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Si en la primera parte de este artículo distinguíamos entre legitimidad y legalidad y se justificaba la ilegitimidad de la Constitución de 1978 (C-78 en lo sucesivo), queda ahora, en esta segunda parte abordar las más señeras semillas de autodestrucción amparadas/consentidas por propio texto constitucional y el único poder político que existe hoy en España: el ejecutivo
En contra del instinto de supervivencia constitucional (blindando su reforma a unas mayorías cualificadas), la C-78 contiene las semillas de su autodestrucción para “rebasarla” con un “proceso constituyente por aclamación”
Ninguna constitución puede legitimar las fuerzas de su propia autodestrucción (más allá de los mecanismos de su reforma, abrogación, etc) y sin embargo en la C-78 así es (quizás por que dé por descontado la casta política que manda sobre el pueblo español capitidisminuido, y no le falta razón, como lo prueba la nominada “nueva normalidad” dimanante de un estado de alarma contemplado en el art. 116 de la C-78, que de facto va más allá del mismo, entrando en el de excepción para conferir al gobierno unos poderes autocráticos, en la práctica)
Actualmente con la “politización total de toda la existencia humana”, la C-78 es un aliado táctico de los enemigos internos de España (ideologías globalistas disolventes del estado-nación en formato liberal, progre o separatista, o sea, todos los partidos parlamentarios) que sólo anticipan un próximo conflicto civil que la propia C-78 ha contribuido a alimentar y a exacerbar.
Al contener la C-78 las semillas de su autodestrucción (como producto masón proyectando una imagen de modernidad aparente, al dejar entreabiertas, intencionadamente, muchas puertas que conduce a un conflicto civil) asistimos, más que a una reversión del actual estatus quo a una demolición del mismo bien por implosión o por explosión (a mi juicio, más probable).
Las semillas de la autodestrucción pueden ser resumidas en 10 (hay otras) y son:
Se fía el Estado al Estado de Partidos (partidos y sindicatos mayoritarios unidos a los mismos, como una suerte de mediadores de lo terreno con lo divino).
Se debilita la Nación confiriendo carta de naturaleza a las nacionalidades, creándose ad hoc, bajo la táctica del “café para todos”, las comunidades autónomas como sustituto parcial de instituciones propias de la democracia orgánica del régimen previo al actual. Y todo ello, sin un sustrato primario consistente, soterrado por ese vacuo conjunto de artificialismos inventados gracias al control de la educación y los medios de comunicación de masas hipersubvencioado por justamente su bestia negra, España.
Se declara el carácter parlamentario de la Monarquía, sometiéndola al Parlamento, quedando éste a su vez, sometido al Estado de Partidos y en último extremo, al único poder que existe de facto, el ejecutivo.
Identificación de España con la C-78: es un sofisma pues España es antes que la C-78 (y seguirá siendo, espero, después y a pesar del texto constitucional actual).
Identificación de la unidad de España con la C-78: otro sofisma al dar carta de naturaleza a una ficción llamadas “nacionalidades”, dándoles un formato “autonómico” y de facto, federal.
La pretendida constitucionalidad de la C-78 adolece de ilegitimidad, conforme expuse en el apartado anterior, quedando todo en manos del Estado de Partidos. Y así, limita a los sujetos de representación política a estos enemigos internos, verdaderamente, de la Nación. Nada fuera de los partidos. Todo dentro de los partidos. ¿Les suena?. Cuando se aproximan los comicios, la maquinaria partitocrática se pone a trabajar y paquetizan listas cerradas de elegibles. La mafia partitocrática vencedora o bien la coalición de turno (que sirve a intereses particulares y nunca a los generales) mediatizan el ejecutivo. Tras ello, el legislativo queda rehén del ejecutivo. Y a su vez, éste, a través del legislativo, influirán, determinantemente, en el judicial, configurándolo a su antojo en gran medida. Como ven, puro y duro “totalitarismo democrático”que obedece a intereses particulares de oligarquías partitocráticas. Con ello el individuo que no está integrado en esa maquinaría política espoleada por las oligarquías, y que no es cómplice de la mafia partitocrática, está fuera del sistema.
La representación política se funda en una estafa personificada en la propia ley electoral (Ley D’Hont), primando al bipartidismo y a los partidos minoritarios (por ejemplo y sobretodo, separatistas). Y así el separatismo (tras tantas décadas de programación mental subvencionada) siempre obtendrá más representación parlamentaria presentándose en su territorio de influencia que cualquier otro partido que no pertenezca a los mayoritarios, aún presntándose en toda España, y aún cuando hayan obtenido un número de votos muy superior. En consecuencia, la ley electoral actual no refleja nunca la verdadera realidad, y más bien, una realidad sesgada e interesada para la componenda política encaminada a liquidar España.
Las autonomías no representan pluralidad alguna (tal papel era monopolio de las regiones), siendo más bien máquinas de poder con redes clientelares. No se fundan en nada que lo justifique, a diferencia de las regiones con su acervo común inmemorial, es más, merman tal pluralidad, por la constitucionalmente permitida opción de fagocitación de Navarra por Vascongadas con la mayoría simple del denominado parlamento navarro, ratificado por mayoría simple en referéndum (tras la vasquización de la sociedad navarra, empieza a estar madura esta suerte de “fusión por absorción” vasca).
El incumplimiento real y efectivo de nuestras Fuerzas Armadas para con la independencia, la unidad, la soberanía de España y la defensa de nuestras fronteras, quebrada por decisiones políticas interesadas de nuestros enemigos internos, los partidos globalistas que resultan ser lacayos de las instancias internacionales (ONU, OMS, FMI, OTAM, UE, etc). Hoy es un hecho que esos generales jubilados se arrepienten de no haber dado la talla como soldados. Y los que están en activo, absolutamente funcionarizados y cortoplacistas, ninguna iniciativa tomarán motu proprio.
Infracción de derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, a la vida (promoviendo el genocidio abortista y la eutanasia), a la libertad de educación (Ley Celaá) tocada y hundida por la arbitrariedad del único poder que existe: el ejecutivo. Tal es el encumbramiento del Estado de Partidos, que se llega a situaciones como las actuales en las que el ejecutivo es rehén de organizaciones políticas contrarias a la propia C-78 (y que en cualquier otra nación estarían ilegalizadas), y que hoy interactúan en el ejecutivo con una única finalidad: destruir España.
Como resumen, el actual orden constitucional resultante de la ilegitimidad, parió un régimen que sucumbe por el Estado de Partidos encaminados a liquidar España, por acción u omisión), abocándonos a un nuevo “proceso constituyente por aclamación” o a un conflicto civil en el horizonte, que todavía aún, pocos quieren vislumbrar, por éso de que si no se percibe abiertamente (o sea, cuando ya lo tienes delante), no existe.
Sin embargo, a pesar de todo, quizá el milagro vuelva a producirse como bien observó un sabio, don Marcelino Menéndez y Pelayo:
Nunca, en el largo curso de la historia, despertó nación alguna tan gloriosamente después de tan torpe y pesado sueño como España en 1808.
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