España ha sufrido un golpe de estado comunista bolivariano. Por Ramiro Grau Morancho

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Todo lo que está sucediendo en España no es por casualidad, y está debidamente pergeñado en el laboratorio comunista bolivariano de Unidas Podemos Joderos, con el acompañamiento del tonto útil de Pedro Sánchez, que vendería a su madre, a su esposa y a sus hijas, por permanecer unos meses más en el poder.

Voy a explicar mis argumentos, y que cada cual piense lo que quiera, pero para mí los hechos son evidentes:

Durante un mes y medio, desde que el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud, OMS, da el aviso, el “gobierno” de España hace caso omiso, y oídos sordos, dejando que continúe la llegada inmisericorde de extranjeros, tanto en pateras como por tierra o por aire, procedentes de Italia, China, etc., es decir de los países más infectados. Se permiten también partidos de fútbol contra equipos italianos, los tradicionales viajes de estudiantes a Italia, etc. Todo sea por expandir el virus lo máximo posible, para tener una buena excusa para hacerse con el poder, concentrándolo todo en manos del gobierno social comunista. –

Se permiten las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo, pues “son las de las nuestras”, y en realidad es el único apoyo que tenemos, además de los separatistas catalanes y vascos, claro. Como decía Carmen Calvo, “nos va la vida en ello”, es decir en manifestarse ¡contra un gobierno de su cuerda!, y ello fomenta los contagios, de forma que la mitad de los contagiados residen en Madrid, ciudad dónde vive alrededor de un 8% de la población total española, estimada en unos 47 millones de personas.

El 14 de marzo, BOE del mismo día, se publica el Real Decreto 463/2020, “por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COIV-19”, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se toman una serie de medidas de corte claramente comunista bolivariano, apoderándose el gobierno de todos los poderes, invadiendo el legislativo y el judicial, suprimiendo de facto el control parlamentario, etc. –

En efecto, el citado real decreto-ley, de 11 folios de extensión,

Decreta la prisión domiciliaria de los 47 millones de habitantes de España, de la que solo podremos salir en una serie de supuestos, muy concretos y determinados. (Dicho sea de paso, esta norma no se ha hecho al tun tun, y ha llevado un largo trabajo de elaboración, por lo que deduzco que todo estaba ya preparado, y se ha esperado al momento idóneo para poder aplicarla. –

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El real decreto es totalmente comunista y bolivariano, y su art. 13 permite intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talles, explotaciones y locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico, practicar requisas temporales de toda clase de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias…

¡Vamos, una normativa propia de una dictadura comunista, al estilo de Cuba, Corea del Norte, Bolivia o Venezuela!

Unos días después, el 17 de marzo, BOE del 18, el gobierno social comunista promulga el real decreto-ley 8/2020, “de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COIVD-19” -46 páginas de letra menuda del BOE, vamos un auténtico tocho, que tampoco ha sido objeto de improvisación, decretándose una auténtica “intervención comunista bolivariana” de la economía española, con una prolija exposición de motivos de 11 folios y medio…

Por si ello fuera poco, se procede, de facto, a disolver el parlamento, estableciéndose su no funcionamiento, y delegándose en la presidenta del Congreso, nombrado por los social comunistas, las funciones propias de la Mesa, y del propio Congreso. –

Un poco antes, se okupa la fiscalía general del estado –ahora ya del gobierno-, con la designación de la ex ministra de justicia, es decir que la fiscalía pasa a ser un ministerio sin cartera, para que quede claro quién manda aquí. –

Y aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza, se decreta, al fol. 41 la modificación de la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, estableciéndose que cualquier vicepresidente puede presidir la comisión que dirige el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y dejando por tanto libre y expedita la puerta para que un comunista bolivariano como Pablo Iglesias, pueda acceder a todos los secretos oficiales de España, y de las demás potencias democráticas que comparten información con nuestra Patria. (Y que a partir de ahora nos cerrarán el acceso a esa valiosísima información, para prevenir atentados, etc.).

Por si faltara algo, por Orden SND 261/020, el ministerio de justicia, es decir el gobierno, asume todas las competencias sobre asuntos judiciales, de forma que el personal al servicio de la administración de justicia pasa, de facto, a ser intervenido gubernamentalmente.

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Que estamos ante un golpe de estado, no me cabe ninguna duda. Vid. mi artículo “El Gobierno ha dado un golpe de estado jurídico, y estamos en estado de excepción, que no de alarma. Por Ramiro Grau Morancho”, publicado en este mismo diario digital. De cualquier forma, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece en su art. Sexto, Dos, la limitación de esta restricción de derechos fundamentales, de forma que “…no podrá exceder de quince días”… Pues bien, el real decreto-ley de 17 de marzo, que “institucionaliza el golpe de estado jurídico”, dice en su Disposición final décima, relativa a la vigencia, lo siguiente:

“Las medidas previstas en el presente real decreto ley mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley…”.

Por lo visto, vivimos en una dictadura jurídica, de reales decretos-leyes, contando con la connivencia del todavía Rey de España, que podría –y debería- negarse a firmar estas normas totalmente inconstitucionales, y lleva su parte alícuota de responsabilidad con todo lo que está sucediendo.

La Ley Orgánica 4/1981, antes referenciada, establece en su art. Sexto, Dos, in fine, que:

“Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”.

Mientras tanto el principal partido de la oposición, el PP, sigue aplaudiendo esta dictadura inconstitucional, hasta con las orejas. ¡Son las dos caras de una misma moneda!