El pozo sin fondo de la sanidad pública. Por Salvador Ruso Pacheco

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En España la asistencia sanitaria es un bien cuya provisión es pública, a través de los presupuestos del Estado, pero que se puede dispensar por el sector público o privado.

La economía pública debe aplicar el principio de la racionalidad económica, según el cual se debe elegir el método de producción de cualquier bien o servicio público que minimice el coste, garantizando la mejor calidad.

El Estado debería garantizar que se realice con la máxima calidad, al menor precio e igual en cada sitio de España.

La libre elección del prestador del servicio viene funcionando en España desde hace más de 50 años, aunque solo para los colectivos de funcionarios, fuerzas de orden público, militares y empleados de ayuntamientos. En estos grupos, a través de sus mutualidades, pueden elegir que la prestación sanitaria la realice bien el sistema público o compañías de seguros privadas. Más del 90% de esas personas eligen la prestación del servicio sanitario a través de una aseguradora privada y además a las mutualidades les resulta un 50% más barato contratar con empresas privadas que con la sanidad pública.

En 2010 Price Waterhouse Coopers estudió el gasto sanitario público del sistema nacional de salud en España en un periodo de 5 años, encontrando que fue, como promedio, un 50% más caro que lo percibido por las empresas aseguradoras de las mutualidades de funcionarios, policías y jueces, para la misma población.

Otra experiencia llamativa es el modelo de gestión privada manteniendo la propiedad pública del hospital, que se impulsó en Valencia y en Madrid con un contrato de gestión y reversión del mismo al cabo de los años, conocido como “modelo Alzira” ya que fue allí donde primero se implantó. Yo conocí ese hospital recién inaugurado, como gerente de un hospital público y para mí, así como para todos los gestores sanitarios tanto nacionales como internacionales que lo conocimos, nos pareció de otro planeta, por la calidad tanto asistencial como de trato al paciente. Hace unos tres años revertió a la gestión pública al llegar los socialistas al gobierno, y el mismo hospital, con igual población adscrita hoy día es un 40% más caro y la calidad tanto asistencial como la percibida por los pacientes produce pena y rabia a los que entonces nos pareció un hospital de otro planeta. Hoy sigue siéndolo, pero del planeta comunista, como los hospitales de Cuba Nicaragua o Venezuela.

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Hace menos de un mes el hospital de Torrevieja, que se construyó y funcionó con el mismo modelo de gestión, se revirtió de privado a público. El hospital fue gestionado durante 15 años por una empresa privada y consiguió más de 40 premios nacionales e internacionales a la calidad de la asistencia médica que prestaba.

Fue tan llamativa estas distinciones que a lo largo de estos años recibió más de 100 visitas de directivos de otros hospitales nacionales e internacionales, siendo puesto como ejemplo en la Universidad de Berkeley y en la Harvard Business School. La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana lo calificó departamento más eficiente y con los mejores indicadores de calidad, menos listas de espera, más inversión por habitante y mayor esperanza de vida. Hoy faltan médicos y la asistencia está suspendida en muchas especialidades. Seguramente cuando se reanude la asistencia sanitaria que hasta hace un mes tenía Torrevieja, se hará a un coste desproporcionado y con mucha menor calidad. Si este modelo se extendiese a toda España, el ahorro anual sería de unos 9.763 millones de euros al año.

El sistema público de asistencia sanitaria no solo es mucho más caro que el privado, sino que tiende a desincentivar a los profesionales, al recibir el mismo sueldo y trato los más brillantes como los que en lugar de trabajar pasean su cuerpo por el hospital y entorpecen a los pocos profesionales que trabajan con dedicación, eficacia y vocación.

La única forma de garantizar que la sanidad sea un bien universal y gratuito para los españoles en los próximos años es que la gestión de este recurso pase a ser privada, y que la administración controle y garantice la calidad del servicio, en lugar de ser un lugar donde hacer demagogia e ideología partidista.