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Entregadas el 24 de mayo de 1.977

 

1.- Dicen que España ha cambiado tras la muerte del Generalísimo Franco. ¿Qué opina usted sobre esta idea general?

La muerte de Franco supuso la desaparición del último obstáculo se­rio para quienes, dentro y fuera de España, no le habían perdonado su victo­ria contra el comunismo.

Es lógico, pues, que en España hayan cambiado las cosas a partir de su muerte. Ahora se trata de destruir el Régimen que nació de la guerra y que ha deparado a la Nación casi cuarenta años de paz y de progreso.

Lo grave es que se ha puesto en juego otra vez, pero en términos más agudos, la existencia misma de España.

 

2.- Ante las elecciones, ¿qué programa político tiene la «Alianza Nacional para exponer al público electoral?

Sería muy largo exponer en unas líneas ese programa. En síntesis, le diré que, si un Régimen se legitima por sus logros, el balance del Estado franquista es óptimo, por eso, nosotros optamos por la continuidad perfectiva de ese Estado.

 

3.- El presente Gobierno español da la impresión de que viene democratizando su política. ¿Qué opina usted del proceso democratizador que está llevando a cabo el gobierno actual, con medidas como la legalización del P.C.E. y otras fuerzas políticas?

Es precisamente todo lo contrario. Democracia autentica y liberalismo son términos, aunque no lo parezca, contradictorios, al menos en España.

Hasta ahora hemos vivido, sin liberalismo, un Sistema de democracia orgánica en el que el pueblo participaba en la tarea de elaborar las leyes a través, no de los partidos que enfrentaban a los españoles, sino de la fami­lia, los municipios, los sindicatos y los colegios profesionales.

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Ahora se han legalizado los partidos políticos -casi doscientos- entre ellos el Partido Comunista, al que hay que imputar centenares de miles de asesinatos en lo que fue, durante nuestra guerra, la zona roja.

Pues bien, el mismo Gobierno que proclamándose democrático legalizó a los partidos, por una parte, carece de autoridad, pues está en manos del te­rrorismo y de la subversión, y de otra, utiliza constantemente el decreto-ley, sin consultar a las Cortes ni convocarlas, aun cuando la reunión se solicite por un elevado número de procuradores.

La democratización que lleva a cabo el Gobierno es una farsa y ten­drá -está teniendo ya- para España y los españoles consecuencias dramáticas.