Pedro Sánchez el “Presidente felón”. Por Rafael García Alonso

Desde su llegada al Palacio de La Moncloa Pedro Sánchez está llevando a cabo un golpe de Estado por etapas, de tal forma que estamos asistiendo a un progresivo proceso de desconstrucción nacional, supresión del Estado de Derecho y bolivarización de la nación española. Por más que su innato cinismo intente ocultar la realidad con un relato falso y maniqueo que, mediante un freudiano mecanismo de proyección, intenta criminalizar a la oposición constitucionalista acusándola de ejercer la violencia política, lo cierto es que los hechos lo delatan, poniendo de manifiesto que nos hallamos ante un felón de la talla de Fernando VII. Así, inmerso en su permanente descenso a los infiernos de la indecencia como consecuencia de una desmesurada ambición de poder, el psicópata monclovita con su acción de gobierno ha propiciado que la nación española se encuentre amenazada y en riesgo de descomposición, mientras los españoles padecen un inmisericorde recorte de derechos, libertades y prosperidad.

Dado que las opiniones pueden ser consideradas un brindis al sol sin justificación alguna y teniendo en cuenta que nuestra única intención es trasladar a la opinión pública una visión no distorsionada de la realidad, entendemos de obligado cumplimiento fundamentar nuestro planteamiento dando cuenta de la serie de pasos que jalonan el ya indisimulado ataque al orden constitucional vigente protagonizado por el Gobierno socialcomunista presidido por P. Sánchez.

Primer paso: Pacto con los comunistas de Unidas Podemos (UP).

Tras comprometerse de manera explícita durante la campaña electoral a no pactar con UP, nada más conocer los resultados electorales P. Sánchez lo primero que hizo fue precisamente llegar a un acuerdo para la formación de una coalición de Gobierno con UP. De esta forma P. Sánchez unía su destino a un partido político antisistema, de extrema izquierda, vinculado al independentismo, con unos planteamientos guerracivilistas y unas políticas enloquecidas que tienen como finalidad provocar la fragmentación y el caos social. No es de extrañar, por tanto, que el Gobierno socialcomunista haya seguido desde su conformación una deriva totalitaria y anticonstitucional cimentada en la colonización de las instituciones del Estado, el control de los medios de comunicación y el clientelismo electoral.

Segundo paso: Pacto con los separatistas de ERC y Bildu.

Incumpliendo una vez más los compromisos previamente adquiridos con los españoles, P. Sánchez no tuvo el menor escrúpulo en poner de rodillas a la nación española al aceptar como socios de Gobierno al separatismo vasco y catalán.

Por lo que respecta al separatismo vasco, el pacto con Bildu ha obligado a P. Sánchez a modificar la política penitenciaria llevada a cabo por todos los Gobiernos habidos desde la Transición, de tal forma que no solo ha permitido la apología del terrorismo y los homenajes a los etarras, sino que también ha procedido a acercar a los presos de ETA a las cárceles del País Pasco y a transferir las competencias en materia penitenciaria al Gobierno vasco propiciando así la excarcelación de numerosos terroristas. Pero como todo ello no acababa de convencer al entramado abertzale, P. Sánchez tampoco ha tenido reparo alguno en consentir que Bildu participara en la redacción final de la anticonstitucional y liberticida Ley de Memoria Democrática, de tal forma que, con la exclusiva finalidad de blanquear al terrorismo etarra, la etapa franquista se ha extendido hasta 1983, lo cual viene a convertir a Francisco Franco en el alma mater de la Transición española, periodo en el que, con el apoyo de la gran mayoría del pueblo español, se aprobó el texto constitucional que habría de reinstaurar la democracia en España.

En relación al separatismo catalán, el pacto con ERC ha obligado a P. Sánchez a mostrar nítidamente ante la ciudadanía su absoluta falta de principios éticos al tomar una serie de decisiones que en la práctica suponen la conculcación del Estado de Derecho hasta ahora vigente en España. Así, se ha permitido, contra lo dictado por el Tribunal Supremo, la inmersión lingüística propiciada por la Generalidad de Cataluña en un desesperado intento de suprimir todo tipo de vínculos entre la nación española y la región catalana. A su vez, con la falsa excusa de desjudicializar el llamado conflicto catalán, lo cual de facto no supone otra cosa que despenalizar el delito, P. Sánchez ha procedido sucesivamente a indultar a los golpistas catalanes, a eliminar del Código Penal el delito de sedición y a rebajar las penas por el delito de malversación de caudales públicos, de tal forma que a partir de este momento se puede decir que dar un golpe de Estado en España prácticamente no tiene consecuencias penales ni económicas. Sin embargo, como alimentar a la bestia independentista es como echar leña al fuego por ser su apetito insaciable, inmediatamente después de tan ominosas concesiones hemos visto como el conjunto de los independentistas catalanes pedía a coro la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ante esta situación tanto P. Sánchez como dos de sus actuales mamporreros favoritos, esto es, Patxi López y Félix Bolaños, se han apresurado a rechazar públicamente la celebración de dicho referéndum, lo cual, teniendo en cuenta  que todos ellos son unos consumados maestros de la mentira, es la mejor garantía de que se celebrará en un futuro no muy lejano y, de hecho, entre bambalinas ya se está negociando la forma de hacerlo y todo apunta a que se realizará en forma de consulta no vinculante pero sí condicionante, sentándose así definitivamente las bases para la culminación del proyecto independentista.

Tercer paso: Asalto al Poder judicial y eliminación de la separación de poderes.

El Poder Judicial tiene como misión preservar el Estado de Derecho y garantizar el imperio de la ley. Por lo tanto, el Poder Judicial constituye el muro de contención de toda democracia ante cualquier intentona totalitaria. Debido a ello, tras la conformación de la triple alianza sanchista-comunista-separatista, a P. Sánchez tan solo le restaba eliminar la separación de poderes y con ello el sistema de contrapesos característico de las democracias liberales, para de esta forma alcanzar un poder omnímodo. Con este planteamiento de base, como cabía esperar el nuevo Frente Popular, al igual que hizo antaño, ha comenzado un indisimulado asalto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Constitucional (TC), ya que ello supone el control de la pieza angular que posibilita llevar a buen puerto su proyecto totalitario, al permitir al Gobierno modificar a su antojo el actual ordenamiento jurídico en el que se asientan, tal y como consagra la Constitución, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Así, aprovechando de forma subrepticia una modificación del Código Penal, el Gobierno socialcomunista ha presentado sendas enmiendas dirigidas a modificar las Leyes Orgánicas que regulan el funcionamiento del CGPJ y del TC, llegando, en el colmo de la desmesura, a amenazar con penas de cárcel a los magistrados que no se avengan a sus propósitos. Desglosando las modificaciones propuestas vemos como, en primer lugar, se pretende modificar la mayoría de 3/5 necesaria para que el CGPJ elija a los dos miembros del TC que le corresponden, sustituyéndolo por una mayoría simple, mediante un sistema de votación que provoca un reparto por cuotas que no hace sino reforzar la politización del tribunal de garantías y eliminar el espíritu de consenso que alienta la actual legislación. Asimismo, se propone eliminar la certificación de idoneidad otorgada por los miembros del TC a los aspirantes nombrados por el Gobierno, de tal forma que el Ejecutivo está en disposición de colocar sin obstáculo alguno en dicho TC a magistrados afines, tal y como está haciendo P. Sánchez en el momento actual. Finalmente, se plantea eliminar la exigencia de que el TC se renueve por tercios, para así posibilitar que los magistrados propuestos por el Gobierno pasen a formar parte del TC sin necesidad de que a la vez se incorporen los candidatos nombrados por el CGPJ, vulnerándose así el Artículo 159.3 de la Constitución. Dada la evidente inconstitucionalidad de las enmiendas presentadas por el PSOE y UP no debe extrañar que el Pleno del TC, tras la demanda de amparo presentada por el Partido Popular, haya acordado paralizar cautelarmente su tramitación en el Senado, deteniendo momentáneamente el intento de control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, si bien todo parece indicar que vienen tiempos difíciles para la democracia española.

Hace 46 años que se aprobó en España la Ley para la Reforma Política fruto de la cual vencedores y vencidos de la Guerra Civil, guiados por el faro de la reconciliación nacional, hicieron posible que España se constituyera en un “Estado social y democrático de derecho”. Desde esta perspectiva, entendemos que el golpe de Estado que está siendo perpetrado paso a paso por P. Sánchez solo puede ser detenido mediante una masiva movilización de la sociedad civil, para lo cual resulta ineludible recuperar el espíritu de concordia que animó a nuestros antepasados, más allá de posicionamientos ideológicos concretos dentro del espectro democrático y constitucionalista.

Autor

Rafael García Alonso

Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.

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