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La izquierda ha pasado por varias etapas en su interpretación del terror rojo durante la Guerra Civil española. Primero, durante la contienda, los medios de la zona controlada por el Gobierno republicano del Frente Popular presumían de la eliminación de los “fasciosos”; después, en la posguerra y durante el franquismo, se negaba la represión organizada y se minimizaba su número; tras la transición, directamente se obviaba la existencia de estos asesinatos. Finalmente, desde que se promulgó la zapaterista Ley de Memoria Histórica, se magnifican los crímenes del otro bando mientras que se achaca la responsabilidad de las muertes en la retaguardia propia alegando al descontrol de grupos no controlados por el Gobierno.
Uno de los principales argumentos que esgrimen al decir que fue obra de grupos incontrolados a los que el Gobierno “legítimo” quería poner coto es que las sacas comenzaron a partir de la huída del Gobierno de Madrid a Valencia el día 6 de noviembre de 1936, ante el miedo a caer en manos de los nacionales que estaban a punto de entrar en la capital de España. Según esta versión, en los días siguientes a la salida de los ministros de Madrid, se produjo un vacío de poder que los radicales aprovecharon hasta que la Junta de Defensa pudo hacerse cargo de la administración y paró esas sacas.
Pero esto es falso. Días antes de la salida del Gobierno hacia Valencia, las sacas ya se estaban produciendo. Primero en Aravaca y Pozuelo y después, el día 5 de noviembre en la localidad de Rivas Vaciamadrid.
Hay 215 asesinatos de presos de las cárceles de Madrid que se cometieron en las inmediaciones del cementerio de Rivas el día 5 de noviembre, un día antes de la huída del Ejecutivo del Frente Popular. Las víctimas fueron 190 militares y 25 civiles sacados a última hora de la tarde de aquel día de las cárceles de Porlier y San Antón y trasladados a ese pueblo del este de Madrid, donde fueron fusilados, sin mediar juicio alguno, y enterrados en unas fosas comunes que se habían excavado el día 4 por encargo del mismísimo ministro de Gobernación, el radicalsocialista Ángel Galarza.
Es una información que se conoce gracias al testimonio prestado por dos miembros de su cuerpo de seguridad en el viaje entre Madrid y Valencia, realizado a última hora del día 6 de noviembre. En el trayecto paró en Tarancón, desde donde realizón dos llamadas de teléfono. La primera fue a alguno de los nuevos responsables del orden en Madrid, al que le comunicó que autorizaba las evacuaciones de presos y añadía “pero evacuaciones definitivas”.
La segunda de las llamadas fue realizada al alcalde socialista de Rivas Vaciamadrid, en este caso preguntó si había realizado las zanjas que él mismo le había encargado el día 4 anterior. La respuesta fue clara: “hechas y utilizadas”. Allí habían enterrado a esas 215 víctimas.
Unas víctimas que, una vez acabada la Guerra Civil, fueron trasladadas al camposanto de Paracuellos del Jarama, donde sus restos permanecen junto a los miles que en esa zona, a orillas ddel río Jarama, fueron asesinadas en las semanas siguientes a las que murieron en Rivas Vaciamadrid.
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