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La evidencia de la prevaricación, ineptitud, negligencia y malicia, del desprecio por la vida de los españoles, de nuestras actuales autoridades, está más que demostrada, por lo que vamos a pasar de ello en este artículo; la de la oposición, toda ella, también, porque a estas alturas ya debía haber tomado medidas políticas expeditas para desalojar a aquéllos; no nos olvidemos que están en juego nuestras vidas. Lo terrible es que, a estas alturas, unos y otros sigan, erre que erre, insistiendo en unas medidas que son ineficaces.
En la actualidad, cuando la epidemia sigue desbocada, parece increíble que nadie tenga la inteligencia y la humildad de preguntarse si lo que se está haciendo es lo correcto; y no nos referimos sólo, que también, a esa ineptitud para dotar a quien corresponde de los medios de protección mínimos necesarios.
Nos referimos a que en este momento son, precisamente, los hospitales, clínicas, residencias, etc., los principales focos de infección y expansión del Covid-19; y no sólo por los pobres y desgraciados a los que les ha tocado infectarse, sino también por el personal de todo tipo que los atiende, sin duda, con suma entrega y heroísmo.
El caso es que lo que se ha hecho y sigue haciéndose no funciona. Por eso, lo que hay que hacer, pero ya, es cambiar de estrategia.
De entrada, hay que cerrar a cal y canto dichos centros, de forma que nadie, ni siquiera el personal que los atiende –médicos, sanitarios, celadores, vigilantes, empleados de la limpieza y mantenimiento, etc.– puedan abandonarlos; deben quedarse dentro, comer y dormir en ellos.
El traslado de enfermos de unos centros a otros debe restringirse al mínimo imprescindible teniendo para ello en cuenta sus parámetros particulares, es decir, posibilidades de sobrevivir; lo sentimos, pero prevalece la contención de la epidemia a otras razones.
Al mismo tiempo, hay ya, pero ya, ya, que construir centros de aislamiento fuera de los núcleos urbanos en parajes alejados de ellos teniendo en cuenta, para sus dimensiones, el numero de infectados de cada población, su censo, etc., a los que hay que trasladar, con las debidas garantías, a dichos infectados, es decir, hay que desalojar de los hospitales, clínicas, residencias, etc., situados en los núcleos urbanos a los ahora infectados, así como a quienes les atienden, internándolos en dichos centros; cuyo suministro de lo necesario debe hacerse, asimismo, con medidas estrictas de forma que nadie de los de dentro pueda siquiera acercarse a los de fuera y viceversa.
Hay que confinar radicalmente en sus habitaciones privadas a los no infectados, pero con riesgo de serlo; mayores de 65 años y menores de tal edad que sufran patologías que les supongan debilidades susceptibles de favorecer su infección.
Hay que llevar a cabo una amplia labor de desinfección de calles, fachadas, etc., de los núcleos urbanos.
Hay que incinerar, incluso en común, a los fallecidos por la epidemia.
Hay que volver al trabajo, no puede paralizarse la actividad productiva y comercial de la forma tan extrema a como se está haciendo ahora y que, digan lo que digan, o mejor decir, oculten lo que oculten, no se puede sostener ni prolongar ad infinitum, porque la catástrofe y resaca financiero-económica posterior va a hacer bueno aquello de que fue peor el remedio que la enfermedad.
Todo lo anterior lleva consigo, de antemano, la dimisión, o en su caso el cese-desalojo inmediato, de este gobierno y demás autoridades autonómicas y municipales que ya han demostrado ser reos de crímenes contra la Humanidad y de lesa patria, sustituyéndolos por un gobierno de emergencia y unidad nacional formado por los dirigentes de los partidos nacionales –nada de los mindundis regionales, que ya sabemos de qué van–, así como de los altos mandos policiales (Policía y Guardia Civil sólo), militares, y autoridad judicial. Gobierno unitario con poderes absolutos –incluso para detener e internar inmediatamente a quienes desobedezcan en lo mínimo las medidas que se adopten–, con validez temporal hasta la victoria contra la epidemia, tras de lo cual se celebrarían, de inmediato, nuevas elecciones.
Es decir, hay que considerar a España en “estado de guerra” y actuar conforme a ello. Ah, y hay que rezar.
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