IMV y subsidio para hombres y mujeres. Por María Godoy

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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una pensión no contributiva que asciende a 462 € al mes destinados a una sola persona, incrementándose en 139 € por cada miembro adicional, adulto o menor, que el solicitante tenga a su cargo, siendo el máximo a percibir de 1.015 € mensuales; es decir, un sueldo de los muchos que hay o había en España. Un sueldo que se percibe sin trabajar, lo que sembrará malestar en aquellos que sí lo hacen por un salario similar e incluso inferior.

El subsidio es una pensión contributiva que se destina a aquellas personas que hayan trabajado y cotizado a la Seguridad Social durante un mínimo de 6 años, pero los autónomos lo tienen más complicado ya que aumenta el número de requisitos a cumplir y se les suele denegar. Por supuesto es necesario tener cumplidos 52 años en el momento de la solicitud, haber agotado la prestación por desempleo y figurar inscrito en el INEM como demandante de empleo. La cantidad a percibir es de 430,27 € / mes.

En un escrito de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres podemos leer: «Las mujeres víctimas de violencia de género o de explotación sexual, podrán solicitar el IMV sin necesidad de cumplir el requisito de tener residencia legal y efectiva en España. Es decir, si eres víctima de alguna de estas violencias machistas, podrás solicitar la ayuda aunque estés en el país en situación irregular».

Denunciar de forma falsa incluso a la propia pareja, conseguir ayuda económica y regularizar la situación en el país, podrían formar parte del mismo paquete.

¿Hasta dónde puede llegar la picaresca? Dependerá de las necesidades o intereses de cada cual. No es culpable el extranjero que lo hace, bien sea por desesperación o malicia, sino quien elabora y aprueba leyes sin estudiar antes las consecuencias y sobre todo, a quiénes pueden favorecer o perjudicar.

Gracias a las leyes que promueve el Ministerio de supuesta Igualdad, todo apunta a que las mujeres demandantes podrían tener bastante fácil «demostrar» la violencia sufrida, y si a todo ello le sumamos que Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, premiará a las empresas que contraten a mujeres que estén cobrando el IMV, ¿no se crea así una forma rápida de acceder al mercado laboral? ¿Qué pasa con las mujeres españolas ―también hombres―, desempleados con 52 años o más? No podrán acceder al IMV por la edad, además de haber trabajado y cotizado. Pero para ellos hay un premio de consolación: tendrán derecho al pequeño subsidio de 430,27 €, aunque formen parte de una familia monoparental con algún hijo a su cargo y tengan una hipoteca a la que hacer frente.

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En octubre de 2019, los Mossos D’Esquadra detectaron 17 denuncias falsas por violencia de género presentadas por mujeres de origen marroquí para obtener papeles de residencia y una ayuda económica, en connivencia con cuatro hombres que se dejaron denunciar. Está claro que nadie pensará que se trata del único caso.

Y mientras esto ocurre ¿qué pasa con los españoles? Pongamos un ejemplo aleatorio: mujer, española, desempleada, de 52 a 65 años, con 20 ó 30 años de cotización ―recordemos que se puede optar a la jubilación solo tras 38,5 años cotizados―, y que además esté cobrando el subsidio. Lo tendrá muy complicado para volver a encontrar trabajo a pesar de su experiencia, mientras se promuevan leyes excluyentes para ciertos sectores en beneficio de otros, como serían las extranjeras que denuncien violencia de género.

¡Cuánto daño están haciendo el Ministerio de Igualdad y el de Trabajo a muchas personas! ¿Qué leyes benefician a las mujeres en el ejemplo referido? ¿Creen que les quedará dinero suficiente con ese escaso subsidio para llegar borrachas a sus casas?

¿Por qué solo se premiará a las empresas que contraten a mujeres que cobren el IMV y no a mujeres que cobren el subsidio? O a hombres, ya puestos.

Vivimos tiempos de una profunda incoherencia, incertidumbre e inseguridad, en los que resulta fácil adivinar cuál será el final. ¿Qué sentido tiene implementar medidas que beneficien solo a ciertos sectores de la población, cuando una gran parte de nuestros compatriotas ha perdido su empleo? Ningún español honrado desearía vivir de la caridad. La inmensa mayoría prefiere hacerlo de su trabajo.

¿El Gobierno realmente nos protege? ¿A qué nos están condenando a corto y medio plazo? Piensen en ello.

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