La opacidad en el cambio de las fases de la desescalada. Por Diego Fierro Rodríguez

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Fernando Simón rechazó el pasado día 6 de mayo revelar la identidad de los miembros del equipo técnico que analiza las solicitudes de las Comunidades Autónomas para avanzar en las fases de de la desescalada. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias alegó que no va a difundir sus datos porque “en todo este proceso que llevamos de varios meses las presiones que se dan por parte de la sociedad en general, y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad”.

Hay que tener presente que la falta de información sobre la identidad de los componentes del comité para la desescalada vulnera la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuyo artículo 11 establece que “Las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo” y que “A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente”, aunque la conducta contraria a ese precepto no implica la imposición de sanción alguna. Además, se vulneran otras normas.

La decisión de no dar los nombres de los miembros del comité que gestionará la desescalada es un ejemplo de absoluta falta de transparencia pública, que resulta lamentable en la medida en que impide la exigencia de la responsabilidad de los dirigentes públicos y de los técnicos que les asesoran por los errores que cometan. Precisamente, el Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, afirma que “Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”. El artículo 5 de esa misma norma señala que las Administraciones Públicas “publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”, destacando que “Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización”. Fernando Simón podría haber alegado la protección de datos para rechazar contestar a la pregunta sobre la identidad de los miembros del comité de expertos de la desescalada, pero el artículo 15 de la Ley 9/2013 establece restricciones para aportar datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias o que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor.

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Si se aportaran los nombres de los encargados de determinar las zonas que pueden ir pasando a las siguientes fases, sería raro que se pudiera llegar a presionar a los técnicos. Simplemente, se investigaría sobre su trayectoria profesional para descubrir si son aptos y si son imparciales, pero eso puede ser lo que preocupa al Gobierno, que podrá ir decidiendo sobre la desescalada apoyándose en unos técnicos directamente vinculados al PSOE y a Unidas Podemos o que a lo menor ni existen, siendo, simplemente, personajes que, colocados en el imaginario colectivo, podrán servir para justificar las decisiones que se adopten en la desescalada.