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Por el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno establecieron las denominadas primas renovables con el objeto de favorecer su rentabilidad, sector regulado a finales de los año noventa. Estas primas fueron concebidas para cubrir los costes de competitividad con relación al resto de tecnologías del mercado.
Posteriormente fue aprobado un impuesto a la generación de electricidad y el recorte de compensaciones a la energía renovable a partir de 2012, recorte que fue acometido por Mariano Rajoy reduciendo un cuarenta por cien las primas vigentes en dicho momento. Este recorte supuso la quiebra de numerosas empresas eólicas y termosolares, de manera especial las fotovoltaicas. Del período comprendido entre el año 2000 al 2020 España ha pagado cerca de 100.000 millones de euros en primas a las renovables, primas que se cargan en el recibo eléctrico de todos los consumidores, sean hogares o empresas, y causa de que la electricidad en España haya sido la más cara de Europa en los últimos años.
José Luis Rodríguez Zapatero permitió que los grandes fondos internacionales, de manera especial, invirtieran en las renovables, con lo que las primas se multiplicaron llegando a unos 8.000 millones de euros al año. Fue el propio PSOE el que cerró la entrada a más inversores y el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, redujo un veinticinco por cien (25%) dicho coste, con lo que las reclamaciones no se hicieron esperar por quienes se sintieron y sienten perjudicados.
Ello supuso que España fuera llevada al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), organismo dependiente del Banco Mundial, que reúne, a fecha actual, más de cincuenta procedimientos contra España, que suman una reclamación económica de 10.000 millones de euros. En el año 2019, para paliar este cúmulo de irresponsabilidades y disparates políticos, el gobierno de Sánchez aprobó un real decreto que fue complementado por el Real Decreto Ley 23/2020, por el que ofrecía a los inversores una retribución más alta a cambio de retirar sus demandas contra España.
La primera empresa en aceptar la proposición del gobierno español y presentar su renuncia fue MASDAR SOLAR&WIND COOPERATIEF, de los Emiratos Árabes, a la que no le han seguido renuncias que hayan podido paralizar las reclamaciones ahora pendientes. Lo anterior ha llevado a que el gobierno social-comunista actual, haya dispuesto de una partida económica de 1,7 millones de euros para contratar a un despacho de abogados norteamericano (Curtis, Mallet-Prevost, Colt&Mosle LLC) que ya representa a Venezuela en procedimientos internacionales. Siguiendo a Libre Mercado, la Abogacía del Estado español ya invirtió 70 millones de euros para su defensa en las reclamaciones de las primas renovables frente a las resoluciones de condena para España que suman más de 1.200 millones de euros.
Sabiendo lo anterior, que solo se conoce a través de revistas especializadas o acudiendo a la misma página del Banco Mundial, cabe preguntarse: ¿Por qué los candidatos a las próximas elecciones no ponen sobre la mesa de los debates esta cuestión y que tanto afecta al erario público? ¿Tal vez porque todos y cada uno de los partidos que comprenden el espectro político español han hecho un voto de silencio? ¿A quién obedece el mismo? La verdad es que no se comprende ni se entiende, siendo la realidad que nadie quiere tirar de la manta, porque este fiasco de las renovables mancha no solo a los partidos políticos y a los distintos gobiernos (del PSOE y PP en este caso) que estaban detrás de esas energías del sol, sino aquellas organizaciones y grupos ecologistas que, de alguna manera, pudieron también beneficiarse del riego de dinero fácil que llegaba en su momento y que, ahora, todo español de a pie ha de soportar en su bolsillo por intereses particulares e ideologías totalmente equivocadas. ¿No vamos a pedir responsabilidades por este quebranto a la sociedad española que gobiernos de un mismo partido encubren y silencian, y que otros gobiernos de distinto partido no han denunciado ni piensan hacerlo?
¿Podrá este Juan soldado español seguir soportando todos y cada uno de los errores y festines económicos de estos partidos y de los políticos que los componen? Si fuéramos sensatos cortaríamos el hilo de esclavitud que nos ata a ellos, atendiendo solo aquellos actos útiles a la comunidad, en palabras de Marco Aurelio.
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