20/09/2024 04:53
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Cuando a principios de año el virus entro a saco en nuestra comunidad, nuestra selecta clase política, la que nos gobierna, se puso de perfil permitiendo que la pandemia arrasara nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra economía. La nuestra y la de la próxima generación.

Quedó claro que el sistema nacional de salud sólo tiene un elemento válido; sus profesionales. Al frente un ministro filósofo con su bufón mediático y 17 consejeros, la mayoría con formación sanitaria, uno por cada comunidad autónoma con competencia exclusiva sobre su servicio de salud tanto en lo asistencial como en salud pública. El resultado el mismo.

La consecuencia fue como todos sabemos, incluido ellos, que hubo que esperar al 8M para empezar a plantearse la toma de medidas frente a la pandemia con las consecuencias que todos igualmente sabemos sobre todo porque las hemos sufrido.

Al retraso siguió un dañino confinamiento consecuencia de aquella tardanza, una protestada desescalada y una nueva normalidad de chirigota. Y digo lo de chirigota porque las comunidades autónomas que no hicieron otra cosa para prevenir la pandemia que protestar durante la crisis, ahora tenían las competencias plenas y siendo muy, muy difícil lo han hecho tan mal o peor como el propio ministro Illana y su Dr. Simón.

La incompetencia de unos y otros queda reflejada en las manifestaciones del inexistente Consejo Interterritorial de sistema nacional de salud, donde están representados el ministerio y las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Cinco meses después de decretarse el estado de alarma consiguen el “primer acuerdo nacional de salud pública con 11 medidas y unanimidad” y además lo manifiestan con “orgullo”. Yo, humilde profesional sanitario, recibo estas manifestaciones y no puedo salir de mi asombro porque se ciertamente que esta forma de hacer las cosas nos ha llevado al pasado sufrido, al presente y a las puertas de una nueva oleada capaz de colapsar el sistema sanitario. Para sentirse orgullosos.

Desgraciadamente, estamos cerca de 10.000 casos diarios, trasmisión comunitaria y el comienzo del curso escolar a la vuelta de la esquina. Ahora le toca el turno a la ministra de educación y a los respectivos consejeros. Como el perfil es el mismo que el de los políticos responsables de sanidad, me atrevo a aventurar que el resultado de su gestión será, si cabe todavía más penosa y letal.

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Estamos en la fase de que si tantos alumnos, que si test de anticuerpos al profesorado, que si clase presenciales o semi presenciales, que si aulas burbuja, etc., etc., etc. Vamos que estamos en el mismo punto que con el 8M, el virus circulando libremente y nadie es capaz de poner los puntos sobre las íes a pesar de que hay 8 millones de alumnos y 700.000 profesores a los que les afecta directamente.

La vuelta a clase presencial en estas condiciones epidemiológicas puede tener la siguiente secuencia. Niños asintomáticos o sintomáticos atípicos o con síntomas, entran en el colegio y en las aulas, infección de compañeros y profesores. De éstos trasmisión a familiares y de éstos a compañeros de trabajo y a contactos comunitarios. En 15 días podemos encontrarnos ante una terrible catástrofe.

Nadie en nuestra clase política va a tener los bemoles de decir que en estas condiciones no se debería optar por las clases presenciales, que la prudencia y el conocimiento científico exigen cautela.

Está claro que no hemos aprendido nada del 8M, que el virus es mucho más listo que buena parte de nuestros ministros y consejeros y que los dos grandes partidos de este país se esfuerzan en comportarse como avestruces escondiéndose en vez de resolver los problemas.

En estas condiciones el partido con representación parlamentaria que no ha tenido todavía responsabilidades de gobierno, debería y debe ser el que tire la primera piedra que no es otra cosa que presentar la anunciada moción de censura y hacer ver a los españoles que necesitamos una larga cambiada capaz de devolvernos la ilusión, la esperanza, la seguridad y otra forma de afrontar la unidad, las amenazas sanitarias, sociales y económicas.

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REDACCIÓN