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El martes 16/02/2021, después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, Pablo Casado, todavía presidente del PP, hizo unas declaraciones sobre los resultados obtenidos por el partido en los recientes comicios catalanes, lo que unido a la experiencia que arroja su probado y escaso coeficiente mental aconseja un somero análisis público de las mismas y de su trayectoria política a fin de prevenir cuantos cataclismos pudieran desencadenar.

En un insólito ejercicio de autocrítica, el infrascrito ha reconocido el fracaso de la candidatura del PP en las recientes elecciones catalanas, pese a lo cual trata de evadir responsabilidades atribuyendo la culpa de los malos resultados obtenidos a la abstención, la pandemia, Aznar, Rajoy, Bárcenas y a la vecina del quinto.

El personaje en cuestión intenta hacer pagar los platos rotos del descalabro catalán y, a pesar de que hace 2 años rehusó la operación, ahora pretende vender el edifico de la sede del partido sin haber consultado a sus bases, pues su opinión le importa un bledo, con la necia excusa de que su reforma se está juzgando en la Audiencia Nacional, sin tener en cuenta la actual situación económica del partido, no apta para cardíacos, que el edifico tiene una hipoteca pendiente de 10,4 millones de euros, y que su precio de venta puede ser inferior al de compra.

Si las bases del PP le permiten llegar a las próximas elecciones generales siendo presidente del partido, es preferible tomar cicuta antes que darle el voto a fin de impedir que, desde la presidencia del Gobierno, su fino olfato comercial nos lleve a los españoles a la indigencia.

Por otra parte, la ignara y enfermiza prepotencia de este cacique de pacotilla se pasa por el arco de triunfo lo dispuesto  en el Artículo 1.4 de los Estatutos del Partido que fija la sede nacional del partido en el número 13 de la calle Génova de Madrid, pudiendo ser trasladada por acuerdo de la Junta Directiva Nacional, lo que implica que, para su venta, necesitará el voto afirmativo de más de 360 miembros de dicha Junta.

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Todas estas insensateces se suman a las que en anteriores artículos he manifestado consistentes en el glacial silencio con que durante los 3 últimos años el citado individuo y sus principales palmeros han respondido a mis numerosas solicitudes de entrevista para tratar de que los organismos que gobiernan y han gobernado, como el Ministerio del Interior y ayuntamientos, cumplan y haga cumplir la Ley Orgánica 9/1983,de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que establece que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público, entre ellas lógicamente los actos religiosos, deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente, es decir a las delegaciones, subdelegaciones del Gobierno y organismos autonómicos homólogos navarros, vascos y catalanes, siendo por tanto ilegal la actuación al respecto de los organismos gobernados por el PP de «solicitar autorización a los ayuntamientos».

A los mismos fines del párrafo anterior, me he dirigido recientemente a Javier García Albiol, actual alcalde de Badalona, y a Alejandro Fernández Alvarez, actual presidente del PP de Cataluña y cabeza de lista de la candidatura popular en las recientes elecciones autonómicas catalanas que me han agasajado con la misma respuesta para no dejar en evidencia a sus amos y preservar su nómina, en ejercicio de la consustancial prepotencia de los dirigentes del PP que constituye su signo distintivo y les sitúa hasta por encima de la ley.

A pesar de lo expuesto en los dos párrafos anteriores, causa verdadero asombro que el susodicho, con una desfachatez que supera todos los límites y una cara de cemento armado, se permita el lujo de criticar a otros por vulnerar la ley exigiéndoles su cumplimiento: de aurora boreal.

Según lo expuesto, el PP se sitúa «por encima de la gente» y ERC, como reza su eslogan de la campaña electoral, se sitúa «al lado de la gente» lo que, como mínimo, debería haber llevado a la candidatura popular y a sus representantes municipales catalanes a practicar tal eslogan impidiéndoles asombrarse ante el castigo que el electorado les ha inferido, haciendo albergar la sospecha de la existencia de la reencarnación, puesto que no es posible acumular tanta necedad en una sola vida.

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Las estupideces del PP continúan el martes 23/02/2021 con el voto negativo de sus diputados que, junto a los del PSOE, Unidas Podemos, PNV, BNG, Compromís, Bildu, la CUP, Más País, BNG, PDeCAT, ERC, JxCat y ERC, rechazó  la Proposición de Ley de Vox de «violencia intrafamiliar», además de la dura crítica que la diputada popular Alicia García propinó a VOX por su Proposición de Ley calificándola como «una trampa que huele a naftalina y quiere romper el pacto de Estado contra la Violencia de Género», sin ahorrar aplausos de la bancada popular a la intervención de la diputada Mireia Vehí, de la formación independentista catalana CUP (Candidatura de Unidad Popular).

Es evidente que la lista de falacias, disparates, veleidades, arbitrariedades, y falta de respeto del interfecto a la ley y a quienes pagan su sueldo y tienen el poder de encaramarle a la presidencia del Gobierno, por asombroso que parezca, supera la de Pedro Sánchez que, al contrario que el aludido y con la que está cayendo, ni pide moderación a su partido y a su gobierno, ni la practica.

De lo expuesto se infiere consiguientemente que las credenciales de este pollo no le avalan para continuar al frente del PP y menos aspirar a la presidencia del Gobierno de España, pues ni los españoles podríamos aspirar a menos ni él a más, por cuanto la disolución del PP es el mejor servicio que puede prestar a España.