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En el “Informe: de la democracia liberal al totalitarismo”, sostenía y trataba de demostrar -aportando datos tanto históricos como presentes- que en España se está construyendo un nuevo régimen, un sistema totalitario. El método se puede esquematizar en tres pasos, y es el mismo ensayado y puesto en práctica con éxito en otras ocasiones:
La formación de una coalición de partidos izquierdistas con la que se han alcanzado el gobierno, en unas elecciones aparentemente libres y democráticas pero llevadas a cabo en un ambiente de amenazas, coacciones y violencia verbal.
Dicho gobierno, con sus acciones desde el minuto uno, ha dejado claro que su propósito es expulsar del entramado político a cualquier antagonista. Ha venido reforzando su control sobre la cámara legislativa, no ha cejado de intentar desarticular a la oposición y limitar sus capacidades de control al gobierno. El gobierno ya emprendió una reforma del reglamento de la cámara e impidió la presencia de diputados opositores en sus órganos administrativos y de gestión.
Paralelamente el gobierno comenzó a poner en marcha las medidas para abatir la independencia del poder judicial, dando forma a una nueva estructura judicial. También puso en marcha el relevo y sustitución de jueces y fiscales para que el Poder Judicial pasase a depender directamente del Ejecutivo. A ello ha sumado –aprovechando el Estado de Alarma- la Orden SND/261/2020 que pone en manos del ministro de Justicia todo el Poder Judicial y sus actividades al margen de los órganos específicamente judiciales. Y, mientras, ha emprendido la reforma de los códigos de justicia (especialmente del código penal).
Desde su inicio, este gobierno también ha intentado situar bajo control del Ejecutivo a las fuerzas de orden -policía y ejército- y convertirlas en cuerpos armados al servicio de los partidos de la coalición izquierdista. Y para ello ¿qué mejor que un Estado de Alarma?
Porque ¿realmente el estado de alarma –por motivos sanitarios- exigía la supresión de libertades, la destrucción de la separación de poderes y el control gubernativo sobre las fuerzas de seguridad, usurpándoselo a los órganos judiciales?
Estamos viviendo la imposición de una lógica destructiva que pretende llegar al totalitarismo socialista por medio de una supuesta vía democrática. Desde que tomaron posesión del gobierno se han dedicado a sojuzgar todas las instituciones y resortes del Estado, someter a todas las personas y empresas al más estricto control económico y político y lograr, de este modo, la instauración de un sistema totalitario manteniendo una cáscara supuestamente democrática.
Para lograr este fin, el gobierno ha incurrido –en mi opinión- en todo tipo de quebrantos legales, una sistemática usurpación de atribuciones y una quiebra de la independencia de los Poderes del Estado. Y detrás de todo ello está Pedro Sánchez y su gobierno real: El Comité de Dirección de la Presidencia del Gobierno.
A Sánchez y “su Comité” la crisis del coronavirus les ha venido “como anillo al dedo”. La declaración del Estado de Alarma –que pudiera estar justificada ante la emergencia sanitaria- es la herramienta que Sánchez y “su Comité” necesitaban para llevar a cabo estos propósitos más expeditivamente: disponer de toda potestad para intervenir, requisar y prohibir hasta un punto nunca antes visto. Tal es la situación de “asalto”, que el sector gubernativo de los de Pablo Iglesias proponen comenzar las nacionalizaciones. Dicen que de los servicios sanitarios, pero no nos llevemos a engaño, es sólo el comienzo. Además, Sánchez ha aprovechado el ambiente para poner a Iglesias en el CNI.
Que nadie vea una dicotomía entre Sanchistas y el PSEO frente a Pablistas y Podemos. En realidad no hay enfrentamientos. Son las dos caras de una misma moneda. Tienen el mismo objetivo e intentan llevarlo a cabo haciendo de “poli bueno”, el uno; y de “poli malo”, el otro.
Aún hay otro factor, la alianza que socialistas-comunistas mantienen con los independentistas para destruir lo poco que queda de la unidad de España. Tal como explicaba en “Esperando a Godot”, hemos entrado de lleno en de la Segunda Transición la cual debe desembocar en una España confederal formada por diversas naciones-estado soberanos, colegiados por la Monarquía, en la actual dinastía borbónica. Y ¿qué mejor situación que la presente, con el Estado de Alarma, para imponerla?
De llegar a hacerse realidad esta transformación del Estado, los partidos podrían seguir vendiendo que España se mantiene unida bajo la figura del Rey. Así se evitaría que cualquier institución, entidad, persona o grupo de personas se viesen forzados a hacer valer el artículo 8 de la Constitución. Y todo sería impuesto “muy pacíficamente”. Este es el camino que algunos de los principales partidos de de ámbito general y regional han escogido y pareciese que la actual dinastía lo ha aceptado.
Pero la historia demuestra que este experimento no puede “acabar bien”. Fíjense en la revolución masónica de 1868, que se llevó por delante a la dinastía y finalmente a la monarquía, excretando la I República con sus guerras cantonales. Fíjense en el masónico golpe de estado de abril de 1931, con los mismos enemigos de España confabulados y que acabaron provocando una guerra civil (como denunció Besteiro). Y fíjense en el paso de la Unión Soviética a la Comunidad de Estados Independientes (CEI). El proceso acabó llenando la antigua Unión Soviética de guerras civiles y territoriales entre los estados miembros de la CEI.
Éste es, pues, el desenlace que nos espera. Me temo que, si nadie para esta deriva, nos van a llevar a un escenario bélico similar al de la CEI. Y la dinastía actualmente reinante no sobrevivirá a este proceso.
Es urgente acabar con todo este estado de cosas. La propia constitución vigente establece quiénes son los máximos facultados para poner término de inmediato a toda esta situación, restablecer la Constitución violada en tantas partes de España, la ley y las libertades, el orden constitucional y la convivencia entre españoles.
Autor
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Antonio Ramón Peña es católico y español. Además es doctor en Historia Moderna y Contemporánea y archivero. Colaborador en diversos medios de comunicación como Infocatolica, Infovaticana, Somatemps. Ha colaborado con la Real Academia de la Historia en el Diccionario Biográfico Español. A parte de sus artículos científicos y de opinión, algunos de sus libros publicados son De Roma a Gotia: los orígenes de España, De Austrias a Borbones, Japón a la luz de la evangelización. Actualmente trabaja como profesor de instituto.
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