- La compañía licita por hasta dos años un servicio externo de test, dinámicas de grupo y entrevistas para procesos de promoción interna y para las brigadas de lucha contra incendios
Tragsa, empresa pública integrada en el perímetro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha sacado a concurso un contrato de hasta 245.300 euros más IVA para externalizar durante un máximo de dos años la evaluación de parte de su plantilla. La compañía prevé utilizar test, dinámicas de grupo y pruebas orales para valorar las competencias de trabajadores que opten a programas internos de promoción y movilidad.
La contratación resulta especialmente relevante por el contexto en el que se produce. Tragsa es la matriz de Tragsatec, la filial que abonó 9.500,54 euros a Jésica Rodríguez, expareja del entonces ministro José Luis Ábalos, pese a que, según ella misma reconoció posteriormente ante el Tribunal Supremo, no llegó a realizar trabajo efectivo durante sus contratos.
El expediente permanecerá abierto a ofertas hasta el 4 de septiembre y contempla dos lotes. El primero está destinado a los programas internos ligados al Plan Estratégico 2024-2028 de Tragsa y prevé hasta 1.200 evaluaciones online y un máximo de 35 dinámicas de grupo presenciales. El segundo se dirige a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) e incluye hasta 120 pruebas orales telemáticas.
La empresa ha situado la llamada «gestión del talento» entre los principales retos de su estrategia para los próximos años. Dentro de ese plan figura, además, un programa específico denominado «Nuevo modelo de gestión del talento», cuyo objetivo es reforzar los mecanismos internos de evaluación y promoción.
Tests, entrevistas y hasta ejercicios con Lego
Las pruebas previstas en el contrato medirán competencias como liderazgo, comunicación, capacidad de negociación, orientación a resultados, gestión del cambio, gestión emocional y trabajo en equipo.
Las dinámicas presenciales presentan además un formato poco habitual. El pliego establece que deberán utilizarse Lego u otros elementos de construcción y multibloque para plantear ejercicios manuales destinados a observar el comportamiento de los candidatos y su forma de desenvolverse ante determinadas situaciones.
Es precisamente este apartado el que concentra buena parte del presupuesto. Las 35 dinámicas de grupo tienen un valor máximo de 87.500 euros, a razón de 2.500 euros cada una, mientras que los 1.200 test online se presupuestan a un máximo de cinco euros por prueba, hasta un total de 6.000 euros.
El primer lote suma así 93.500 euros antes de impuestos.
El segundo, con un presupuesto de 18.000 euros, está destinado a las BRIF. En este caso se contemplan hasta 120 entrevistas o pruebas orales a trabajadores fijos que concurran a procesos de promoción o movilidad interna para puestos como jefe coordinador, técnico o capataz de prevención y extinción de incendios. La empresa adjudicataria deberá emitir un informe individual sobre cada candidato.
Un cambio respecto a los procesos anteriores
Tragsa ya había recurrido a empresas externas para realizar pruebas psicotécnicas, evaluaciones competenciales y entrevistas. La principal diferencia del nuevo expediente es que ahora ese apoyo se extiende a empleados que ya forman parte de la plantilla, y no sólo a procesos de selección para cubrir vacantes.
En 2022, por ejemplo, la compañía licitó servicios de apoyo para pruebas y entrevistas destinados a procesos de incorporación de unos 8.686 puestos fijos vinculados a las tasas de reposición y estabilización.
La nueva contratación, por tanto, se orienta principalmente a la promoción interna y a la movilidad dentro de la propia estructura de la empresa.
El caso Jésica vuelve a poner el foco en los controles de personal
El expediente llega cuando los mecanismos de contratación y control de personal de Tragsatec continúan bajo escrutinio judicial por el caso Jésica.
Rodríguez estuvo contratada en la filial entre marzo y septiembre de 2021 y percibió 9.500,54 euros. En febrero de 2025 reconoció ante el Tribunal Supremo que no había realizado trabajo efectivo durante sus contratos.
Una investigación interna de Tragsa concluyó además que no constaba la entrevista técnica obligatoria para su incorporación y detectó deficiencias en los controles de asistencia.
Virginia Barbancho, responsable directa de Rodríguez, declaró que la empleada no fichaba ni cumplimentaba sus partes horarios y que esa circunstancia fue trasladada a sus superiores. Por su parte, el presidente de Tragsa, Jesús Casas, sostuvo en sede judicial que desde Adif se le pidió que no la «atosigaran», presentándola como la «sobrina del ministro».
En julio de 2026, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno imputó a Rodríguez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Ese mismo mes, la investigada se acogió a su derecho a no declarar.
Tragsa desvincula el nuevo contrato del caso
Desde Tragsa han defendido que la nueva licitación «nada tiene que ver» con el caso de Jésica Rodríguez ni con las medidas adoptadas posteriormente para reforzar los procedimientos de contratación y control de personal.
La compañía sostiene que se trata de una herramienta vinculada a su estrategia de gestión del talento y a los procesos de promoción interna previstos para los próximos años.
Ese extremo no impide, sin embargo, que la licitación se produzca en un momento en el que los mecanismos de selección y supervisión de personal de la empresa pública están bajo una especial atención judicial y política.
En una entidad financiada con recursos públicos, la cuestión no es únicamente cuánto cuesta evaluar a sus empleados, sino también qué garantías existen para que el acceso, la promoción y la movilidad interna respondan a criterios objetivos, verificables y transparentes.
Después del caso Jésica, Tragsa tiene una obligación especialmente exigente: demostrar que esos controles no sólo existen sobre el papel, sino que funcionan de verdad.
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