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¿Consenso lingüístico o exclusión social?

Rafael Arenas, vicepresidente segundo de Impulso Ciudadano y ex presidente de Sociedad Civil Catalana, ha valorado críticamente las recientes Jornades per renovar el consens lingüístic a Catalunya, organizadas por el PSC: “Desde los años 80 del siglo pasado, a la sumisión del castellano respecto al catalán se la denominó consenso lingüístico, y su recuperación no es más que la empresa de conseguir mantener otros 40 años esa sumisión, aunque sea de forma disimulada”. Y concluye: “si el PSC no es capaz de establecer un auténtico diálogo sobre el régimen de las lenguas en Cataluña, otros deberían intentarlohttps://www.abc.es/opinion/abci-rafael-arenas-sumision-y-consenso-linguisticos-202202172159_noticia.html?msclkid=6373de35a3d711ec80813f601aaf8df4

Es difícil no estar de acuerdo con estas valoraciones. Más complicado resulta entender las esperanzas que un sector de la Resistencia catalana al separatismo ha depositado siempre en el PSC. Pues dicho partido es responsable históricamente de: 1)Las presiones al Tribunal Constitucional para que transigiera con la Ley de Normalización de 1983.  2)La generalización del monolingüismo catalán “inmersionador” en la escuela pública. 3)La aplicación de multas lingüísticas. 4)La aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía, que tiene como objetivo blindar la privación de derechos civiles a la mayoritaria población hispanohablante. 5)El blanqueamiento del separatismo y sus símbolos.  6)La ineficacia del artículo 155, al exigir que no se aplicara a los medios públicos de comunicación ni a la enseñanza.

                                            Felipe González brindando con Pasqual Maragall y Jordi Pujol

 

El PSC y la oligarquía catalana.

En definitiva, sólo con muchas reservas puede aplicarse al PSC el calificativo de “constitucionalista”. Lo cual no es nada extraño si analizamos sus orígenes -en los últimos años del franquismo y la Transición- y el de los apellidos principales que había detrás: los Maragall, Obiols, Serra, Reventós …  Todos tenían en común 3 características:

Eran chicos de buena familia, pertenecientes a una de las oligarquías más corruptas de toda Europa: “unos 400 y siempre los mismos”, en expresión de Fèlix Millet. Que se mueven como pez en el agua por los entresijos del Círculo del Liceo, La Caixa, el Barça, el Círculo Ecuestre, el Club de Polo, el Palau de la Musica, el Ateneo … Y sin el más mínimo contacto personal con el mundo obrero, por descontado.

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A pesar de ello, tenían un notable desparpajo a la hora de crear de la nada Frentes Obreros, Movimientos Socialistas, Grupos de Liberación …

 

Siempre existían lazos familiares que les conectaban con el catalanismo político supremacista.

 

En la Transición, Felipe González y Alfonso Guerra prefirieron dejar las manos libres a este sector social para que encabezara el socialismo catalán en lugar de los elementos de clase trabajadora -muchos de ellos de origen andaluz- de la Federación Catalana del PSOE. Nunca explicaron esta opción, poco coherente a primera vista desde una perspectiva de izquierda. Sobre todo, si se tiene en cuenta que estos chicos de buena familia también coparon los puestos principales del resto del arco parlamentario. Pues de eso se trataba: monopolizar la representación política local, dejando la ideología en segundo plano. Lo ilustra a la perfección el famoso “pacto de la moneda”, entre Narcís Serra y Miquel Roca.  Además de su pertenencia a las 400 familias, compartían amistad y despacho profesional desde el cual gestionaron en 1966, en pleno franquismo, el polémico Plan de la Ribera, iniciativa del financiero Pere Duran Farrell para recalificar los terrenos industriales que se extendían desde el Besós hasta la Barceloneta. Pues bien, Serra y Roca se jugaron a cara o cruz – si non è vero è ben trovato– la militancia en el partido de Pujol y en el socialista. De hecho, eran perfectamente intercambiables.

                                  

Por el camino de la decepción.

Un gran número de distinguidos cargos del PSC  acabaron dimitiendo, decepcionados, tras muchos años en el partido y salieron dando un portazo -Julio Villacorta, Pedro Gómez Carrizo, Javier Marín, Miquel Giménez, Jesús Royo, etc.- ante la evidencia de que el PSC  no es más que un sindicato de intereses políticos personales absolutamente irreformable, en expresión de Javier Marín, y un instrumento para embaucar a los sectores populares y sacrificar permanentemente sus legítimos intereses en aras de la oligarquía de los 400.

La creación del partido Ciudadanos fue un intento de crear de la nada una fuerza política que sustituyera al PSC y fuera leal a millones de ciudadanos modestos, humillados y perjudicados por la oligarquía. Estuvo a punto de lograr su objetivo. Pero el cambio en su definición ideológica -liberal en vez de centro izquierda socialdemócrata- torció las cosas. Este inoportuno cambio vino determinado por la ambición de ocupar un espacio nacional de derechas, el del PP, en lugar de limitarse a conquistar el terreno regional de la supuesta izquierda, que era el proyecto inicial. La jugada salió mal, Ciudadanos agoniza y la tarea de jubilar al PSC sigue pendiente.

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El consenso lingüístico promovido por el PSC desde los años 80 es definido por Arenas como “aceptación de la sumisión del castellano respecto al catalán, convirtiendo en papel mojado las exigencias constitucionales derivadas de la oficialidad del español”. Más que sumisión, lo que se ha producido ha sido una sustitución de la lengua española por la regional en los ámbitos públicos. Aceptada por las élites políticas, pero nunca por la población, combatida desde las primeras asociaciones surgidas en los años 90 (Cervantina, CADECA, Tolerancia, Profesores por el Bilingüismo …), sin ningún apoyo oficial y sin que los medios reflejaran su lucha.

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REDACCIÓN