y que siempre hubiese al abasto de los españoles humildes un techo y un derecho material a vivienda que se cumplía como parte del Fuero del Trabajo de 1938 y del Fuero de los españoles de 1945, las leyes fundamentales que hilvanaban los potentes derechos sociales de la época franquista.

La destrucción del parque estatal de vivienda social durante los últimos 40 años ha sido posible por el PSOE y PP, pero también por los comunistas podemitas que con Manuela Carmena terminaron por desamortizar las viviendas sociales madrileñas que Ana Botella ya había comenzado a depredar en favor de los fondos buitre. Ni una sola acción gubernativa ni jurídica podemita ha servido para defender la vivienda social, ni para construir más y, de hecho, algunos podemitas como Ramón Espinar han especulado con viviendas sociales hurtadas a los más desfavorecidos y otros, como Pablo Iglesias, focalizan sus esfuerzos en concentrar el derecho a vivienda propio en mansiones de lujo amuralladas y en Galapagar.

En definitiva: la expropiación ya tiene la puerta abierta en España. Los nichos clientelares del voto cautivo progre (okupas, parásitos bohemios, falso denunciantas de violencia “machista”, inmigrantes ilegales, delincuentes, maleantes, subsidiados) tendrán derecho a usurpar viviendas gracias a la plena indefensión de propietarios y arrendadores que además les pagarán religiosamente los suministros de luz, agua y gas, pues cortarlos supondrá un delito de coacciones. El mercado español del alquiler disparará su burbuja de precios abultados, pues cada vez menos propietarios arrendarán sus inmuebles ante el temor a los invasores. La izquierda una vez más y como en Venezuela, trae expropiación, miseria, injusticia y destrucción de la clase media.