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La alianza DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL ha denunciado ante la ONU, a “30 autoridades públicas, judiciales salvo tres”, por encubrir en 2009 y en 2021 que una metamafia, creada en la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC), asesinó a 1.128 personas.
Se ha denunciado ante el Comité contra la Tortura y los Tratos Degradantes de Naciones Unidas, tanto por el conducto normal, como por el de urgencia, como el reservado a las asociaciones y ante el Comisionado de Derechos Humanos. En la denuncia se incluyen los nombres de las 30 autoridades públicas intervinientes.
En la denuncia se explica que la Presidenta del TSJC, en 2009 recibió una denuncia anónima, con documentación de 816 asesinatos encargados por una banda creada y dirigida por el entonces Fiscal Jefe del TSJC, José María Mena Álvarez. Entre los asesinados figuraba el padre de María Eugenia Alegret Burgués, Presidenta del TSCJ. Alegret comenzó a investigar los hechos denunciados, junto con María Teresa Compte Massachs, Fiscal Jefe del TSJC, en las Diligencias Indeterminadas/09 con Número de Referencia ATC. Compte remitió la documentación requerida por la Presidenta del TSJC, del archivo de la Fiscalía, que incluía documentación de otros 312 asesinatos que habían sido encubiertos por los juzgados.
Ante la envergadura de la documentación encontrada, Compte informó a Alegret que remitía copia de la documentación al Consejo General del Poder Judicial, donde fueron encubiertos los asesinatos y el encubrimiento en los juzgados. Esta denuncia de Compte tiene el Número de Registro 8627/09/AC y fecha de 17 de agosto de 2009.
En la documentación hallada y en una investigación policial se encontraron millones de euros en cuentas bancarias en Mejico, de Mena y de sus dos lugartenientes que eran suboficiales de la Policía Judicial del TSJC, por lo que estaban a sus órdenes directas.
Esta documentación forma parte del popular Expediente Royuela.
Se adjunta denuncia criminal de la alianza DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL contra las primeras 25 totalitarias autoridades judiciales, entregada el 24/03/2021 en la Fiscalía General del Estado. En la denuncia están todos los hechos, fechas y los intervinientes. La denuncia fue archivada el 30/03/2021, por no existir indicios suficientes de delitos, por Álvaro García Ortiz, actual Fiscal Jefe de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado, por orden de Dolores Delgado García, actual Fiscal General del Estado.
El 9 de marzo de 2021, Javier Marzal (promotor de la alianza DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL), solicitó al CGPJ urgentemente, el expediente donde se tramitó la referida denuncia del TSJC, sin recibir respuesta. El 12 de marzo de 2021, informó al Presidente del CGPJ, solicitando su intervención para que se atendiera su solicitud, adjuntándola, sin recibir respuesta. Posteriormente, la Unidad de Atención al Cliente del CGPJ dijo que no era competente, siendo falso, y tampoco atendió la solicitud de remisión al departamento competente.
Marzal puso una queja ante el Defensor del Pueblo, donde Concepció Ferrer i Casals, Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo, mediante escrito del 21/04/2021 se declaró ilegalmente incompetente. Dada la envergadura del asunto, es evidente que Joaquín Ruiz-Giménez, Defensor del Pueblo, ha intervenido.
El 28 de abril de 2021, Marzal presentó una queja en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En el Documento de comienzo de tramitación que se adjunta, se dice que se inició su tramitación con el Nº EXPEDIENTE: 100-005236 y que “A partir de la fecha indicada ha comenzado el cómputo del plazo de 3 meses establecidos legalmente para tramitar su reclamación”. Transcurridos los 3 meses no se ha obtenido respuesta.
Las respuestas o falta de respuesta del CGPJ, del Defensor del Pueblo y de Transparencia, evidencian que los hechos antedichos son ciertos.
En la denuncia también se dice:
Esta denuncia documenta las causas por las que la corrupción en España alcanzaba el 8% del PIB, según Eurostat de la Unión Europea, convirtiéndose en el negocio más lucrativo, superando con mucho los beneficios de todas las grandes empresas y multinacionales juntas, despreciando completamente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y las normas europeas contra la corrupción. Este nivel de corrupción sólo es posible con altísimo grado de IMPUNIDAD que incluso permita el asesinato masivo, con el conocimiento y consentimiento de las altas esferas políticas, policiales y judiciales.
Esta metamafia institucional ha violado o encubierto el derecho a la vida de más de 1.700 personas, el derecho a la tutela judicial efectiva y multitud de derechos humanos, por defender que las instituciones sólo son un negocio que funciona con total IMPUNIDAD.
Esta metamafia encarceló a Alberto Royuela como represalia por sus denuncias contra funcionarios públicos, encubrió el asesinato policial de su hijo Javier Royuela Samit y encarceló a otro hijo: Santiago Royuela Samit. Santiago tiene el canal en YouTube https://www.youtube.com/channel/UCNQu_DE4vi2Wtcs60n23CtQ, con más de 31.000 seguidores y 300 vídeos, donde desde 2019 denuncia la documentación que han ido consiguiendo: más de 30.000 documentos originales de la actividad criminal de esta metamafia que conforman el conocido como Expediente Royuela (ER). Varios medios y yootubers, están informando del ER. En 2020, el Director de forenses que ha encubierto 320 asesinatos, según el ER, denunció a Santiago Royuela por el vídeo donde se le denuncia por sus informes falsos, la denuncia fue enviada a la jueza ELISABET CASTELLO FONTOVA que instruyó la causa por la que fue a la cárcel Santiago que retiró el vídeo sin dejar intervenir al denunciado Santiago. El Gobierno premió a la jueza, por este encubrimiento, trasladándola a Eurojust. Esto sucedio en las Diligencias Previas 622/2020-D del Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona. Esta jueza está denunciada en el ER por pertenecer a la metamafia de Mena.
En 2021, sucede otra represalia. Varios funcionarios de prisiones denuncian a Santiago por ser nombrados en otro vídeo. En la tramitación ha habido corrupción policial y de tres juzgados al menos. Actualmente, se tramita en las corruptas Diligencias Previas 619/2021A del Juzgado de Instrucción nº 29 de Barcelona.
Naciones Unidas debe intervenir urgentemente para detener estas represalias, porque el ER es el mayor caso de vulneración de los derechos humanos de la historia de las democracias europeas. Solicitamos una reunión urgente en Barcelona, a la que también asistirán los Royuela, donde se aportará más documentación.
Confiamos que en este momento histórico en el que la Crisis del coronavirus, acentuada en España por su corrupción, la ONU esté a la altura de las circunstancias.
La denuncia ha sido enviada con copia visible a Transparencia Internacional y a Amnistía Internacional, tanto a las centrales como a la delegación en España.
Más información en www.contraautoritarismojudicial.org
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