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El principio de seguridad jurídica, es uno de los principios básicos reconocidos en nuestra Carta Magna.
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio de legalidad y la seguridad jurídica (Art. 9 de la Constitución)
El principio de legalidad y la seguridad jurídica, es el sustento de todo proceso, en todos los ámbitos, civil, contencioso, social, familiar, penal, tanto para el Juez o Magistrado como para los contendientes en los pleitos.
El problema de la quiebra del principio de seguridad jurídica, se plantea cuando en un proceso, el fallo o sentencia, se dicta por varios magistrados donde hay pronunciamientos de votos particulares o discrepantes. Es en este aspecto, que el principio de seguridad jurídica, deja de ser un dogma y se convierte en un principio inestable al ser interpretada la ley de manera diferente por los juzgadores.
A diario, no encontramos con fallos- sentencias, que inclinan la balanza de un lado a otro, con tan solo un voto de diferencia.
El hecho juzgado no tiene una respuesta judicial unánime y de ahí la incertidumbre del principio constitucional de la seguridad jurídica como garante de un proceso donde una condena o una absolución finaliza con un fallo-sentencia conforme a ley.
Para el ciudadano de a pie es una gran frustración, ver como se le ha condenado en un proceso, donde los juzgadores interpretan la ley, de manera diferente y si ese resultado supone una diferencia mínima de discrepancia, la frustración alcanza mayores cuotas de desconfianza, en una justicia que debe garantizar el principio constitucional de la seguridad jurídica.
A este respecto quiero significar un hecho escandaloso y que pese a ello, no tuvo consecuencias. En el juicio de la Sala 2ª del Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por prevaricar al tratar de enjuiciar a Franco, el voto particular discrepante del fallecido magistrado Maza, fue demoledor y de una consistencia fáctica y jurídica incontestable, a pesar de ello, sus compañeros, le exculpan en una sentencia política al no atreverse a condenarle por la repercusión y presión internacional. En este juicio el Fiscal Luis Navajas se permitió el lujo de insultar y los subrayo a los Magistrados.
Obviamente, la denuncia de Manos Limpias no prosperó pues en este país, los fiscales tienen el privilegio de la impunidad.
Autor
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Miguel Bernad Remón (Bilbao, 1942) es un abogado y expolítico español.
Fue fundador en 1995 y secretario general de Manos Limpias.
Entró en política con el Frente Nacional de Blas Piñar, siendo secretario general de su partido.
En 1994, Bernad funda Derecha Española, con el que acude a las elecciones municipales de 1995.
En abril de 2016 Miguel Bernad fue detenido en el ámbito de una investigación de la AN sobre posibles extorsiones de Manos Limpias, consistentes en exigir dinero por retirar querellas previamente interpuestas.
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