Desde el año 2019 Chile inició un proceso constituyente como respuesta a un denominado “estallido social” que realmente fue un proceso insurreccional reconocido por el ex Director del Instituto de Derechos Humanos de aquel entonces, Sergio Micco, y ratificado recientemente por el expresidente Sebastián Piñera. Dicho estallido de violencia y manifestaciones callejeras empujaron al gobierno de turno a efectuar un acuerdo con el mundo político de aquel entonces, en el que la centroderecha, la centroizquierda y hasta la izquierda más radical (exceptuando los Partidos Comunista y Republicano) decidieron cambiar la Constitución como supuesta medida para reestablecer la paz perdida.
En ese contexto el 25 de octubre de 2020 se realizó un plebiscito de entrada en el que más de cinco millones de personas -muchas de ellas convencidas de que la insurrección había sido un proceso espontáneo- votaron a favor del cambio constitucional, asumiendo que ello traería las soluciones a problemas que aquejaban -y aquejan- a la ciudadanía. Entre los principales malestares mencionados se encontraban: la corrupción de ciertos sectores del mundo empresarial y el sector público, las bajas pensiones de los adultos mayores, la seguridad ciudadana y la disconformidad con los sistemas de salud y educación entre muchos otros.
En ese escenario se escogió redactar la nueva Carta Magna mediante una Convención Constitucional para lo cual fueron escogidos en por votación popular a algunos “representantes”. El resultado de dicha elección fue sorpresivo: gran parte de los elegidos eran o habían sido parte de la izquierda más radical, incluyendo a muchos de los que se presentaron como independientes, dejando a la derecha sin posibilidad de veto ni de influencia en el resultado, relegando a sus convencionales a sólo a informar a la ciudadanía de los pormenores del proceso, sus impasses y desprolijidades que dieron como resultado una constitución hecha a la medida de la ideología progresista, pero cuyo resultado tajantemente desaprobado: el 61,86% de los votantes, es decir, 7.882.238 personas rechazaron la propuesta.
En honor a la verdad, ese proceso completo fue un desastre. Para citar sólo una referencia a modo de ejemplo, uno de los miembros de la Convención Constituyente afirmó en el plenario que su modelo de organización ideal era el imperante en la Unión Soviética. La izquierda radical, sin oposición y sintiéndose con el poder en sus manos, demostró todo lo que son capaces de hacer atreviéndose a insinuar que podrían cambiarnos desde el Himno Nacional, la bandera y todo lo que ellos consideraran necesario. Un escenario muy surrealista, lleno de informalidad, corrupción y despilfarro que no queremos recordar, pero que dejó a la ciudadanía con un enorme malestar a causa del tiempo y los recursos perdidos.
El momento más amargo de todo este proceso me atrevería a decir que fue aquel que se vivió tras el triunfo del rechazo en septiembre de 2022. La Constitución vigente consignaba que en caso de ser rechazada la propuesta, se cerraba el proceso permaneciendo vigente la actual Carta Fundamental. Sin embargo, en un acuerdo de espaldas a la ciudadanía realizado entre parlamentarios de centroderecha e izquierdas se determinó modificar la Constitución para dar continuidad al proceso de manera arbitraria y sin plebiscito de entrada. Eso en cualquier parte es un golpe de Estado. En Chile pasó sin que nadie acusara recibo de lo sucedido. Así se definió elaborar una segunda propuesta desarrollada por una comisión de expertos, pero que estaría sujeta a modificaciones por parte de los representantes que sí serían electos por votación popular. Por supuesto, el acuerdo entre los políticos dejó consignados unos “bordes” en los que delimitaban el marco en el cual deberían moverse, tanto los expertos como los consejeros electos.
Es importante señalar que ante aquel flagrante atentado contra la democracia el Partido Republicano se mantuvo al margen, y fue precisamente éste quien obtuvo una mayoría lo suficientemente significativa para aprobar todos los cambios necesarios, de cara a la confianza que la ciudadanía había puesto en ellos como respuesta al accionar de los otros partidos políticos. Sin embargo, y pese a haber desarrollado una propuesta constitucional mejor que la anterior, el Partido Republicano, al replegarse a los bordes planteados por la centroderecha y la izquierda antes de iniciar el proceso, tranzaron en aspectos no negociables para un amplio sector de la ciudadanía.
Desde ahí, y aunque a muchos les resulte extraño que gran parte de la derecha chilena haya rechazado un texto elaborado por lo más a la derecha que existe políticamente en Chile, dicha disociación se produjo por diferencias sustanciales en la concepción del Estado y su rol en función con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Quienes rechazamos la propuesta lo hicimos porque en este nuevo texto se consagraba a Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho tal como está consignado en países como Venezuela, y aunque el límite de ello también estaba explicitado, incurrir en un riesgo semejante no era algo que muchos estábamos dispuestos a correr, especialmente con el talante de la clase política gobernante. De igual manera, el texto incorporaba nociones de paridad, eficiencia energética, obligatoriedad del Estado en difundir las culturas emergentes en el territorio nacional y ponía los derechos fundamentales en una ambigüedad que no podían ser negociables a pesar de contar con muchas garantías en aspectos de corrupción de los políticos y otros asuntos de interés para la derecha en general.
La izquierda estaba en contra del texto porque no se ajustaba al estatismo que ellos esperaban. La derecha estuvo en contra porque en él se abrían las puertas a un sistema de organización que no solamente aumentaba el tamaño del Estado, sino que además le otorgaba mayores atribuciones para involucrarse en la vida de los ciudadanos, con el costo económico que esto significa. Así, ese mismo sector de la derecha tampoco estuvo dispuesto a pasar por alto la ilegitimidad del proceso desde sus orígenes, a pesar de que ello significaba estar votando igual que la gente del Partido Comunista.
Atendiendo a las cifras, podemos decir que el desenlace del proceso fue categórico: el 55,68% de los votantes afirmó estar en contra de cambiar el texto constitucional, transformando de paso a la Constitución Chilena hoy vigente – aquella redactada en el gobierno del General Augusto Pinochet y reformada en gran medida por el presidente Ricardo Lagos- en la Carta Fundamental más ratificada de la historia de Occidente: primero plebiscitada en el año 1980, luego en 1989, posteriormente en el año 2022 y este 17 de diciembre de 2023.
Así vemos cómo en la ciudadanía chilena, a pesar de estos cuatro años de amenazas y ataques directos, prima más la sensatez que el miedo. Hay una sabiduría profunda que nos permite seguir distinguiendo el bien del mal a pesar de todos los recursos empleados para confundirnos. A pesar de todo, hemos aprendido que los políticos embelesados por el poder son nuestro mayor problema, en tanto los individuos libres han sido la solución. Tal vez sea un buen momento para poner sobre la mesa el tema de la democracia directa, que limite el poder parlamentario y devuelva a la gente el legítimo derecho de decidir sobre su destino y sobre cómo emplear mejor el fruto de su trabajo confiscado vía impuestos. Hay lecciones que cuestan muy caro de aprender. A nosotros nos costó 1.500 millones de euros darnos cuenta de que la Constitución de Pinochet y Lagos no era realmente el problema y que cuando estamos unidos, somos la ciudadanía los que tenemos la última palabra.
Autor
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Psicóloga-Gerente de Desarrollo de Personas en
Easy Coaching-Vicepresidenta y Coordinadora Nacional Ladies of Liberty Alliance-Profesor docente en varias universidades.
"En lo personal puedo decir que me he encontrado con varias verdades: como Psicóloga sé que nuestro desafío es que la razón prevalezca y cuando sea conveniente, domine a nuestras emociones; como Magister sé cuáles son las condiciones para que los seres humanos podamos tener una vida más significativa; como Dip. en Dirección y Gestión de Empresas sé que el emprendimiento juega un rol fundamental en el bienestar y que la iniciativa empresarial es irremplazable si queremos salir adelante como sociedad; como Master Coach sé que el liderazgo es la clave para influir en otros con las ideas correctas; como mujer sé que somos complementarias a los hombres y no necesitamos estar en guerra cuando necesitamos ser aliados; como madre sé que la familia es la célula principal de una sociedad; como católica sé que cuando Dios está en el centro de nuestra vida y dejamos “cautivarnos por Su alegría”, nuestra existencia se llena de color; como chilena hispanista sé que el legado de nuestra maravillosa cultura merece ser preservada y difundida, y que debemos sentirnos orgullosos por nuestra tradición que no parte en 1810 sino desde antes de la gran Cruzada del Océano".
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