La casta judicial. Por José Enrique Villarino Valdivielso

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No me gusta nada el término «casta», máxime desde que lo trajo a la vida política el comunista de asamblea marqués de Galapagar, aunque he de admitir en que casos como el que nos va a ocupar viene bastante a cuento.

El que esto escribe tiene todo el respeto por la inmensa mayoría de jueces y fiscales que día a día ejercen la noble tarea de impartir justicia los primeros, y de defender la legalidad y representar los legítimos derechos de Estado, los segundos, si bien en todas partes a veces cuecen habas. Con ellos no van esta líneas, todo lo contrario. Estas líneas van de denunciar los comportamientos de las cúpulas de los órganos de gobierno de jueces y magistrados, así como de algunas otras altas magistraturas.

Uno de los primeros golpes de estado a la separación de poderes, lo dio un tal Felipe González en los inicios de la llamada Transición cuando pervirtió lo que decía la Constitución al respecto de cómo debían ser elegidos los órganos de gobierno del poder judicial. Lo que decía la ley orgánica 1/1980 de 10 de enero del CGPJ en su artículo 122 que 8 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial los nombra el Congreso y el Senado entre juristas de reconocida competencia. Y los otros 12 se elegirán «entre jueces y magistrados de todas las categorías». Así quedó plasmado. .

Cinco años más tarde, en 1985, con la mayoría del gobierno socialista de Felipe González se modificó la citada ley orgánica de 1980 y se fijó el que los 20 vocales los eligieran a partes iguales las dos Cámaras. Un año más tarde el Tribunal Constitucional bendijo la reforma, con lo que este alto tribunal asesinó la independencia de jueces y magistrados.

En 2001, con la mayoría de Aznar, se aprobó la L.O. 2/2001 de 28 de junio, sobre composición del CGPJ mediante el pacto suscrito por el PP y el PSOE el 28 de mayo de 2001 que estableció que los vocales del turno judicial que eligen las Cortes fueran escogidos de entre una lista que elaboran las asociaciones judiciales o entre magistrados a título individual.

De estos polvos, estos lodos. A partir de aquí, barra libre para que la inmensa mayoría de los partidos políticos puedan meter sus manazas en la justicia y hacer que los jueces y magistrados cometan en no pocas ocasiones prevaricación, como buenos estómagos agradecidos hacia quienes les deben el cargo.

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Otro atentado a la independencia de los jueces es haber admitido el asociasionismo de los jueces, cosa que tendría su lógica si estas asociaciones se limitaran a la reivindicación de sus justas reclamaciones laborales, salariales, de medios, etc, pero excluidas todas aquellas otras que llevan implícitas connotaciones políticas, que es en lo que han devenido en la realidad. Así, hay dentro de la judicatura jueces «para la democracia» o «progresistas» -en realidad lo que encubren y en realidad quieren decir estos dos epítetos es que su inspiración bebe el la ideología de «izquierdas»-, otros se autodefinen como «profesionales», u otras asociaciones bajo nombres de personajes históricos de ideología más o menos conservadora. Quiérase, o no, el asociasionismo judicial no es que tenga un tufo político, es que es puro asociasionismo político.

Yo no quiero que me juzguen jueces de derechas o de izquierdas, progresistas o retrógados, profesionales o no profesionales, etc. ¿Es que acaso no todos los jueces deben ser profesionales, y exclusivamente profesionales, al margen de cualquiera otra etiqueta? Me parece evidente que esto no es otra cosa más que demuestra la influencia de la política y los políticos sobre los jueces. Al igual que el aforismo de que la mujer del César no solo debe ser honesta sino parecerlo, los jueces deben ser profesionales y además parecerlo.

No nos extrañemos por tanto cuando un día sí y otro también, veamos distintas varas de medir aunque se juzguen delitos semejantes, en especial cuando se trata de políticos, e incluso según de qué partidos.

Solo algunos ejemplos de los infinitos que podrían ponerse:

Cuando todos unos altísimos magistrados del Supremo no vieron delito de rebelión y si una ensoñación secesionista para poder rebajar las penas a la de sedición.

Cuando la Audiencia Nacional absuelve al jefe de la policía catalana que contra su deber permitió y consintió el golpe de Octubre de 2017 en Cataluña, traicionando la Constitución.

Cuando un juez no ve delito en la visita y recepción de la delincuente vicepresidenta bolivariana Delcy por parte del ministro Ábalos, aduciendo que no era intención de aquella prevaricar, ni la del ministro de prevaricar, al tiempo que la UE pide explicaciones a la justicia española por ello.

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Cuando la fiscalía no abrió investigación alguna sobre el paradero de más de 40 maletas que acompañaban a esta delincuente.

Cuando se condena a dos ciudadanas paseantes ante la casa del vicepresidente de Galapagar a un año y seis meses de prisión, mientras que se toleran los insultos y se queman retratos del Rey.

Cuando fiscales y jueces ven como cotidianamente se vulnera la Constitución al no poder educar a niños y jóvenes en español e imponerse las lenguas vernáculas como lenguas de inmersión lingüística en aquellas regiones donde éstas existen, y tan contentos.

Cuando el Tribunal Constitucional tiene irresuelto todavía un recurso de inconstitucionalidad sobre la vulgarmente conocida como ley del aborto presentado por el PP hace más de once años.

Cuando dicho tribunal guarda en el cajón recursos por tiempo y tiempo y resuelve tarde y ya de forma inoperante.

Y así podríamos seguir.

Después de 45 años todavía los órganos de gobierno judiciales no son elegidos en exclusividad por los propios jueces y magistrados por lo que no etiquetemos al régimen que ahora tenemos en España como una auténtica democracia. La democracia no es votar cada cuatro años listas cerradas elegidas por las burocracias de los partidos. Esto es mera partitocracia, es decir, el poder de los partidos políticos. El principal pilar de una democracia es la división de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-: los representantes del pueblo que hacen las leyes y controlan al ejecutivo, los que nos gobiernan cada día y los que hacen cumplir las leyes, por las buenas o por las malas.

Pues bien, hace mucho tiempo que los jueces y magistrados han dejado en manos de los políticos el hacer cumplir, o no cumplir las leyes, con lo cual ellos mismos las están incumpliendo.