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Como hemos apuntado ya en la última entrega de esta “Lingüística para Nacionalistas, en la mal llamada normalización lingüística del sistema educativo de Cataluña, se pueden distinguir claramente dos etapas: la primera puede y debe ser tildada de “normalización flexible, racional y razonable”; la segunda, sin embargo, debe ser calificada de “radical”. Hoy nos ocuparemos sólo de la primera.

 

Esta primera etapa fue propiciada por una serie de textos legislativos, que se escalonan entre 1975 y 1992 y que se fundamentan en la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 1979. En esta primera etapa, se pueden diferenciar claramente dos fases.

 

Primera fase (1975-1982): enseñanza obligatoria del catalán y experimental en catalán

 

En 1975, se autoriza, con carácter experimental y como materia voluntaria, la enseñanza del catalán. En 1978, dos nuevas disposiciones legales regularon la incorporación efectiva y obligatoria de la enseñanza del catalán, en los niveles no universitarios, a razón de 3h. semanales. Esta incorporación implicó, en BUP, una reducción del horario del español y de otras asignaturas. Por otro lado, existió la posibilidad de impartir “programas sólo en lengua catalana o en lengua española”, previa autorización  de la Comisión mixta (MEC-Generalidad), en función de la lengua materna de los alumnos, de la elección de los padres y de los medios disponibles. Además, se precisa que había que acoger a los niños en su lengua materna (catalán o español). En esta fase no se habla todavía de “normalización”, sino del “proceso de incorporación de la lengua y cultura catalanas al sistema de enseñanza de Cataluña”.

 

Segunda fase (1982-1992): enseñanza obligatoria del catalán y en catalán

 

Con tres nuevas disposiciones, en las que se habla, impropiamente y por primera vez, de “normalización” lingüística, se pretende profundizarla e intensificarla, siguiendo el camino trazado en la fase anterior. En efecto, se pretende implantar y generalizar la enseñanza  del y en catalán y español, en todos los niveles educativos no universitarios. Sin embargo, se precisa que los primeros aprendizajes deben ser asegurados mediante la enseñanza  en la lengua habitual (propia) de los niños, ya sea ésta el catalán o el español; esto constituye un derecho que la Administración debe garantizar y que los padres pueden ejercer. Con esta política lingüística se intentaba conseguir que los escolares llegasen a ser capaces de utilizar normal y correctamente las dos lenguas oficiales (“bilingüismo equilibrado”). Ahora bien, en esta segunda fase, ya se aprecia claramente una discriminación positiva del catalán para que se convierta en la única lengua vehicular en la enseñanza.

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En la etapa “pre-normalizadora” (años 60 y 70) y en esta primera etapa normalizadota (1975-1992), triunfaron las tesis coincidentes de Rosa Sensat y de Miquel Siguán: triunfaron la razón, el sentido común, la equidad, los principios pedagógicos y psicolingüísticos, así como el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos y de los padres, sobre los criterios de naturaleza política y nacionalista, defendidos por Omnium Cultural. Por este motivo, durante todo este periodo, se aplicó una política de normalización lingüística flexible, racional y razonable. Con ella se intentó dar satisfacción a las demandas de los padres, adecuar el ritmo y la intensidad de la mal llamada “normalización” a los distintos tipos de alumnos, siguiendo los dictados y aportaciones de las Ciencias de la Educación, así como tratar de alcanzar progresivamente un bilingüismo equilibrado, español/catalán.

 

Ahora bien, este triunfo no fue el resultado de una reflexión sosegada y profunda, por parte de los responsables de la política lingüística, sobre el peso, el valor y la pertinencia de los principios y argumentos psicopedagógicos de Rosa Sensat y de Miquel Siguán. Esta elección fue, más bien, el resultado de la coyuntura del momento. En efecto, en esta primera fase, los responsables políticos tuvieron que ser prudentes con el ritmo y extensión inicial de la mal llamada “normalización del catalán”, por una serie de motivos: por un lado, no había que provocar el rechazo, la resistencia y las protestas de los ciudadanos de Cataluña; por otro lado, no había profesorado  suficiente y bien formado para asegurar la enseñanza masiva del y en catalán; en fin, tampoco estaban listos y disponibles los libros de texto y el material didáctico para llevarla a cabo.

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En 1992, estas deficiencias habían sido ya subsanadas gracias a la creación de departamentos de Filología Catalana en todas las universidades de Cataluña, a las Escuelas de Formación de Maestros y a un gran esfuerzo editorial (material didáctico y libros de texto). Por otro lado, los resultados de esta primera normalización no satisficieron ni las expectativas ni las previsiones de los responsables de la misma. En efecto, para los nacionalistas de derechas, de centro o de izquierda, el ritmo de la normalización había sido demasiado lento y los resultados no habían sido los esperados. Y esto era muy grave, ya que ponía en entredicho la “construcción nacional”, que se cimenta y que encuentra su justificación en la lengua propia de una parte minoritaria de la ciudadanía catalana; lengua que ha sido, es y será, para los nacionalistas, no sólo el punto de apoyo sino también la palanca con la que pretenden remover, destruir y rehacer el mapa territorial de la Península Ibérica.

 

Por todo ello, en 1992, el Gobierno de la Generalitat de CiU  —apoyado por la oposición de ERC, ICV-EUiA y PSC— cambió totalmente de estrategia: abandonó la “normalización flexible, racional y razonable” (tesis de Rosa Sensat y Miquel Siguán) y adoptó y empezó a aplicar una “normalización radical” (tesis de Omnium Cultural), a la que yo denomino “inmersión lingüística precoz, total y obligatoria”, de la nos ocuparemos en una próxima entrega de esta “Lingüística para Nacionalistas”.

Coda: « Je ne demande pas à être approuvé, mais à être examiné et, si l’on me condamne, qu’on m’éclaire » (Ch. Nodier).

Autor

REDACCIÓN