Democracia científica. Por Carlos Ferrández López

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Casi siempre hablo de política, porque como ya dijera un hombre valiente «hacemos política porque no nos gusta». No es que no me guste la política en esencia, pero detesto su actualidad, o dicho en otras palabras: amo lo que debería ser la política y odio lo que es. Y como siempre hablo de lo que detesto, es justo que hoy exponga lo que amo: esa potencialidad política, o mejor dicho: anti-política, a la que creo que sería bueno progresar.

Lo que hoy entendemos por política –el orden de la polis, de la ciudad-estado– debe tender en su evolución al desarrollo y ampliación de los derechos fundamentales, y libertades públicas; lo que desde luego, no se consigue nunca, limitando esos mismos derechos. La libertad no se puede alcanzar limitando la libertad: son ideas que no pueden participar la una de la otra, si limito la libertad la estoy destruyendo.

El reconocimiento de un derecho, no quiere decir que uno pueda rebasar los límites de su ejercicio: porque no es lo mismo el concepto que su manifestación, y la libertad en el lenguaje expresa aquello que no está limitado, pero hasta la definición como aquello a lo que define, se define y es por sus límites; o dicho en cristiano: que no puede confundirse categorías de derechos entre si ni con los que los ostentan: no puedo confundir mi libertad con la libertad de otro, porque se la quitaría, ni el estado su libertad de legislar con la del ciudadano, porque se la quitaría. La libertad es por tanto autónoma de cada sujeto que la ostenta, y así debe permanecer: el ciudadano –como tal libertad – solo debe ejercer su derecho a la libertad sobre si mismo y no sobre la de otros.

En este punto encontramos un obstáculo evidente: el consentimiento. El fundamento de la sujeción a la leyes del estado, es que el ciudadano cede voluntariamente, en régimen de condominio, su libertad al estado « la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado», pero resulta que a pesar del alardeo democrático, el estado no nos pregunta nunca si queremos o no cederle esa soberanía –no nos pide el consentimiento–, y en cuanto se trata de una cesión obligatoria, el ciudadano autónomo y soberano, pasa a ser un «subordinado o administrado», y así sucede que se contempla con una absoluta libertad formal pero carece de toda libertad material; gozá de libertad política pero carece de libertad individual, sin la cual de nada le sirve la primera.

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Este, dirán, es un argumento peligroso para la democracia, lo cual es total y absolutamente falso; si no que lejos de oponerse a la democracia, investiga sus carencia para lograr más democracia, o en mi pensamiento propio: el siguiente estadio de evolución política hacía una sociedad más próxima al significado etimológico del término demokratia: gobierno popular o gobierno del pueblo. Gobierno que no puede solo conseguirse por la vía de la representación indirecta –método más alejado la la democracia– si no que también puede hacerse por vía de la representación directa, siendo está última la más adecuada.

El problema se plantea cuando la dirección se legitima por el voto, ya que es demasiado aparatoso que todo ciudadano vote cada ley, reglamento, disposición. El argumento es lógico, y se fundamenta en una imposibilidad material. No obstante, frente a esa imposibilidad se postula la necesidad de garantizar el pluralismo político, a través de la formación de partidos políticos, que presenten a sus candidatos a las alecciones, y que estos representen en los parlamentos al ciudadano.

Con este sistema de elección se plantea un doble problemática, y que es la causa del deterioro de las instituciones: el sistema de elección no se basa en ningún criterio empírico, no se eligen a los gestores públicos por su solvencia para desempeñar el puesto que se les encomienda, si no más bien por la opinión que del líder de un partido tenga la sociedad, opinión que debe lograrse a través de la persuasión, y que obliga al político a ejercer la demagogia como método; una demagogia depurada en este contexto se convierte en su dedicación.

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¿pero como solucionar este defecto? A mi juicio, una resolución hipotética fuerte sería elegir a los cargos políticos examinándolos por oposición según el cargo a desempeñar. Formar tribunales en cada administración que elijan a sus órganos: directores generales, secretarios de estado; presentándose al examen funcionarios de la misma administración, que acrediten tener los conocimientos oportunos, dejando así al presidente de gobierno con exclusivas funciones de coordinación entre ministerios, y electo también, por un tribunal formado por el ministerio de la presidencia.

De esta manera, cada institución se vería dotada de los mejores gestores; pero lo que es aun más importante: se garantizaría una autentica separación de poderes, una autonomía entre ministerios, decisiones adoptadas en función de criterios técnicos, y no de intereses partidistas; pero lo mejor es que la paz social estaría garantizada, porque este método de lección prescinde de partidos políticos, y ya que los cargos son elegidos por criterios empíricos –indiscutibles– los demagogos de comunicación y política perderían todo su espacio, carecerían de sentido y no podrían enfrentar a la sociedad.

Así el ciudadano, podría desarrollar una vida libre y segura, contemplando el estado como una empresa colectiva, con posibilidad de participar directamente en la administración acreditando su capacidad; pasaríamos de la democracia de la opinión y de la demagogia, a la democracia de la verdad y de la ciencia.