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En el 2005 tomamos conciencia en España del escándalo “Outreau” de la Justicia Francesa y el devastador efecto que causó en multitud de personas inocentes de todo delito.
Así fue tal que hasta el Estado Francés tuvo que pedir “perdón”, así como también la Fiscalía de ese país, por haber acusado falsamente de los más terribles delitos a franceses sin ninguna culpa o responsabilidad, y se vio obligada a revisar sus procedimientos de instrucción, terriblemente opacos, gravosos e injustos.
Demasiado tarde llegó ese perdón, pues varios de los acusados se acabaron suicidando, se rompieron muchas familias y la mayoría de los afectados perdieron sus trabajos y tranquilidad.
Sin embargo, parece que esas prácticas desaforadas de instrucción provenientes de Francia todavía aún hoy perviven, y lo peor de todo, en lo que a España respecta, es que se están aplicando contra ciudadanos españoles a los que se está intentando maliciosamente aplicar fraudulentas órdenes europeas de investigación, detención y entrega, sin que la Audiencia Nacional haga nada de momento.
Ahora mismo hay aquí en la cárcel dos españoles a los que las autoridades judiciales de Lille (la fiscal Camille Gourlin) han enviado contra ellos a España el 21 de Junio de este año una Orden europea de detención y entrega que tramita el Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en base a un formulario que contiene datos falsos y que podría ser considerado a la luz de la legislación española como “falsedad en documento público”, pues solicita su entrega en base a una sentencia condenatoria de 30 años (se habla de sentencia y hasta de su fecha, 6 de mayo de 2022) que NO existe, y una imputación de 16 delitos que no son especificados completamente, cuando lo que realmente se desea es extraditar a Francia a dos ciudadanos españoles, lo antes posible y como sea, durante la fase de instrucción de un procedimiento penal, donde por supuesto aún no hay sentencia, para que allí sean muy probablemente torturados psicológicamente (habitual en Francia como muchos letrados sabemos) y sobre la base de un procedimiento de instrucción que dura ya muchos años (huele a gran “cagada” jurídica) y en donde las defensas no pueden defender a sus clientes, pues allí se aplica la doctrina de “el secreto de defensa”, consistente en que te aplican toda la fase de instrucción sin que tu abogado sepa de qué va la vaina.
Véase a continuación un extracto de la Orden europea de detención y entrega recibida desde Francia el 21 de junio de 2022.
Habría que decir que si realmente lo que se desea es interrogar a un español desde Francia, existe la fórmula de la videoconferencia, mucho más rápida y menos gravosa para el Sistema y los afectados, además de que cuando hay condena penal firme de cárcel que proviene de otro país europeo, el español puede optar a cumplirla en España.
Muy avanzados van en Francia, como vemos, en un país donde en amplias partes de su territorio ya rige la Sharia (Ley Islámica), donde si vas pacíficamente a disfrutar una final de un campeonato europeo de fútbol en Saint Denis (París) lo más probable es que te violenten y apalicen muchedumbres descontroladas, mientras parte de su Gendarmería te “gasea”, y donde hay jueces y fiscales “estrella” tan “estrellados” en sus arbitrariedades de instrucción que harían palidecer al Juez más corrupto y sectario de España.
Ese “secreto de defensa” de la rigorista Justicia Francesa no ha impedido que haya habido una filtración en la prensa francesa (¡qué típico de “la justicia de pasarela!”) de la detención de los ciudadanos españoles, en concreto en “Le Parisien”, con una noticia fechada el 24 de junio de 2022, donde habla de detenciones en España de españoles que aparecen denominados como “administradores” de una sistema de telefonía móvil encriptado, es decir, vendedores de móviles seguros, sin que haya en ellos ninguna otra responsabilidad penal contra ellos, a la luz de la noticia.
Ello no es óbice para que en el formulario de la orden europea de detención y entrega proveniente de Francia, como he explicado, se mencione la existencia de una sentencia condenatoria firme sobre la base de 30 años de prisión y 16 delitos juzgados, y que además, sobre la base de esa falsedad documental en documento público, el Juez Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional haya reproducido (véase el extracto a continuación) esos hechos falsos en su auto judicial para justificar una prisión comunicada y sin fianza para los dos españoles, vendedores de móviles encriptados, que llevan ya un mes en prisión, después de haber sido arrancados violentamente de sus hogares justo al amanecer, con sus puertas reventadas a martillazos, y con en paralelo un operativo de entrada y registro ordenado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional por el que al albur de ¡otra! Orden adicional proveniente de Francia, en este caso una Orden Europea de investigación, con decenas de Guardias Civiles de la UCO, con sus perros y diez Cyber-Gendarmes franceses “empotrados”, como cuenta la noticia de “Le Parisien”, que debieron sentir vergüenza todos ellos de cómo se destruye y se violenta un hogar familiar con niños pequeños (tres) en España.
Posteriormente a estas actuaciones, Francia envía el original de la Orden europea de detención y entrega en idioma francés, y con traducción jurada al español, que entra en la Audiencia Nacional el 1 de julio, donde como se puede ver ya no se habla de una sentencia condenatoria firme, sino una requisitoria de un Juzgado de instrucción francés, donde no hay pena aún impuesta.
Como explico, hay por lo tanto dos Juzgados centrales de instrucción distintos en la Audiencia Nacional que tramitan ambas órdenes europeas distintas; el 5, una Orden europea de detención y entrega, y el 3, una Orden europea de investigación. Son las cosas que resultan de “las normas del reparto” en la Audiencia Nacional de España. Todo se mezcla y se complica.
El Juzgado 5 tramita equivocadamente, por su parte, con extrema dureza y saña la Orden europea de detención y entrega emitida por Francia, sin entrar al fondo, y el Juzgado 3 practica investigaciones que recibe de una Orden europea de investigación proveniente igualmente de Francia, de la que a las defensas se les ha privado de acceso.
Las Entradas y Registros (investigaciones) llevados a cabo por el Juzgado número 3 fueron en cada domicilio familiar de los dos españoles ahora encarcelados y hubo otra más, en una oficina con la presencia de solamente uno de ellos.
En la casa de uno de ellos, la Guardia Civil incautó cierta cantidad de dinero y dos relojes “Rolex” (¡peligro! para los que tengan un Rolex en España, pues se interpreta como presunción de culpabilidad o de lavado de dinero/blanqueo de capitales) para, a continuación, una vez en la entrada y registro de la oficina, en mitad de la misma, a la Letrada del detenido se le ofreció la posibilidad de aceptar la devolución y entrega del dinero intervenido y de los dos Rolex, lo cual aceptó y se hizo constar en diligencia. Lo nunca visto…
¿No se supone que la finalidad de estas entradas al amanecer en domicilio tan desproporcionadas y violentas, aunque con Auto judicial preceptivo, es obtener pruebas de los presuntos ilícitos y bienes que pudieran haber sido obtenidos con dinero fruto de los ilícitos?
Me ahorro explicar por ahora el motivo por el que las esposas de los dos españoles encarcelados están siendo también investigadas en Francia y en España. Lo dejaré para otro artículo, aún más duro, que espero que provoque (seguro que no…) la inmediata reacción del Ministerio de Igualdad de España, en defensa de las mujeres españolas.
Y en cuanto a la situación de los hijos menores (niños) de los dos españoles encarcelados, en total cuatro, mejor no digo lo que pienso.
Parece que también hubo grabación de los dos españoles detenidos en la calle tras el allanamiento de sus hogares, quien sabe si también para un especial de investigación de La Sexta, pues en eso han quedado televisivamente algunas Unidades de la Benemérita, en simples figurantes de un plató de “escándalos estrella” de un canal, que hay que recordar que fue creada por Roures, el Amigo de la ETA, y que sigue buscando con más fuerza que nunca sus mismos fines originales.
¡Hay que saber con quién se colabora!
Mientras que esas dos familias españolas estaban siendo violentadas en base a dos órdenes europeas con muchas incongruencias, el Juez instructor de la Audiencia Nacional que ordenó el encarcelamiento de los españoles detenidos, debía estar en esa hora peinándose su larga y lacia melena que luce en las revistas del papel “cuché”.
Me apenó mucho leer lo que sucedió con el escándalo “Outreu” en Francia, pero me indigna ver cómo la Justicia Francesa engaña a la Española (¿con complicidad?), y cómo ésta maltrata y se ensaña, con su caos y descoordinación habitual, con dos familias españolas que podrían ser perfectamente las nuestras, en lo que ya adelanto que puede convertirse en el segundo estándolo “Outreau” de la Justicia Francesa, en colaboración en este caso con la Justicia Española.
Tenemos un serio problema en la Audiencia Nacional porque en muchas ocasiones no defienden a los españoles de las arbitrariedades venidas de fuera, convertida en meros ejecutores de injusticias que en este caso han saltado por encima de los Pirineos, como si España fuera una Nación vasalla de Francia.
Si realmente quiere la Justicia investigar cuestiones sobre encriptaciones de móviles y su hackeo, tenemos el caso “Pegasus” que ha afectado al Presidente del Gobierno de España y ha determinado, con grave perjuicio para la seguridad nacional, la política internacional de España.
Es en esto donde la Justicia española debe poner todos sus esfuerzos y en proteger a los españoles de una Justicia como la francesa cuando actúa en plan “Outreau”.
Tengo que reconocerlo, aunque me duela decirlo, mi desconfianza ante la Audiencia Nacional y parte de la Guardia Civil que trabaja con ella es galopante y desenfrenada, aunque espero que sepan rectificar a tiempo, y evitar una extradición de dos españoles que sería un escándalo nacional de primera magnitud que acaparará muchas portadas de periódicos y la indignación de la opinión pública española, pero la desconfianza que tengo hacia la Justicia Francesa a nivel penal, como hacia la Belga, es total y absoluta, y recomiendo a todos los españoles que se mantengan por su propio bien alejados de ella.
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