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La invasión inmigrante sigue golpeando a las islas Canarias y transformando en un cenagal peligroso las calles de localidades como Mogán y Maspalomas. Los hoteles rezuman la multiculturalidad apabullante y enriquecedora con que adornan sus habitaciones los 5000 ilegales, varones, en edad militar y cargados de whisky, que cada día montan el numerito del conflicto social y el enfrentamiento callejero.
De poco sirve que el 90 cien de agresiones, robos y delitos denunciados en la localidad de Mogán y sus alrededores sean perpetrados por esos pobres depauperados que huyeron de la guerra y acudieron en masa a nuestro solar patrio para pagarnos, huelga recordarlo, nuestras pensiones del mañana.
¡La culpa es de los españoles descendientes de la Reconquista y las Navas de Tolosa, y por tanto racistas, heteropatriarcarlas y machistas, que no saben integrarlos!
La Cruz roja, que en agosto pasado se metió en la faltriquera 26 millones de euros de subvención estatal, amén de jugosos subsidios locales y autonómicos, sigue pasando el cepillo a los ciudadanos españoles que se dejan embaucar, y obteniendo de ellos y del Estado decenas de millones de euros que están sirviendo para montarles fiestas y bacanales a las jóvenes promesas laborales marroquís o argelinas que garantizarán a buen seguro las pensiones de los jubilados de España.
Nuestros “paga pensiones” no podían estar huérfanos del suculento apoyo iniciático que les sirviese para echar raíces en España y desplegar con tiento sus actitudes y capacidades personales. Por ello, las chicas de la Cruz roja, además de fiestuquis, les entregan cantidades que oscilan entre los 200 y 400 euros, invertidos en litronas y borracheras destinadas a su “integración lúdico-social”.
La cifra de policías lisiados, de mobiliario destrozado y de viandantes atemorizados a manos de nuestros “salvadores económicos” no puede ser más demoledora. Las denuncias que al respecto se producen, y que sólo encuentran altavoz en El correo de España o en el programa “El gato al agua” de Intereconomía, son silenciadas de forma clamorosa por los grandes medios de comunicación abrevados al pienso de la subvención y agrupados en los grandes emporios de la izquierda como Atresmedia y Mediaset.
Habrán escuchado a los “informadores” narrar las idas y venidas del diabólico Donald Trump, su “golpe de estado” a la democracia, su terrible alzamiento delictivo. Los habrán escuchado hablar de la plandemia y, cómo no, de las habituales entrevistas-masaje a miembros de la izquierda destacando la que el inefable Pedro Piqueras ofreció a Pedro Sánchez. Son esbirros de la información monoforme y deforme, de la intoxicación permanente y de las constantes “mamadas” a los dirigentes políticos. El imperio mediático progre oculta, como no podía ser de otra manera, el hundimiento de las islas Canarias y del Levante español a manos de la delincuencial oleada de ilegales cuyas llegadas no cesan.
Mientras Canarias masca la miseria implosionada, el resto de España recibe de manera continuada avioncitos fletados por el gobierno y cargados de los salvadores de las pensiones, previamente alojados en hoteles de cuatro estrellas. Como los necesitamos en cada región, y en cada ciudad, para levantar el bienestar social y realzar la economía, nuestro gobierno los dispersa en grupos por todas las provincias. Que sean delincuentes marroqíes, que no conozcamos sus antecedentes penales, ni siquiera su estado de salud y patológico, no importa; son ilegales, pero da igual.
Buena prisa se han dado en el gobierno social-comunista para aplicar el credo inmigracionista de la “Agenda 2030” y el tancredismo habitual de la izquierda marxista cultural y enemiga de Occidente. Desde 2018, las regularizaciones masivas camufladas, iniciadas a instancias del salvoconducto fraudulento de sellar la condición de “refugiados”, han traído a España barquitos como el “Aquarius”, barcazas como la de “Open arms”, y magnates pagadores de la fiesta del tráfico ilegal como George Soros dirigiendo, a través de Jose Borrell y Pedro Sánchez, el sucio negocio del tráfico de africanos hacia Europa. Más de 300.000 ilegales se han colado en España desde 2018. Entre ellos, más de 30.000 “menas”, cuyas plazas en centros sociales oscilan, como coste para el contribuyente, entre 4000 y 7000 euros mensuales.
Las fiestas de la Cruz roja con los ilegales continúan. La lujuria, el alcohol y el caos social arrasan los hoteles de Mogán e incendian las calles.
El estado sin ley, sin mando, sin expulsiones y con anarquía se ha apoderado de un trozo de España contemplado con anhelos de conquista y absorción por el sátrapa marroquí Mohamed VI, al cual están ya frotando las autoridades españolas y europeas con las mieles de nuevas ayudas millonarias “para cooperación” y “control fronterizo”. Los resultados de semejante política están a la vista…
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