El PSOE evidencia en el Senado las intenciones totalitarias contra los jueces

El PSOE ha modificado una moción presentada por el Partido Popular en el Senado expresando el compromiso del Senado con la «separación de poderes». El Partido Socialista intentó cambiar la redacción, que finalmente fue adoptada gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado, eliminando del texto original las referencias al apoyo de los jueces. Esto se refleja en la enmienda alternativa, que elimina por completo la referencia de la moción del PP a la separación de poderes.

En la moción, los representantes del pueblo subrayaron «la importancia central del principio de separación de poderes, así como la independencia y neutralidad política de las instituciones constitucionales». Demostró un compromiso inquebrantable con el principio de separación de poderes y, por tanto, con el respeto de la independencia del poder judicial. Ante las críticas y dudas que el Gobierno ha hecho a las decisiones del Tribunal Supremo e incluso a sus sentencias, el Senado expresa su apoyo al Consejo General del Poder Judicial, continúa el texto. En este sentido, el representante popular citó la «declaración de incapacidad del actual Fiscal General por abuso de poder o revocación del nombramiento del Presidente del Consejo de Estado».

Según afirma la Comisión Europea, el PP también exige al Gobierno que ponga fin inmediatamente a las constantes injerencias en la independencia del poder judicial e introduzca una legislación que permita a jueces y fiscales elegir directamente a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial.

También pidió el fin de la práctica sistemática de priorizar la lealtad política sobre el mérito y la competencia al nombrar personas al frente de instituciones estatales y organizaciones del sector público.

En su enmienda a la moción del PP del Senado, el PSOE se abstuvo de mencionar la defensa de los jueces, a menudo atacados por socios secesionistas. En una intervención en el Parlamento, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, atacó a los jueces del proceso separatista catalán, diciendo: «En un país democráticamente normalizado, un gran número de personas obscenas son arrestadas y procesadas». Nombró específicamente al juez Llarena y a la juez Lamela entre otros. Unos días después, nuevamente ante las desganas de Pedro Sánchez, el portavoz continuó su ataque arguyendo que no eran intocables.

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La crítica fue rechazada unánimemente por jueces y fiscales, que también pidieron al gobierno que se pronunciara. Además, se ha creado una denominada comisión jurídica para cuestionar las decisiones de los tribunales del parlamento en cuestiones como el espionaje de Pegasus y el atentado de Barcelona entre otros casos que implican la Seguridad nacional.

El PSOE también pidió al CGPJ que se reanude el proceso de renovación pero sin garantizar la protección de los jueces ante el ataque de sus socios. Así las cosas y con la evidencia del PSOE contra las decisiones judiciales, la independencia y la protección de los jueces en el cometido de su labor, la moción del PP fue aprobada con 148 votos a favor, 113 votos en contra y una abstención.

El Gobierno ha evitado apoyar a los jueces ante los ataques de los socios independentistas. Estos ataques fueron criticados no sólo por el poder judicial sino también por el rey Felipe VI. El Rey advirtió del debido respeto a la instituciones:

Debemos respetar el ejercicio de la autoridad de otras instituciones y contribuir juntos a su fortalecimiento y prestigio. Y, finalmente, debemos garantizar siempre el prestigio, la dignidad y el respeto de nuestro país, argumentó el Jefe de Estado con especial motivación ante el cariz acosador de los enemigos de España, socios expresos de Sánchez cuyos tejemanejes ya no pasan inadvertidos en la Unión Europea cuando cuestiona las decisiones judiciales traspasando las líneas rojas propias de cualquier Estado de Derecho.