Cuando lo excepcional deviene normal: del Estado de Derecho al poder absoluto. Por José Luis Villar

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Vuelvo otra vez a la carga, con más de lo mismo, pero con otro enfoque, a ver si de una vez nos damos cuenta de lo que está sucediendo y de lo mucho que está en juego. Está en juego el Estado de Derecho que, básicamente, se fundamenta en la división de poderes, de forma tal que no confluyan en la misma persona o grupo de personas la función legislativa (aprobar Leyes), la ejecutiva (ejecutar las Leyes) y la judicial (interpretar y aplicar las Leyes al caso concreto). Este es el pilar básico de la democracia, desde que Locke y Charles Louis de Secondat (barón de Montesquieu) expusieran sus teorías y fuesen plasmadas en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de 26 de agosto de 1789 que asocia la existencia de constitución a la garantía de los derechos y a la separación de poderes (en su artículo 16).[1]

En esencia, tanto la democracia como el Estado de Derecho vienen a bascular sobre el juego de “checks and balances” (pesos y contrapesos), porque para que no se pueda abusar del poder, hace falta que el poder detenga al poder. De este modo, se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás. No voy a insistir más sobre estas bases teóricas -de sobra conocidas- pero entiendo necesario hacerlo sobre la situación actual de España en este momento, en donde lo excepcional está acabando por imponerse a lo normal, lo cual es, en sí mismo, una anormalidad.

El control, por parte del Gobierno, de una serie de instituciones que deberían ser independientes, marcó el inicio de una senda de “fagocitación” que lleva camino de sacarnos por completo del marco de lo que rectamente debe ser entendido como Estado de Derecho, Primero fueron organismos e instituciones tales como la televisión española, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía, la Agencia EFE y otros similares que sólo se ocupan de rendir pleitesía al Gobierno (cada vez con menos disimulo). A esto le siguió el intento por colonizar el CGPJ que parece haber sido abortado a última hora, aunque no creo que esté todo dicho y habrá que ver en qué termina este escándalo. Ahora le toca a nuestro Parlamento, ya que con el último estado de alarma (acordado por el RD 926/2020, de 25 de octubre) el Gobierno ha solicitado una prórroga del mismo por seis meses. Y semejante prórroga ha sido aprobada por el Congreso en un ejercicio de renuncia bochornosa a sus propias funciones, constitucionalmente reconocidas.

Cierto es que la “letra” del artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/1981 tan solo impone la limitación de 15 días para la duración inicial del estado de alarma, pero no así para sus posibles prórrogas: “Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”. El texto parece dejar en manos del propio Congreso aprobar, o no, plazos mayores a los 15 días y a esto se acoge ahora el Gobierno, lo cual no me parece que obedezca ni al espíritu de la norma (su finalidad) ni a otros factores que deben ser tenidos muy en cuenta para preservar el Estado de Derecho. Y ello, por mucho que el TC se haya pronunciado sobre la posibilidad de prorrogar el estado de alarma más allá de los 15 días (que fue el caso del estado de alarma acordado en 2010 en con motivo de la huelga de los controladores aéreos). No es ahora el caso, porque lo que analizó el TC en aquél estado de alarma fue una prórroga de 30 días tan solo y el fundamento al que se acogió fue el siguiente:

«Ha de resaltarse la peculiaridad de que el decreto de prórroga constituye una formalización ‘ad extra’ de la previa autorización del Congreso de los Diputados. Su contenido es el autorizado por la Cámara, a quien corresponde autorizar la prórroga del estado de alarma y fijar su alcance, condiciones y términos, bien haciendo suyos los propuestos por el Gobierno en la solicitud de prórroga, bien estableciéndolos directamente».

Un razonamiento que puede valer para una prórroga de tan solo 30 días, pero que deja de ser válido para una prórroga de varios meses, como ahora ha hecho el Gobierno. Con semejante plazo se eluden, descaradamente, los controles parlamentarios durante un tiempo excesivamente largo, que nada tiene que ver con el nivel de protección a la población, dada la experiencia adquirida desde que se inició la pandemia (y que muestra variaciones en cortos períodos de tiempo). Y también porque para el estado de excepción (que es más severo que el de alarma) la Ley Orgánica 4/1981 tan solo permite su prórroga por otro período de 30 días (art. 15.3) tomando el mismo plazo inicial como referencia, lo cual es indicativo de la verdadera finalidad que se persigue con estas situaciones tan especiales, que no es otra que su implantación durante el menor tiempo posible.

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A lo anterior, debe sumarse el hecho de que con una prórroga semejante se convierte en normal un régimen absolutamente excepcional que permite al Gobierno tomar las decisiones que quiera sin la autorización del Congreso, lo cual es, sencillamente, aberrante. Porque, por la misma razón y motivo (la letra del artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/1981) ¿por qué no admitir una prórroga de un año? ¿o de dos? ¿o hasta que finalice la legislatura? La falta de respuesta a semejantes preguntas se encuentra en el presupuesto de hecho que habilita al Gobierno para solicitar prórrogas que, en este caso, es la contención de la pandemia. Un presupuesto que, a la vista de lo que hemos visto en el Congreso, no ha sido tenido en cuenta, dado que los datos que se ofrecen muestran oscilaciones semanales muy notables sin que aún se nos haya dicho la causa real de tales oscilaciones.[2]

Y es aberrante, también, y muy especialmente, porque supone, de entrada, prescindir del control del Gobierno por parte del Congreso sustituyendo este control (mediante la correspondiente discusión y votación) por una mera rendición de cuentas que suena a auténtica burla. Todo ello, como culminación de una política de absorción de más y más poder, sin controles, por parte del Congreso, a la que estamos asistiendo entre impávidos y asombrados. ¿Dónde queda el Estado de Derecho en tales condiciones? Porque ya no valen los eufemismos que son tan del agrado de los políticos y llegada es la hora de llamar a las cosas por su nombre. No hay cogobernanza (nueva forma de denominar el traslado de la responsabilidad a las CCAA), porque si alguna de las medidas que toma alguna Comunidad no es del agrado del Gobierno, volverá a pasar lo que sucedió recientemente con la Comunidad de Madrid. El Gobierno volverá a tomar las riendas para meter en el redil a esa Comunidad, pero, claro está, siempre que no se trate de alguna en las que gobierna o de alguna en la que gobierne quien les ha prestado su apoyo para llegar al poder. Lo que hay es un cheque en blanco para que el Gobierno decida y las CCAA pechen con la culpa de lo que pase en lo sucesivo. O sea, más poder y menos responsabilidad, camuflada bajo esa expresión (que parece agradar tanto) de la “cogobernanza”.

Una “cogobernanza” que persigue la “deconstrucción” del Estado, entendiendo por tal su fragmentación, forzando las normas y nuestra Constitución misma, al entregar a las CCAA la decisión de lo que debe hacerse o no hacerse en cada momento, mientras dure el estado de alarma.[3] O sea, desconcierto total para la población al dar lugar a la implantación de hasta 17 sistemas diferentes de medidas para la prevención de la salud y ni una sola palabra para levantar o impedir que se hunda aún más nuestra ya maltrecha economía a nivel nacional.

En el post de la semana pasada hablé del “no derecho” y del “non law land” [4] pero ahora me temo que, si esta situación se prolonga durante seis meses, habremos desterrado al Estado de Derecho y resultará harto difícil hacerlo volver, que así comenzó Chávez en Venezuela y ahí sigue (imponiendo sus deseos sin control alguno). El colmo, es que para llegar a esto se utilice un neologismo como la “cogobernanza”, con el que parece aludir a una descentralización del poder, lo cual no es cierto, por cuanto se ha dicho anteriormente. Mero eufemismo lanzado como cebo por quien, como Sánchez, criticaba no hace mucho esta clase de lenguaje con las siguientes palabras: «Los gobernantes siempre tienen que utilizar un lenguaje más retórico y elaborado para hablar de temas complejos. Añadiendo que “Los eufemismos son patrimonio del gobierno y no tanto de la oposición y resultan especialmente útiles para explicar medidas impopulares y así modelar a su antojo la opinión ciudadana».[5] Curiosa descripción de sí mismo …

Y es que, si bien las expresiones eufemísticas son moneda corriente en el discurso político, en periodos de crisis su presencia es especialmente acusada dada la necesidad de justificar, tanto los abusos como los recortes que llevan a cabo (especialmente, cuando vienen referidos a sus libertades). Porque, de una forma u otra, y por desgracia, el uso de los eufemismos para esconder la verdadera realidad se ha convertido en algo habitual en nuestros gobernantes (ya tendremos ocasión de comprobarlo, una vez más, cuando le toque el turno a los Presupuestos que tienen preparados). El “arte” de la palabrería política ha dado vida a una interminable lista de expresiones rocambolescas que intentan maquillar el verdadero estado de nuestra sociedad de nuestra economía y de nuestras libertades, ocultando sus verdaderas intenciones.

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La realidad (se mire por donde se mire) es que Sanchez ha abierto la “Caja de Pandora” y, a partir de ahí podemos esperarnos cualquier cosa, porque la esperanza -que es lo único que quedaba en esa Caja de Pandora- es lo último que debe perderse, a pesar de que los males que nos aguardan se lleven por delante al Estado de Derecho durante un tiempo.[6] A veces, nos gusta rodearnos de eufemismos para evitar llamar las cosas por su nombre, pero nunca me gustó aquello de la “nueva normalidad”, que, mira por donde, lo que nos trae ahora es un escamoteo del Estado de Derecho. Porque, quitarnos el Estado de Derecho por una decisión tan arbitraria como descabellada es ir demasiado lejos, por lo que bien podemos decir: “hasta aquí hemos llegado” …

La mentira gana bazas, pero la verdad gana el juego, de modo que me despido con mi eterna sonrisa etrusca oculta bajo la mascarilla, recordando las palabras de Mark Twain, “cuando estés en duda, di la verdad” y eso es lo que pretendo hacer en este post, sin ninguna clase de eufemismos (al llamar a las cosas por su verdadero nombre).

[1] Montesquieu argumentaba que «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder». De este modo, se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás. Puede contrastarse con la fusión de poderes y separación de funciones en los sistemas parlamentarios, donde el ejecutivo y la legislatura están unificados, debido a que el legislativo nombra al ejecutivo (como es el caso de España).

[2] El solo hecho de que se haya estado discutiendo acerca de la duración de esta monstruosa prórroga, para dejarla en tres o seis meses, es una muestra clara de que su única finalidad es meramente política y carece de cualquier otro fundamento basado en el control de la pandemia. Se busca contentar a los socios separatistas y, de paso, eludir una responsabilidad que debe ser asumida por el Gobierno, con lo cual se desnaturaliza la finalidad del estado de alarma. Secondat dixit.

[3] La “deconstrucción” es un término utilizado por J. Derrida (tomando como referencia a Heidegger) que aplica a la lingüística y que propugna la fragmentación del texto para su análisis, lo que también tiene aplicación en la teoría del Estado. Vid: Derrida y otros (“Deconstrucción y crítica”; Ed. Siglo XXI, 2010) y M. Heidegger (Ser y tiempo”; Ed. Trotta, 2014)

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[4] Vid. TIEMPO DEL NO DERECHO: EL «NON LAW LAND» que puede leerse en el siguiente link: https://www.linkedin.com/pulse/tiempo-del-derecho-el-non-law-land-jose-luis-villar-ezcurra/

[5] Extraído del siguiente link: https://www.archiletras.com/actualidad/eufemismos-usan-politicos-espanoles/

[6] Prometeo, buscando siempre el bien para los humanos, robó el fuego a los dioses para dárselo a los mortales y así lograr todas sus ventajas. Zeus, colérico por este robo, decidió enviar un “castigo” a los hombres. Creó a Pandora, una mujer modelada por dioses como Hefesto, Hermes, Afrodita o Atenea con sus mejores características. Pandora fue enviada a casa de Prometeo, donde su hermano Epimeteo, a pesar de los avisos del primero, se casó con ella. Pandora era tremendamente curiosa, por lo que no dudó ni un instante en abrir una caja que existía en la casa de Epimeteo en la cual se encontraban encerrados todos los males que podrían perjudicar a los humanos (y que Zeus quería que fuera abierta). Al abrirla, todos empezaron a esparcirse por la Tierra, sembrando cada rincón con un mal. Pandora, asustada, intentó cerrar la caja lo más rápido que pudo, pero sólo pudo evitar la fuga de la Esperanza, que quedó encerrada en la caja. Al comunicarle lo sucedido a Prometeo y a su marido, Epimeteo, Pandora les dijo que lo único a lo que siempre podrían recurrir era a la Esperanza, pues era lo único que quedaba en la caja y por lo tanto, lo último que se podría perder. Es por esto que se dice que la Esperanza es lo último que se pierde. Ver el siguiente link:

https://siempreconectado.es/esperanza_ultimo_que_se_pierde/