Y así era la “justicia” de Stalin. Por Julio Merino

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El líder de la Unión Soviética trató de legitimar con cuatro grandes procesos la purga de los principales cuadros del partido y mandos del Ejército Rojo

Según los archivos de la NKVD solo en la gran Purga de 1937 fueron ejecutadas 681.692 personas

Amigos míos, lectores de “El Correo de España” os aconsejo que antes de leer el informe que reproduzco de “La Vanguardia” y que firma don Ramón Álvarez preparéis vuestras mentes para no salir corriendo de todo lo que huela a comunismo, porque si así fue la Justicia del dictador Stalin y así podría ser la Justicia que quieren para España los autores de la “Ley de Memoria Democrática” es para echarse a temblar. Aunque los primeros que tendrían que temblar son el Presidente Sánchez y sus compañeros de hoy, porque como se demostró en aquellas terribles “Purgas” del camarada Stalin los primeros en caer fueron los propios veteranos de la primera hora.

(Hago un paréntesis para recordar que en una de aquellas “Purgas” cayeron los soviéticos que estuvieron en la Guerra Civil española manipulando a los Gobiernos republicanos: Alexander Orlov, el organizador de la salida del oro de Moscú y el supervisor del carrillo de los asesinatos de Paracuellos del Jarama. “Roma no paga traidores”, “quien a hierro mata a hierro muere”, el Embajador Rosenberg, y los comisarios Strike, Gorier y Antoniov,)

De momento, pasen y lean:

Los antecedentes

El alcance de las purgas de Iósif Stalin en la Unión Soviética sigue siendo objeto de un intenso debate dentro y fuera de Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas. Los historiadores coinciden que las víctimas mortales –ajusticiadas o fallecidas en el rigor del gulag– se situarían en la amplia horquilla del millón a los dos millones de personas. Los archivos del NKVD –la primera policía secreta soviética, predecesora del KGB– señalan que en el período de la Gran Purga, entre 1937 y 1938, fueron ejecutadas 681.692 personas. Aunque el historiador Robert Conquest, gran estudioso de este período, eleva esta cifra al 1.750.000, según estimaciones del jefe de los archivos de la Unión Soviética y del Ministerio de Seguridad.

Conocida en Rusia como Yezhovschina –por Nikolái Yezhov, líder del NKVD–, la represión comenzó oficialmente el 30 de julio de 1937, con la orden operativa número 47. Esta orden asignaba al comisario político de cada división administrativa la autoridad de ordenar arrestos y ejecuciones sumarísimas cuando se determinasen probadas actividades contrarrevolucionarias. Para llevar a cabo tal cometido, la NKVD disponía del recurso de la tortura, según el protocolo promovido por el propio Yezhov.

Entre las víctimas más destacadas de esta depuración figuran importantes cuadros del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), de la Internacional Comunista y del Ejército Rojo. La depuración alcanzó extremos demenciales, como que de los 1.966 delegados del XVII Congreso del PCUS de 1934, 1.108 fuesen arrestados y encarcelados y en su mayor parte ejecutados. O que en Ucrania, uno de los mayores focos de la represión, 106.000 afiliados del partido fuesen ejecutados, entre ellos, 197 de los 200 miembros del Comité Central Ucraniano.

En el ámbito castrense, fueron depurados tres de los cinco mariscales del Ejército Rojo, 13 de los 15 comandantes en jefe, ocho de los nueve almirantes, 50 de los 57 generales de los cuerpos de Ejército, 154 de los 186 generales de división y 25 de los 28 comisarios de los cuerpos de Ejército. A ellos se sumaron 30.020 oficiales y suboficiales que fueron fusilados.

Stalin, junto a Nikolái Bujarin (a su izquierda), uno de los acusados en el Juicio de los Veintiuno

Aunque la mayoría de depuraciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de cobertura legal, Stalin instó personalmente la creación de un tribunal que juzgase a los principales cuadros, muchos ellos figuras destacadas de la Revolución de Octubre de gran popularidad. De ahí que en 1936 se constituyese un tribunal especial que celebró tres grandes juicios, conocidos como Procesos de Moscú.

En el primero, celebrado en agosto de 1936, 16 cargos del PCUS fueron sentenciados a muerte y ejecutados; en el segundo, que tuvo lugar en enero de 1937, se juzgaron a otros 17 cuadros, con 13 condenas a muerte y cuatro deportaciones que también acabaron resultando una lenta condena a muerte. En el tercero, celebrado en marzo de 1938 y conocido como el Juicio de los 21 por el número de acusados, fueron condenados a muerte y ejecutados 18 de los reos. Los otros tres acabarían corriendo la misma suerte apenas tres años después.

En paralelo se celebró un juicio militar secreto, en junio de 1937, que depuró toda la cúpula del Ejército Rojo. Aunque según los analistas es el Juicio de los 21 el que mejor sintetiza un proceso –el político, el policial y el judicial– en el que se conjugan de forma macabra la paranoia y el absurdo. De hecho, en este proceso fue juzgado y condenado Génrij Yagoda, quien inició con disciplina y efectividad las primeras detenciones de la Gran Purga como responsable del NKVD y a quien se llevó ante la justicia acusado de haber asesinado al escritor Maksim Gorki. Otro de los cargos contra los acusados fue el de haber atentado contra Lenin y haber tratado de hacerlo contra Stalin.

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El juicio

El Juicio de los 21 se abrió el 2 de marzo de 1938 en el Colegio Militar de la Corte Suprema de la Unión Soviética, creado ex profeso como tribunal especial para juzgar a militares de alto rango y cuadros políticos. Estaba presidido por Vasili Úlrij, quien había sido promovido paradójicamente por Lev Trotski como juez militar, y la acusación corrió a cargo de Andréi Vyshinski, fiscal general del Estado y futuro ministro de Asuntos Exteriores de la URSS. El juicio quedó visto para sentencia en apenas diez días.

Fuentes coetáneas al proceso apuntan la relación intensa que juez y fiscal mantuvieron durante éste y los otros tres juicios con Stalin y que el propio Vyshinski había sido uno de los impulsores de que la policía secreta contase en su reglamento con el uso de la tortura para obtener confesiones.

Los acusados fueron los destacados líderes revolucionarios Alekséi Rýkov, Nikolái Bujarin, Nikolái Krestinski y Christian Rakovski; el citado comisario del Pueblo de Asuntos Internos, jefe del Directorio Político Unificado del Estado –germen de la NKVD– y miembro del Comité Central del PCUS Génrij Yagoda; el secretario de Gorki y también miembro de la policía secreta Piotr Kriuchkov; los médicos Lev Levin, Ignati Kazakov y Dmitri Pletniov y los comisarios políticos y cuadros intermedios del partido Arkadi Rozengoltz, Vladímir Ivánov, Mijaíl Chernov, Grigori Grinkó, Isaac Zelenski, Akmal Ikrámov, Faizulá Jodzháiev, Vasili Sharangóvich, Prokopi Zúbarev, Pável Bulánov, Veniamín Maksímov-Dikovski y Serguéi Bessónov.

El juez Vasili Úlrij dicta sentencia en uno de los Juicios de Moscú

A tenor del artículo 58 del Código Penal de la URSS, aprobado en 1927 para perseguir las actividades contrarrevolucionarias, se les acusaba de los delitos de alta traición, espionaje, terrorismo y sabotaje, entre otros, por formar parte de una conspiración troskista de carácter internacional que pretendía la desarticulación del poder soviético, ayudar a potencias externas para atacar militarmente la Unión Soviética y promover sublevaciones internas. Además de cargos por asesinato de destacados cargos del partido y de Gorki y de haber atentado en 1918 contra Lenin e intentarlo contra Stalin.

Sólo los tres médicos contaron con defensa, ya que el resto de acusados renunciaron a ella. Asimismo, todos los acusados reconocieron los hechos por los que se les juzgaba y reafirmaron las declaraciones que habían hecho ante la NKVD, consideradas parte de la instrucción. Numerosos testimonios de la época, juristas e historiadores –incluso de la época soviética– señalan que la confesión, conseguida o no mediante la tortura, las amenazas al entorno familiar, las promesas de rehabilitación o la entrega a la Revolución suponía el principal argumento legal de los procesos de carácter político abiertos en la URSS a lo largo de décadas, a veces resueltos en juicios de apenas 15 minutos.

La sentencia

Vasili Úlrij dictó sentencia el 13 de marzo. A partir de los testimonios de los propios acusados y de otras pruebas concluyentes, quedó demostrada la culpabilidad de todos los acusados de todos los cargos. Para 18 de ellos, la pena era de muerte; para Pletniov, de 25 años de cárcel por tener conocimiento de dos asesinatos; y para Rakovski y Bessónov, de 20 y 15 años de prisión, respectivamente, por tener conocimiento de las actividades terroristas de otros de los acusados.

Dos días después figura en los archivos de la NKVD la ejecución de todos los condenados a muerte, salvo Yagoda, en el Campo de fusilamiento de Communarka, en las afueras de Moscú. El iniciador de la Gran Purga confiaba en la clemencia de Stalin, como explicaron el escritor y disidente Aleksandr Solzhenitsyn, presente en el juicio, y Aleksandr Orlov, quien durante la Guerra Civil española había sido el responsable de la operación del Oro de Moscú y había hablado con Yagoda tras ser sentenciado. Sin embargo, nadie parece poner hoy en duda que el reo fue también ejecutado.

Stalin firma una sentencia a muerte

Pletniov, Rakovski y Bessónov fueron también fusilados, en su caso el 11 de septiembre de 1941, cuando se encontraban encarcelados en las cercanías de la ciudad occidental de Oriol. La proximidad de las tropas alemanas en plena operación Barbarroja llevó a Stalin as a ordenar la ejecución de los 157 presos políticos allí encarcelados en la que se conoce como Matanza de Oriol.

Todos los reos, salvo Yagoda, fueron rehabilitados postmortem en dos períodos distintos, pero aún durante la existencia de la Unión Soviética.

Autor

Julio Merino: Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.

Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.

Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.

En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.

En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.

Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.

Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.