Memoria Democrática, fin de la Monarquía (I) Por Luis Alberto Calderón

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Felipe VI ha sancionado la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Según el Preámbulo de esta norma una de sus finalidades es evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia, y el artículo 1, de su Título Preliminar, recuperar y difundir la memoria democrática, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones. Sinceramente, esto lo debe entender el autor de tal nefasta y ripiosa oración.

Analicemos lo anterior. Si una de sus finalidades es evitar la repetición de episodios trágicos, el apartado 3 del artículo 1 solo se refiere al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Esto es, solo menciona esta ley como episodio trágico el alzamiento del 18 de julio, por lo que se hace vidente que la finalidad no es otra que atacar lo que se ha venido a conocer como el Franquismo a partir de la indicada fecha. ¡Mira que hemos tenido episodios trágicos en la historia de España, como la revolución de 1934, pero como esta fue hecha por los capital-comunistas parece que de trágico no hubo nada, pese a las muertes violentas causados por los mineros asturianos!

Yo pensaba que estaba recuperada y difundida esta democracia inorgánica desde la Ley 1/1977, para la Reforma Política, por la que, jurídicamente, se eliminaban las estructuras de la dictadura franquista. Pero no, esa dictadura se alarga a la proclamación de la Constitución de 1978, con lo que Adolfo Suárez y el propio Rey Juan Carlos pueden ser pasados por la revisión de esta ley por franquistas, lo que realmente fueron para luego renegar de ello.

En otro orden, esta ley busca la cohesión y solidaridad entre las distintas generaciones. ¿Es que no estaba suficientemente cohesionada y solidarizada en un fin común, como era el de salir de la tragedia de la guerra civil? ¿No consiguieron las generaciones de la propia guerra y las posteriores una clase media en la que se eliminaron las más profundas diferencias que llevaron a la guerra civil?

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Si el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 20/22 dice fundamentarse en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, lo que va a conseguir es todo lo contrario. Primero, porque la verdad histórica no puede desvirtuarse con la simple promulgación de la ley, puesto que la verdad es la que es, pues la verdad prevalece sobre el nombre dado a las cosas, al hecho y a la relación de derecho. Segundo, porque esta ley no repara ni garantiza que no se vuelva a repetir una nueva confrontación civil cuando se hace nuevo recordatorio y distingo de los que fueron buenos y malos, introduciendo en este último término todos aquellos que formaron parte de los movimientos políticos y ejército nacionales.

Lo más absurdo de esta Ley es declarar ilegal el régimen franquista, porque ello es tan absurdo como declarar ilegal al régimen soviético de 1917. Y absurdo es que si se declara ilegal igualmente de ilegal es la actual monarquía, pues esta nace de la Ley de Sucesión, y como antes indiqué, el propio PSOE y este gobierno actual al proceder de la antes indicada Ley de Reforma Política, anterior a la Constitución de 1978. No me llego a explicar cómo Felipe VI ha puesto la firma en esta Ley 20/2022, porque es la muerte de la monarquía que ahora representa.

La izquierda -con la evidente colaboración de la derecha- ha conseguido que su legalidad actual impere, pero esta legalidad carece de toda fuerza de convicción, pues la tiranía que aquellas representan hacen que a lo injusto se llame justo. Carl Smith reconoció que solo es ilegal y tirano quien ejerce el poder estatal sin tener de su parte la mayoría del 51 por 100. El actual gobierno capital-comunista piensa que ya no comete injusticas al poseer una mayoría superior al 51 por cien, convirtiendo en Derecho y legalidad todo lo que hace, olvidando que el Congreso de los Diputados no representa ese 51 por 100 respecto de la sociedad real, sino inferior al mismo, con lo que todo su actuar se convierte igualmente en ilegalidad, pues si esa supuesta mayoría fija a su arbitrio la legalidad, está declarando ilegales a sus adversarios políticos, poniéndolos fuera de la ley, y en definitiva, convirtiendo a todos los que no pensamos en la línea exigida en enemigos.

La Ley 20/2022 declara, de igual manera, ilegal la Transición, pues si esta forma parte también del régimen franquista, aquella también es condenada. Si Sánchez y los suyos hubiesen leído a Unamuno, habrían advertido que todos los momentos históricos son de transición, por lo que la obra mejor que un hombre puede legar es su ejemplo, en el que los demás puedan mirarse como un espejo, espero muy alejado del actual presidente de gobierno.

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Los legisladores de la Ley 20/2022 piensan que con lo escrito está todo dicho, cuando la Historia es la palabra, esto es, lo dicho y no lo escrito, pues en el principio fue el Verbo y no la letra, y la palabra fluye como el río, sin que la escritura pueda cambiar o modificar la realidad que fue y la que será.