El magistrado que sigue arrastrando la toga por el lodazal de la política. Por José Enrique Villarino Valdivielso

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Cándido Conde Pumpido ha vuelto a los papeles con motivo de su voto particular a la sentencia del TC declarando inconstitucional el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma, contra el que puso recurso Vox y que todavía esta alta magistratura no se ha dignado hacer pública.

Nunca salió de los papeles porque siempre se ha distinguido por zascandilear a diestra y siniestra, más bien a siniestra y se le adjudican oscuros tejemanejes, que vaya usted a saber. Este personaje ni es cándido, ni es conde y su segundo apellido responde más bien a un participio que rima en sus cinco últimas letras con Pumpido.

Este magistrado, ahora del Tribunal Constitucional, fue fiscal general del estado con el indigente intelectual Rodríguez Zapatero y ya dijo por entonces algo parecido a lo de enfangar las togas en los lodos del camino, como vía para resolver problemas jurídicos que no le viniesen bien al gobierno de turno, que para este señor, oh casualidad, suelen ser los gobiernos de izquierdas.

Es un miembro destacado de una de las parroquias políticas, disfrazadas de asociaciones, que se auto denominan «jueces para la democracia», o «jueces pogresistas», como si fuera de ellos no hubiesen jueces demócratas. Los jueces a mi juicio han de ser jueces, y punto. Esta etiqueta de «….. para la democracia» y «progresistas», sean jueces, obispos, ministros, etc, no es más que un latiguillo que se inventaron, al poco de la llamada transición, una gran mayoría de profesionales, pseudo-intelectuales, clérigos, etc para no denominarse llana y abiertamente de izquierdas.

Los votos particulares que suelen emitir los magistrados cuando actúan colegiadamente en una causa, sirven para desmarcarse de la sentencia emitida y hacer constar su criterio personal discordante con el de la mayoría. Lo anterior, está muy bien. Pero se pervierte la naturaleza del voto particular cuando éste se utiliza para ciscarse en la opinión de sus compañeros e insultarlos.

Su arrogancia es manifiesta cuando afirma que «proponer que se garantizan mejor los derechos de los ciudadanos suprimiéndolos en lugar de restringiéndolos y dejando incólumes algunas de sus garantías constitucionales es no entender el sistema de derechos fundamentales establecido en nuestra norma fundamental».

O sea, que él es el único capacitado para entender el sistema de derechos fundamentales establecidos en nuestra norma fundamental. Sus compañeros de sala, no. ¿No será más bien que él sí entiende muy bien el sistema de prebendas, amiguismos y cabildeos por el cual él ha llegado a dónde ha llegado?

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Arremete también contra sus compañeros cuando dice en su voto particular algo tan grave y ofensivo como que la sentencia «no responde en absoluto a verdaderos criterios jurídicos, pues utiliza un mero atajo argumental (calificar como suspensión una restricción intensa de un derecho fundamental con una argumentación muy pobre) para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político.»

De un plumazo, les viene a decir a sus colegas que no tienen repajolera idea de Derecho, lo que equivale a decirles que se han guiado por criterios no jurídicos y como se debe presuponer que formación jurídica sí tienen, les está adjudicando una prevaricación como un piano de gorda.

La traca final en la retahíla de insultos y reproches de ignorancia profesional que adjudica a sus seis compañeros magistrados, alcanza el culmen con la expresión «jurista de salón». A este respecto manifiesta que la sentencia es «un ejercicio más propio de un jurista de salón que del máximo intérprete de la Constitución». Sin palabras.

Este señor, al que me cuesta llamarle magistrado, en vez de hacer valer sus argumentos jurídicos en su voto particular, arremete contra la opinión de sus compañeros, ya que carece de ellos y no se corta un pelo en mostrar, no un voto particular -siempre bienvenido si es correcto en su formulación- sino su escora a favor del gobierno.

No obstante, también hay que decir que sus compañeros también han emitidos votos particulares y entre todos han dictado una sentencia muy favorable al gobierno ya que está por ver todavía que las multas por romper el confinamiento les sean devueltas a los ciudadanos. Lo que sí está claro es que la sentencia no contempla indemnizaciones patrimoniales compensatorias por las medidas adoptadas por el gobierno, bajo una justificación harto rocambolesca y peregrina.

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Como rocambolescas son las declaraciones de la señora Robles, ministra de Defensa que achaca nada más y nada menos al tribunal su «falta de sentido de estado». Lo dice una señora que ha sido magistrada del TS y que se ha prestado a dar marchamo con su presencia a todas las tropelías del psicópata gañán que soportamos de presidente.

A Conde Pumpido se le ve un plumero muy grande que es su ambición por llegar a presidir el Tribunal Constitucional del que ahora forma parte y como ve que el gobierno puede tener el tiempo tasado hasta el fin de la legislatura y no repetir -que Dios me oiga- pues quiere hacer méritos hasta entonces.

Con este gobierno no hace al caso aquello de Roma traditoribus non reddere -Roma no paga traidores- por lo cual no es de extrañar que este señor arrastre de nuevo la toga por los lodos del camino. Este gobierno paga traidores o lo que haga falta con tal de hundir nuestra nación y hundirnos a todos nosotros.