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El argumento que están propagando los mentores del indulto a Griñán, condenado a 6 años de cárcel, se basan en una gran falsedad.
A Griñán, se le ha condenado por un delito de malversación.
El artículo 432 del CP, establece: la autoridad o funcionarios público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiese que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga por razón de sus funciones, se le impondrá la pena de prisión de 4 a 8 años, si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas (900millones de euros) y el daño al servicio público.
El argumento esgrimido por sus mentores, entre ellos los ex presidentes Felipe González y Zapatero es que el pobrecito no se ha beneficiado de esa malversación.
Parece mentira al menos del epresidente Felipe González (abogado) que la malversación no requiere que se haya apropiado o enriquecido del dinero malversado.
Políticamente, Griñán se benefició de ese fondo de reptiles, pues ese dinero se distribuyó entre sus correligionarios del Partido Socialista y de la UGT.
Si quieren indultar a Griñán, que argumenten otros motivos.
Estamos ante el mayor escándalo de corrupción del régimen del 78 y el indulto a Griñán terminaría de dar la puntilla a nuestro sistema democrático, clavando una espada de muerte al Art. 14 de la Constitución.
Si a la bochornosa clemencia con los sediciosos catalanes (no condenados por rebelión) y posteriormente indultados por el Gobierno, se une ahora este posible escándalo del indulto, estarían legitimados miles de presos con delitos de mucha menor entidad para salir en libertad.
Autor
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Miguel Bernad Remón (Bilbao, 1942) es un abogado y expolítico español.
Fue fundador en 1995 y secretario general de Manos Limpias.
Entró en política con el Frente Nacional de Blas Piñar, siendo secretario general de su partido.
En 1994, Bernad funda Derecha Española, con el que acude a las elecciones municipales de 1995.
En abril de 2016 Miguel Bernad fue detenido en el ámbito de una investigación de la AN sobre posibles extorsiones de Manos Limpias, consistentes en exigir dinero por retirar querellas previamente interpuestas.
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