Mientras el Gobierno no sacrifique a un perro, todo irá bien con el Covid-19. Por Diego Fierro Rodríguez

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En el año 2014, Ramiro Grau Morancho publicó un artículo titulado “Excálibur, retrato de una sociedad enferma”, en el que mostraba su sorpresa al ver “como centenares de personas se manifiestan en defensa de un pobre perro, que es posible sufra el “ébola”. Debe recordarse que, en otoño de 2014, en plena crisis del ébola y con la única infectada española, Teresa Romero, que se encontraba ingresada en el hospital de Leganés, y su marido, Javier Limón, que estaba en observación, una gran multitud se reunió en el portal de la vivienda de ambos para intentar evitar que la Policía accediese y recogiese a Excalibur, el perro de la pareja, para sacrificarlo por una orden expresa de la Consejería de Sanidad de Madrid ante el peligro que representaba el animal por la posibilidad de que fuera un vector del ébola y pudiera transmitir la enfermedad.

Teresa Romero y su marido presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Comunidad de Madrid solicitando una indemnización de 150.000 euros por los daños causados por el sacrificio de Excalibur. La Comunidad de Madrid rechazó la petición mediante una resolución del día 26 de febrero de 2015, que fue impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En abril de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia confirmando la resolución administrativa impugnada y rechazando la petición indemnizatoria, pues, “dado el escaso conocimiento científico sobre la prevención y tratamiento del virus del Ébola en general, y sobre la infección y potencial riesgo de transmisión por los perros, en particular, fue inevitable proceder al sacrificio del perro de los recurrentes”, ya que era la única opción viable “la imposibilidad real de trasladarlo vivo y de custodiarlo por personal entrenado que pudiera seguir un protocolo de actuación debidamente contrastado y en un establecimiento con condiciones de bioseguridad adecuadas para impedir el contagio de quienes entraran en contacto con el animal y, a través de ellos, a terceras personas”.

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Muchos de los que se enfrentaron a la Policía para intentar evitar el sacrificio de Excalibur, que fue inevitable ante el riesgo de extender el ébola, ahora no protestan por las alarmantes cifras de contagios y de fallecimientos vinculados con el Covid-19. El Gobierno actual no ha sabido frenar efectivamente el coronavirus y se ha limitado a pedir unidad cuando, irónicamente, algunos de los dirigentes políticas que ahora forman parte del Consejo de Ministros pidieron la dimisión de todo el Gobierno de Mariano Rajoy por la muerte de un perro.

A 2 de abril había más de 110.000 infectados y más de 10.000 muertos según los datos oficiales, representando esas estadísticas una masacre que no se puede comparar con el sacrificio de un perro. Está enfermando mucha gente y han muerto numerosas personas que eran padres, madres, hijos, hijas, hermanos, maridos y esposas que, lamentablemente, están teniendo la consideración de un simple número que debe rebasarse hasta llegar al “pico” de la pandemia.

Cuando las circunstancias cambien ante el final de la pandemia del coronavirus, sería justo y necesario exigir la responsabilidad política del Gobierno, aunque sus miembros harán todo lo posible por excusarse y atribuir las causas de las estadísticas a fuerza mayor y a maliciosas actuaciones de los partidos políticos de la oposición.