Nota de Redacción: En estos momentos de incertidumbre las voces han de unirse y advertir de los peligros que supone la maniobra torticera de Pedro Sánchez como colofón a su carrera corrupta y traidora que ha propiciado los muchos riesgos a los que se expone la España democrática. Reproducimos el artículo de Alberto Pérez Giménez en Vozpópuli.

“Si Felipe VI tiene que firmar la amnistía (o ley de alivio penal o como quiera que sea el eufemismo que finalmente decida Pedro Sánchez para hacernos comulgar con ruedas de molino) tendría que recordar su discurso del 3-O. El texto de esa eventual ley sería exactamente contrario al discurso que afortunadamente hizo. La amnistía y ese discurso chocan. La amnistía será un error gravísimo que se pagará caro”.

Quien realizaba estas declaraciones en Espejo Público no era un monárquico recalcitrante ni un cortesano –si es que le queda ya alguno a Felipe VI en este reinado que le ha tocado vivir-, era Alfonso Guerra apenas 24 horas después de realizar en el Ateneo de Madrid la mayor moción de censura que se recuerda contra Pedro Sánchez y todos sus correveidiles de Ferraz.

Guerra, ante un auditorio en el que se camuflaba Emiliano García Page, siempre dispuesto a dejarse cortejar como la gran esperanza antisanchista, siempre dispuesto a esconderse tras las siglas del partido para no hacer nada –lo tendría muy fácil, puesto que 8 diputados que votaran la investidura de Sánchez lo son de Castilla-La Mancha- tachó de “desleal” a Sánchez sin nombrarle en ningún momento, cargó contra su sanchidad y su vicepresidenta, “la nada vestida de Dior” y avisó del “grave peligro” que supone aprobar una amnistía que “no cabe en la Constitución”. Todo lo suscribió Felipe González, esa gran “momia facha” según el oficialismo imperante en el PSOE.

Felipe VI, Sánchez y el «gravísimo error»

Nada de lo dicho en el Ateneo era en absoluto distinto de lo que decía el propio Pedro Sánchez y su coro del Equipo Nacional de Opinión Sincronizada –en afortunada descripción de Herrera, Carlos– justo antes de acudir a las urnas el 23-J escondiendo que tenía en la manga a carta del perdón a Puigdemont y cientos de cargos independentistas para poder seguir en Moncloa un tiempo más.

Tanto Guerra como González dejaron claro que el objetivo de los “felones” –en palabra de las espinas (Guerra) de la rosa (González)- es “el régimen constitucional de 1978”. Lo han desmontado, primero, con los pinganillos, oficializando las autonomías de primera y de segunda en España y metiendo –antes de la aprobación de la ley- el catalán en el Congreso “mientras los niños en los colegios de Cataluña no pueden ni usar el español en el patio”.

A las diferencias territoriales con una España a dos velocidades le sigue las diferencias económicas: 450.000 millones es la deuda del Estado a Cataluña –dice Puigdemont- que amenaza con cobrarse, además del 19% de los Fondos Next Generation de la UE “con carácter retroactivo” y varias decenas de miles de millones del FLA. Eso, y dos huevos duros: una especie de ‘cupo’ catalán solidario que deberían pagar desde Extremadura a Valencia pasando por Andalucía y Madrid a la mayor gloria del prófugo de Waterloo que sigue cobrando ciento y pico mil euros más dietas como eurodiputado, escolta y vivienda.

Y sin olvidar que su santa, la periodista rumana Marcela Topor, cobra más de 6.000 euros al mes de la televisión de la Diputación de Barcelona por un programa semanal de 85 minutos que tiene una espectacular audiencia de… 12.000 espectadores.

Los independentistas saben que es “ahora o nunca”: su fuerza, pese a haber caído en escaños y papeletas, reside precisamente en la debilidad de Sánchez, perdedor de las elecciones, que por 7 votos –“esa indignidad” como dijo Nicolás Redondo antes de ser expulsado del PSOE– es capaz de concederles todo lo que precisen. Y lo que quieren es desmantelar todo el andamiaje del 78 para enfilar, ese es el objetivo en el horizonte nada lejano, el referéndum de autodeterminación.

Y en todo este puzzle endiablado, el Rey Felipe VI es una pieza más a tumbar y colocar en el tablero. El Rey es garante y, desde el 3 de octubre de 2017 de manera palmaria, representante del pacto constitucional, de la unidad territorial de España, de la igualdad de las Autonomías que consagra el artículo segundo de la Constitución y, finalmente, de la Monarquía Parlamentaria que establece el artículo primero. Unidad de España frente a separatismo; igualdad de las Autonomías frente a los territorios supremacistas; Monarquía frente a República. Felipe VI es, pues, caza mayor para Puigdemont, ERC y el resto de fuerzas que chantajean a un Pedro Sánchez capaz de vender a quien sea por 7 ‘síes’.

Felipe VI es, pues, caza mayor para Puigdemont, ERC y el resto de fuerzas que chantajean a un Pedro Sánchez capaz de vender a quien sea por 7 ‘síes’

Lo dejaron meridianamente claro González y Guera: una amnistía para los hechos que estuvieron a punto de quebrar para siempre la convivencia en España en 2017 sería una enmienda a la totalidad a la actuación del Rey el 3-O, esa que fue seguida con auténtico desasoiego por millones de españoles y, en especial, por los catalanes que, nada más empezar a hablar, sintieron que, por fin, alguien les decía que no estaban solos frente a la timorata actuación del Gobierno de Rajoy.

El Rey –con la sanción del Gobierno y el aplauso de Pedro Sánchez, otro caso más de amnesia selectiva del hoy presidente del Gobierno en funciones, que apoyó el artículo 155— quedaría tan deslegitimado con una ley de amnistía como la propia democracia española.

Felipe VI –que el 3-O denunció “un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña” por unas “autoridades que se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia y han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común”- quedaría en el brete histórico y personal de tener que firmar una ley que borra de un plumazo todo aquello y convierte a Gobierno, Senado, jueces, policías y a él mismo y a la institución que encarna en los culpables para la historia de unos hechos que por obra y gracia de Pedro Sánchez nunca fueron delito.

A Felipe VI le corresponderá firmar la ley orgánica que –si no está redactada ya- elaboren en estos días los hombres de negro de Sánchez junto al fugado de Puigdemont y su equipo jurídico de Waterloo. Una ley que, en palabras de Guerra, tendrá “consecuencias gravísimas” y que acabará llevándose por delante a la España que conocemos, desde su configuración territorial a la Monarquía parlamentaria. Esa que representa Felipe VI, caza mayor para los independentistas, y que el 3-O pronunció el histórico discurso que aparece bajo estas líneas y que, si nadie lo remedia, quedará como su testamento político.

El discurso completo del rey Felipe VI del 3 de octubre de 2017 por la crisis en Cataluña

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